El Alto Tribunal considera «decisiva» y «significativa» la cooperación del empresario con la Justicia
Aldama evita la prisión: "Me siento satisfecho y confío en que quienes sigan colaboren"
«El Estado de derecho debe recompensar, mediante los mecanismos previstos en la legislación, aquellas conductas relevantes que contribuyen a la detección y comprobación de delitos graves contra el sistema democrático, como los que se juzgan en este proceso. Las actitudes colaborativas en el proceso judicial merecen ser valoradas para lograr erradicar estas prácticas corruptas. La extensión de esta recompensa dependerá del nivel de colaboración, que en este caso ha sido total, por lo que la compensación jurídica será proporcional a dicha colaboración», afirmó el Tribunal Supremo en la sentencia histórica que eximió al comisionista Víctor de Aldama de ingresar en prisión.
La Sala de lo Penal destaca en la resolución que, aunque Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión, «optó por cooperar en la investigación, aportando datos fácticos esenciales que facilitaron su análisis y confirmación durante la instrucción judicial».
«En este asunto, no cabe duda sobre la relevancia de la colaboración ofrecida, desde la perspectiva de perseguir graves actos de corrupción perpetrados dentro de una organización criminal en la que, como se ha señalado, participaba un ministro del Gobierno y que logró expandir su influencia a otras entidades y organismos públicos», concluyen los magistrados.
La sentencia reconoce la atenuante de colaboración en grado muy cualificado y decide reducir la condena en dos grados por el delito de organización criminal y por el delito continuado de cohecho destinado a fortalecer la organización, y en un grado para los demás delitos de cohecho por los cuales ha sido condenado.
La Sala, por unanimidad, subraya que «los delitos de corrupción vinculados a criminalidad organizada solo pueden investigarse y sancionarse eficazmente mediante dos instrumentos: un control interno independiente y robusto en sus capacidades —similar a un plan de cumplimiento normativo como el previsto por el legislador para las personas jurídicas— o un delator interno capaz de asumir su responsabilidad y señalar a otros involucrados. En este caso, el primer mecanismo era completamente ineficaz, dado que el propio ministro estaba implicado. Solo la declaración incriminatoria de un coautor ha permitido la investigación y, finalmente, la condena».
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