Las claves
Dirigentes del PSOE gallego y del BNG han realizado viajes a Argentina, Uruguay y Cuba con el propósito de captar el voto exterior mediante la ley de nietos y fortalecer sus vínculos con la diáspora gallega.
El voto exterior (CERA) resulta fundamental en Galicia, con más de 510.000 gallegos inscritos, lo que equivale a casi el 19% del total nacional y supera a regiones con poblaciones mayores.
La ley de nietos ha ampliado en un 16,1% el registro exterior, facilitando que miles de nuevos ciudadanos residentes en el extranjero puedan votar asignados a municipios gallegos.
La oposición critica esta situación como una «ingeniería electoral» y pone en duda el control sobre la adscripción de estos electores, mientras que la Junta Electoral Central demanda mayor trazabilidad y transparencia en el procedimiento.
La izquierda gallega ha acelerado la implementación de la ley de nietos al otro lado del Atlántico en una ofensiva electoral simultánea que abarca desde las costas del Caribe hasta el Río de la Plata.
Por un lado, el líder del PSOE gallego, José Ramón Besteiro, ha recorrido Argentina y Uruguay, destacando la Ley de Memoria Democrática y estableciendo «alianzas progresistas» con la izquierda argentina representada por Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y rival de Javier Milei.
Por otro lado, la eurodiputada del BNG Ana Miranda viajó a La Habana dentro de la misión humanitaria ‘Rumbo a Cuba‘, con el fin de reclamar una mayor atención a la diáspora gallega residente en la isla.
Ninguno de estos desplazamientos son meras coincidencias. Galicia es la comunidad autónoma con el mayor número de electores residiendo en el extranjero, y la relevancia del voto exterior o voto CERA ha adquirido un papel crucial en el panorama electoral gallego.
De acuerdo con los datos oficiales al 1 de junio de 2026, la autonomía contaba con 510.699 inscritos en el CERA, lo que representa cerca del 19% del total nacional.
La diáspora electoral gallega supera a la de otras regiones con un mayor peso demográfico, como Madrid (486.223), Cataluña (335.937) o Andalucía (306.737).
Al observar los datos provinciales en Galicia, la presencia del voto exterior es contundente. La Coruña encabeza el censo con 176.461 electores, seguida por Pontevedra con 148.163, Orense con 109.961 y Lugo con 76.114.
Este vasto grupo de posibles votantes no ha parado de crecer gracias a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ley de nietos.
Desde los pasados comicios generales, el censo exterior ha sufrido una expansión considerable, aumentando de 2,33 a más de 2,71 millones de inscritos en junio de 2026; es decir, un alza de un 16,1% que sumó más de 375.000 nuevos electores al sistema.
Además, los nuevos españoles nacionalizados en el extranjero que nunca han residido en España son asignados electoralmente al municipio con el que sus ascendientes mantienen mayor vínculo.
En consecuencia, decenas de miles de votos provenientes, por ejemplo, de América Latina pueden ser contabilizados directamente en cualquiera de las cuatro provincias gallegas en las elecciones generales y autonómicas.
En segundo término, la controversia sobre las garantías del censo ha generado una gran tensión política y despertado sospechas de «ingeniería electoral» por parte de la oposición y sindicatos como el CSIF.
Dado que no existen criterios del todo homogéneos para demostrar el arraigo, la Junta Electoral Central (JEC) ha intervenido solicitando un mayor control, trazabilidad y la implementación de una instrucción uniforme que asegure la transparencia del procedimiento.
El tour exterior
Todo esto explica por qué la izquierda gallega despliega esfuerzos en el exterior para atraer a sus electores potenciales. José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) ha viajado a Argentina y tiene previsto ir a Uruguay, centrando su discurso en la «reparación histórica«.
Acompañado por César Mogo, responsable de Exterior del PSOE, su objetivo principal es afianzar el papel de Pedro Sánchez como impulsor de esta ampliación de derechos.
Besteiro remarca que la ley de nietos no contó con el respaldo del PP ni, en algunos casos, del BNG, que se abstuvo.
Mediante encuentros clave con militantes socialistas en Buenos Aires y con colectivos de descendientes en el histórico Centro Betanzos –asociación fundada en 1905 por emigrantes gallegos–, el PSdeG busca capitalizar el apoyo de miles de nuevos ciudadanos que ven en la nacionalidad un vínculo recuperado con sus orígenes.
Por su parte, el BNG liderado por Ana Miranda ha desplegado en Cuba una estrategia centrada en la supervisión institucional y en la acción social.
En la isla caribeña, la eurodiputada participó en la entrega de ayuda humanitaria frente a los apagones y la escasez que afecta a la región; además, aprovechó para criticar el bloqueo estadounidense y realizar un llamamiento a la Xunta para incrementar su implicación con la emigración.
Demandando que Alfonso Rueda establezca una delegación exterior en Cuba para atender a ancianos y niños, el BNG pretende disputar el protagonismo al bipartidismo en el exterior y erigirse como defensor de parte de la diáspora.
Esta estrategia tiene sentido, dado que medios latinoamericanos como Clarín han advertido durante meses que Buenos Aires podría llegar a ser la tercera ciudad con mayor población española, solo detrás de Madrid y Barcelona.
Argentina es, precisamente, el país con más españoles inscritos en el CERA, con 511.210; Cuba ocupa el quinto puesto, con 168.853, solo superada por Francia (263.244), Estados Unidos (208.800) y México (188.348).
La batalla por la legitimidad
El punto central del debate político se sitúa en el proceso de inscripción en el CERA.
Conforme a la normativa, quienes nunca han residido en la península deben ser asignados al municipio con mayor arraigo familiar.
No obstante, la legislación vigente permite que, en ausencia de criterios claros, los consulados determinen de oficio el municipio asignado para la inscripción electoral, basándose en la información disponible.
Esta laguna ha motivado las denuncias de «ingeniería electoral» por parte de la oposición y del sindicato consular CSIF.
La carencia de un control riguroso sobre estas adscripciones consulares llevó a la intervención de la Junta Electoral Central (JEC).
El órgano que supervisa el proceso exige ahora un informe detallado de trazabilidad y ha ordenado la creación de una instrucción homogénea para todos los consulados.
El propósito es asegurar la acreditación documental del arraigo real y que cualquier decisión consular de inscripción de oficio esté «adecuadamente motivada» en el expediente.
Este mismo martes, el PP presentó ante la Secretaría de Estado de Justicia un recurso formal solicitando la apertura de un procedimiento de revisión de oficio y la evaluación de la «nulidad de pleno derecho» de la «revisión alterada» de la ley de nietos promovida por Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, «en contra de lo aprobado por el Congreso».
Se denomina así, versión alterada, porque el texto final votado en las Cortes establecía que se consideraban exiliados quienes habían salido del país por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
Sin embargo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encabezada por Sofía Puente, emitió una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma.
En ella se estipulaba que «se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Esto amplió el rango de beneficiarios, sin que fuera necesario demostrar motivos de persecución ideológica.
El PP confía en que Justicia «no tendrá más opción» que aceptar su petición y remitir una consulta al Consejo de Estado sobre la validez de dicha norma.
Según el PP, el dictamen del órgano consultivo podría alinearse con el de la JEC, declarando la norma contraria a derecho y obligando al Gobierno a anular la instrucción.