Las claves
La Junta de Andalucía ha iniciado procedimientos judiciales contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al estimar que invade sus competencias.
El Ejecutivo andaluz denuncia que dicho plan restringe la autonomía financiera y la capacidad de gestión de Andalucía en materia de vivienda.
La distribución de la inversión obliga a Andalucía a destinar 400 millones más que en el plan previo, mientras que la aportación estatal crece en menor proporción.
La Junta reclama la derogación de varios artículos del plan, argumentando que regulaciones similares fueron previamente anuladas por el Tribunal Constitucional.
El modelo de vivienda previsto hasta 2030 ha generado un enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, al punto de que el Ejecutivo andaluz ha dado un primer paso para judicializar el Plan Estatal promovido desde Moncloa.
Este martes por la tarde, el Consejo de Gobierno de la Junta se reunió con carácter urgente, coincidiendo con el último día para impugnar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, anunciando un requerimiento al Consejo de Ministros previo al conflicto competencial, es decir, la vía judicial que podría llegar al Tribunal Constitucional.
La Junta argumenta que el Plan «vulnera el principio de autonomía financiera y limita la capacidad de Andalucía en la gestión de políticas relacionadas con la vivienda».
El Real Decreto 326/2026, del 22 de abril, restringe considerablemente el margen de actuación autonómica, según el Ejecutivo andaluz. Se establecen descripciones «exhaustivas» de las acciones y un reparto «estricto» de cuotas.
Según la Junta, el nivel de detalle empleado implica una invasión de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma para desarrollar las ayudas atendiendo a las necesidades territoriales.
Además, el sistema de distribución de la inversión tampoco ha sido bien recibido por la Junta, destacando que se estableció «sin negociación previa ni justificación». Para Andalucía, esto significa que la comunidad deberá aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución estatal aumentaría menos de tres veces.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, se manifestó con firmeza: «Andalucía defenderá su autonomía. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado las reglas sin negociar previamente ni otorgar margen de maniobra».
Para Díaz, «la vivienda requiere más soluciones y menos imposición, que es lo que el Gobierno de España impone mediante un régimen regulatorio minucioso que limita a la administración regional».
Un régimen de protección ya anulado
La Junta sostiene que el Estado se ha excedido en sus competencias, motivo por el que han decidido presentar un requerimiento al Consejo de Ministros como paso preliminar al conflicto judicial.
De manera concreta, el acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno, con el dictamen de los servicios jurídicos, solicita la derogación o modificación de los artículos 4.2 g), 153, 6.5 y la disposición adicional Octava, junto a los artículos relacionados (15, 23, 24, 34, 50, 51, 61M, 146 y 147) del citado Plan Estatal de Vivienda. Esto se fundamenta en la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional.
La Junta recuerda que el régimen de protección contenido en el Plan Estatal de Vivienda fue previamente anulado por el Tribunal Constitucional tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por la propia Junta de Andalucía.