El mecanismo está destinado a supervivientes que no pueden acceder a la vía judicial, ya sea porque los delitos han prescrito o porque los agresores han fallecido
Las negociaciones entre el Estado y la Iglesia para lograr un acuerdo que repare e indemnice a las víctimas de pederastia en el ámbito eclesiástico atravesaron fases de gran complejidad. De hecho, el acuerdo estuvo al borde del fracaso el pasado sábado, debido a modificaciones recientes planteadas por la Iglesia a pesar de haber firmado el pacto el 8 de enero. Sin embargo, la intervención directa del Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, junto con la firmeza del ministro de Justicia, Félix Bolaños, facilitaron la reanudación del diálogo y la culminación del acuerdo. Así, el protocolo se firmó finalmente el 30 de marzo y entrará en vigor el 15 de abril.
Los obispos frenaron el acuerdo principalmente por dos razones: la exigencia de que la Iglesia asuma en exclusiva el pago de las indemnizaciones y la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda revisar y modificar las compensaciones previamente otorgadas mediante el Plan PRIVA, programa creado por la Iglesia en 2025 cuyo impacto hasta ahora ha sido limitado. Estos dos puntos, no obstante, representaban líneas rojas para el Gobierno, que los consideraba esenciales para asegurar una supervisión externa y un trato equitativo para todas las víctimas, sin importar las indemnizaciones que hubieran recibido anteriormente.
Puntos clave
La nueva vía de reparación para víctimas de pederastia en la Iglesia atiende los casos en los que ya no es posible recurrir a la vía judicial, bien porque los hechos han prescrito o porque los agresores han fallecido.
El proceso inicia con la presentación de la solicitud por parte de la víctima ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que a su vez la remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Tras analizar el caso y escuchar a las partes implicadas, esta unidad elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación —que podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica— en un plazo máximo de tres meses.
Dicha propuesta será enviada a la comisión asesora de la Iglesia establecida en el Plan PRIVA, la cual dispondrá de dos meses para evaluarla. Si tanto la Iglesia como la víctima aceptan la propuesta, esta será considerada definitiva y se ejecutará mediante la Comisión Asesora PRIVA. En caso de desacuerdo, el expediente será revisado por la Comisión Mixta, integrada por todas las instituciones firmantes y asociaciones de víctimas y, si persiste la falta de consenso, prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo.
La Iglesia católica deberá acatar las medidas reparadoras acordadas. Si la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no cumple, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos asumirán la garantía de cumplimiento.
Cabe destacar que las víctimas que hayan recurrido previamente al Plan PRIVA para solicitar su reparación también podrán ahora acceder al nuevo mecanismo mixto. No obstante, el ministro Félix Bolaños aclaró que en los casos en que ya se haya recibido una indemnización, esta circunstancia será considerada al evaluar posibles nuevas compensaciones.