Las claves
Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, ha sido objeto de denuncia por parte de más de 70 organizaciones feministas ante la ONU debido a un informe que respalda el «trabajo sexual».
El informe difundido por Aído reconoce la autonomía de decisión de las trabajadoras sexuales y apoya la despenalización del trabajo sexual voluntario, contrastando con la postura abolicionista que sostiene el PSOE.
El documento interno elaborado por Aído cuestiona la perspectiva de Reem Alsalem, relatora de la ONU sobre violencia contra las mujeres, quien mantiene posturas abolicionistas respecto a la prostitución, la pornografía y la gestación subrogada.
Las organizaciones feministas acusan a Aído de intentar desacreditar a Alsalem y de normalizar la prostitución bajo la categoría de «trabajo sexual», lo que ha generado una fuerte división dentro del feminismo y la propia ONU.
«No se trata de la profesión más antigua del mundo, sino de la forma de violencia más antigua del mundo». Así se expresaba Bibiana Aído, la primera ministra de Igualdad de España en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, frase que el PSOE ha empleado en diversas ocasiones para evidenciar su rechazo a la prostitución.
Estas afirmaciones chocan frontalmente con la denuncia contra Aído, quien actualmente dirige la oficina regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, presentada por más de 70 organizaciones feministas de América Latina y Europa ante el secretario general de la ONU, António Guterres.
Según el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, las firmantes acusan a la exministra socialista de haber difundido un informe interno «difamatorio» contra Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres y niñas y crítica con las políticas trans.
El informe confidencial de Aído, distribuido el pasado 10 de junio a todas las direcciones regionales para desacreditar el trabajo de Alsalem y al que también accedió este diario, adopta el concepto de «trabajo sexual».
Además, reconoce la capacidad de decisión que tienen las trabajadoras sexuales y defiende reivindicaciones legítimas como la despenalización del trabajo sexual voluntario entre adultos, el reconocimiento de derechos laborales y la implementación de políticas de reducción de daños.
La postura actual de Aído se sitúa en las antípodas de la doctrina oficial del PSOE, que se define como un partido abolicionista y considera que la prostitución es una forma de explotación y violencia hacia las mujeres.
La carta, fechada el 21 de julio y también dirigida a la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Comité de la CEDAW y el Consejo de Derechos Humanos, denuncia una verdadera lucha interna en Naciones Unidas entre dos visiones contrapuestas del feminismo.
Por un lado se encuentra Alsalem, quien defiende una interpretación de los derechos basada en el sexo biológico y ha adoptado posiciones abolicionistas sobre prostitución, pornografía y gestación subrogada.
Alsalem es una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuya función consiste en investigar violaciones, recopilar información proporcionada por gobiernos y organizaciones, realizar visitas a países y elaborar informes y recomendaciones.
Aunque forma parte del sistema de Naciones Unidas, no representa oficialmente a la organización ni depende jerárquicamente de ONU Mujeres. Esta independencia explica que mantenga posturas abiertas y enfrentadas con las de la oficina regional dirigida por Bibiana Aído.
En contraste, el informe impulsado por Aído, que cuestiona el trabajo de la relatora, presenta sus posiciones como excluyentes para las mujeres trans y las personas de género diverso, y advierte sobre la coincidencia de sus discursos con grupos conservadores y movimientos «antigénero».
Las organizaciones firmantes sostienen que Aído difundió el documento bajo la recomendación de responsables de ONU Mujeres, contribuyendo así a «normalizar e institucionalizar la persecución injustificada» de una experta independiente de Naciones Unidas.
También le critican por haber apoyado asociaciones que intentaron obstaculizar las visitas académicas realizadas por Alsalem en febrero y marzo de 2026 a México, Colombia y Brasil.
«Trabajadoras sexuales»
El conflicto más evidente surge en el análisis que el informe realiza sobre una resolución emitida el 6 de mayo por la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia.
El tribunal estudiaba un caso de explotación sexual de cuatro menores y utilizó un informe de Alsalem para afirmar que «la prostitución no puede considerarse una actividad neutral o voluntaria en términos abstractos».
El informe distribuido por Aído cuestiona esta decisión porque, a su parecer, mezcla categorías jurídicas distintas, como prostitución, explotación de la prostitución, explotación sexual infantil y trata de personas.
Además, va más allá, ya que advierte que relacionar la prostitución con una forma de «coerción estructural» podría «anular la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales y debilitar sus demandas legítimas en materia de derechos humanos, tales como el reconocimiento laboral, la despenalización del trabajo sexual voluntario entre adultos y la implementación de políticas de reducción de daños».
Precisamente esta formulación ha generado la reacción de las organizaciones feministas. En su carta a Guterres denuncian que el documento asume una agenda que «normaliza la prostitución como ‘trabajo sexual'» y confunde las posturas abolicionistas con planteamientos prohibicionistas.
Las firmantes clarifican que el abolicionismo no busca perseguir ni criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución, sino sancionar la demanda, castigar el lucro de terceros, desmontar los mercados de explotación y ofrecer alternativas y reparaciones a las víctimas.
Lo contrario de lo que defendía
Esta postura contradice la posición que Bibiana Aído expresó durante su labor como ministra de Igualdad, cuando afirmó que la prostitución «denigra hasta el último extremo a la mujer» y rechazó que pudiera ser regulada como una ocupación.
Por entonces, Aído señaló que la mayor parte de las mujeres en situación de prostitución no actuaban de forma voluntaria. «Son explotadas, esclavas, víctimas», afirmó en esa época.
El cambio resulta especialmente notable dado que el PSOE mantiene en sus documentos oficiales el marco conceptual que Aído defendió en aquel momento.
La resolución política adoptada en su 41º Congreso reafirma la condición del partido como abolicionista de la prostitución, rechaza el argumento de libre elección y se compromete a combatir el proxenetismo y la demanda masculina.
El partido considera que no se puede hablar de libertad en un sistema marcado por desigualdades económicas y de género.
De esta manera, los socialistas también rechazan la gestación subrogada, que ubican dentro de las formas de explotación reproductiva hacia las mujeres.
En su escrito, los colectivos feministas acusan a Aído de presentar las críticas a esta práctica como posturas «prohibicionistas» y de adoptar el discurso de quienes la vinculan a los derechos reproductivos o a las denominadas «familias diversas».
El informe interno no afirma explícitamente la existencia de un derecho a la gestación subrogada, pero sí cuestiona la posible influencia de Alsalem en procedimientos judiciales abiertos en Colombia y critica a juristas que defienden su abolición.
La ofensiva contra Alsalem
¿Pero cuál es el origen del conflicto? Se desencadenó tras las visitas realizadas por la relatora a México, Colombia y Brasil.
Dado que estas visitas no formaron parte de una misión oficial, ONU Mujeres las calificó como no oficiales y alertó sobre el posible uso de las mismas por parte de movimientos conservadores para incidir en debates políticos, judiciales y electorales.
Las feministas firmantes rechazan esa interpretación. Sostienen que Alsalem fue invitada por parlamentos, universidades y organizaciones de mujeres, informó a las autoridades sobre sus desplazamientos, y mantuvo encuentros con parlamentarias, ministras, magistradas, académicas, familiares de víctimas y asociaciones feministas.
También niegan que su agenda pueda reducirse a una alianza con la derecha religiosa.
Las firmantes solicitan ahora a Guterres que condene de forma explícita esta actuación, active los mecanismos internos de control en Naciones Unidas e investigue si se vulneraron los deberes de imparcialidad, veracidad e integridad exigibles a los funcionarios internacionales.