En el tercer aniversario de las elecciones del 23-J, una mayoría de 176 diputados (PP, Vox, Junts y UPN) obstaculiza el primer paso imprescindible para presentar las que serían las primeras –y también las últimas– cuentas públicas del mandato de Pedro Sánchez
El Congreso ha chocado frontalmente con el Gobierno al rechazar por segunda y definitiva vez la senda fiscal diseñada como paso previo necesario para la elaboración de los Presupuestos de 2027, que serían los primeros y también los últimos de esta legislatura, dado que el país ha estado tres años con las cuentas prorrogadas de 2023.
De este modo, la Cámara asesta un golpe contundente al Ejecutivo coincidiendo con el tercer aniversario de las elecciones del 23-J, dejando claro que no dispone de una mayoría suficiente para aprobar la que se considera la ley más importante, ya que refleja en cifras su proyecto político para el último año de mandato, que tras este revés tiene alta probabilidad de finalizar prematuramente.
El resultado de la votación ha sido idéntico al del primer intento realizado hace una semana. PP, Vox, Junts y UPN expresaron su rechazo –sumando en total 176 noes–, superando la mayoría absoluta; los cuatro diputados de Podemos y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, se abstuvieron. Por su parte, PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, BNG y CC –166 escaños– votaron a favor.
Con esta segunda votación se cumple lo estipulado en la ley que establece, en caso de rechazo de la senda fiscal, que el Gobierno debe presentarle una nueva propuesta al Congreso. En esta oportunidad, optó por remitir la misma versión. Tras este segundo rechazo, el Ejecutivo explorará otra vía: enviar al Parlamento un proyecto de Presupuestos con márgenes de déficit más restrictivos, ajustados a las estrictas reglas fiscales establecidas por la Comisión Europea, lo cual implicará que las Comunidades Autónomas no contarán con el margen del 0,1% del PIB para gastar –equivalente a 5.840 millones en tres años– incurriendo en déficit. Este margen, destacado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, como favorable para los territorios, es considerado insuficiente por la mayoría de ellos.
Por lo tanto, el Gobierno mantiene su compromiso de presentar finalmente un proyecto de Cuentas del Estado, aun sabiendo que probablemente no serán aprobadas. Junts será una vez más decisivo y desde esta formación ya han anticipado que no respaldarán los Presupuestos. Tampoco contarán con el apoyo de PP, Vox y UPN, conformando una mayoría ampliamente suficiente para rechazarlos.
Si la mayoría de la Cámara rechazara las cuentas del Estado, el bloque de fuerzas parlamentarias que pide a Sánchez la convocatoria de elecciones aumentaría de inmediato. El PNV sería la primera formación en sumarse abiertamente a esta demanda. Sin embargo, Sánchez, que posee la facultad exclusiva de adelantar o no los comicios, podría resistir y prolongar hasta el último momento el ciclo, aunque esté en estado crítico.
En cualquier caso, la decisión de adelantar o no las elecciones tras el rechazo de los Presupuestos dependerá del momento en que el Gobierno decida enviarlos al Congreso. Los grupos parlamentarios apuestan por remitirlos a principios de año, de manera que si el proyecto es votado en contra en su debate de totalidad –aproximadamente un mes después de su presentación–, las elecciones generales podrían celebrarse a comienzos de abril. Según esta hoja de ruta, las urnas nacionales se abrirían antes que las autonómicas y municipales previstas para finales de mayo y se consideraría que el adelanto con respecto a la finalización obligatoria de la legislatura sería técnico.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, intentó nuevamente convencer al bloque opositor con los mismos argumentos que hace una semana, sin éxito. Reiteró que la senda fiscal otorgaría a las CCAA un margen de déficit de 5.840 millones para gastar. Frente a ello, el PP destacó la incoherencia de pretender cambiar el voto cuando la propuesta es idéntica a la ya rechazada. Vox acusó al Gobierno de plantear una propuesta que, en definitiva, implica pedir a los españoles que paguen más impuestos mientras los servicios públicos se deterioran y el Ejecutivo «deja el país en manos de los enemigos de España». Junts, con sus siete votos que nuevamente inclinaron la balanza, insistió en el daño económico histórico que sufre Cataluña y que califican de «estafa». Los neoconvergentes rompieron la relación con el Gobierno en octubre pasado y desde entonces mantienen una postura firme frente a Sánchez.