El recorrido histórico del fiscal de la Audiencia Nacional, desde 1980 hasta 2010, abarcó algunas de las causas más significativas de la democracia, tales como el caso Lasa y Zabala, el secuestro de Ortega Lara y el escándalo de Rumasa.
En un artículo publicado el 3 de febrero de 2010 en este medio, el magistrado Javier Gómez de Liaño expresó: «Los romanos decían age quod agis. Esta locución latina puede traducirse al español como ‘haz bien lo que hagas’ o, más simplemente, ‘cumple con tu deber’. El fiscal Gordillo siempre rechazó la injusticia. Mi amigo y ya colega Ignacio Gordillo, aplicándose el age quod agis, actuará como abogado conforme a su obligación, sin permitir ningún titubeo». Esta declaración de principios resume la firmeza jurídica, la honestidad moral y la integridad profesional del fiscal Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, fallecido ayer en Madrid a los 75 años, según informó el Colegio de la Abogacía de Madrid, organismo en cuya Junta de Gobierno desempeñó funciones entre 2013 y 2018.
Considerado uno de los referentes más destacados del Derecho Penal en España, llegó a la Audiencia Nacional como fiscal en 1980 tras ejercer en las Audiencias Provinciales de Girona y Valladolid. Gordillo participó en algunas de las causas más importantes de la democracia española. Su padre fue magistrado del Tribunal Supremo. Deja dos hijas también fiscales tras una extensa carrera caracterizada por ser «un caballero, estudioso, trabajador y excelente colega. Tenía la toga como una segunda piel», relata a EL MUNDO Gómez de Liaño, con quien colaboró en, entre otras investigaciones, la del secuestro cometido por ETA contra José Antonio Ortega Lara.
En la lucha contra el terrorismo de Estado de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Gordillo asumió la fiscalía del caso Lasa y Zabala, que investigaba el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, quienes fueron enterrados en cal viva en 1983 y cuyos restos fueron identificados en 1995. Este fue uno de los episodios más graves de la guerra sucia contra ETA. El propio fiscal admitió en declaraciones a la televisión pública vasca EiTB: «las presiones siempre existieron aquí; me despidieron en varias ocasiones en los temas relacionados con los GAL».
Al ser cuestionado sobre el origen de esas presiones al poder judicial, señaló que «el Ejecutivo [entonces bajo la presidencia de Felipe González] era el principal interesado en que la investigación no avanzara». En un artículo publicado en este periódico, medio con el que colaboró frecuentemente, calificó de inaceptables las instrucciones que recibió del fiscal general del Estado «al solicitar la libertad de los presos preventivos en la causa de los GAL, las cuales no respetaron la independencia del fiscal». La historia no es idéntica, pero guarda cierta similitud.
«La primera vez que escuché las siglas GAL -reveló en una tribuna en este diario- sentí un profundo desconcierto. No podía aceptar ni comprender que la Policía española actuara en el sur de Francia cometiendo delitos y que desde las altas autoridades se amparara esa actuación bajo un concepto erróneo de lucha contra el terrorismo». Gordillo procesó a los policías José Amedo y Michel Domínguez e investigó al general Enrique Rodríguez Galindo. «Las órdenes partían directamente de la dirección del Ministerio del Interior. Fue, sin rodeos, terrorismo de Estado», afirmó.
Antes de ser apartado de los sumarios de los GAL, el entonces fiscal general del Estado Javier Moscoso [designado por Felipe González tras su etapa como ministro de la Presidencia] le conminó por escrito, en septiembre de 1988, a no oponerse a la solicitud de libertad para Amedo y Domínguez, petición que él había presentado basándose en unas cartas falsas de mercenarios portugueses que exculpaban al subcomisario y a su compañero. Y en 1993, sin consultar al fiscal general Eligio Hernández [nombrado para ese cargo por González tras haber sido diputado socialista en Canarias], Gordillo denunció a Amedo y Domínguez por el secuestro de Segundo Marey. Gracias a su intervención como fiscal en la Audiencia Nacional, el delito no prescribió, lo que permitió que el caso GAL llegara al Tribunal Supremo. «Los terroristas no pueden ser combatidos con terrorismo», afirmó a Agustín Yanel el 3 de abril de 1995.
Después de más de 16 años en la Audiencia Nacional, según relataron los entonces periodistas de investigación Antonio Rubio y Manuel Cerdán, el fiscal Gordillo se había convertido en testigo incómodo para ciertos sectores del poder político y judicial. No solo por su papel protagonista en el caso GAL, sino también por participar en las principales causas que tramitaron en la Audiencia Nacional durante los años 80 y 90: comandos Madrid y Barcelona de ETA, GAL (casos Amedo y Domínguez, Marey, Lasa y Zabala…), Rumasa, el secuestro de Aldaya y Ortega Lara, Argentia Trust, Macosa… Su carrera profesional, basada en la independencia, lo convirtió en una figura incómoda para la sucesión de fiscales jefes que dirigieron la Fiscalía General y la Audiencia Nacional tanto en el tardofelipismo como en la etapa inicial de José María Aznar.
«Los fiscales -solía afirmar Gordillo- no podrían acudir a juicios contra bandas terroristas si al mismo tiempo se permite ocultar otros actos terroristas, como los de los GAL». Esa misma ética le permitió enfrentar a ETA. Tras el asesinato de su compañera Carmen Tagle el 12 de septiembre de 1989, el endurecimiento de las medidas de seguridad en el ámbito judicial le obligó a asumir, como él mismo reconoció, un costo familiar elevado: «No podías tener teléfono a tu nombre, ni siquiera estar empadronado. Tampoco podíamos mantener cuentas bancarias a nuestro nombre. Siempre había que ocultar a dónde ibas, dónde vivías e incluso quién eras. Después de ese terrible asesinato, todos tratábamos de ser personas anónimas».
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue docente en Derecho Penal en la UNED y en el CEU, además de impartir Derecho Procesal en la Complutense. Su tesis doctoral, dedicada a la blasfemia y la libertad religiosa, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. También impartió clases en el Máster de Periodismo de EL MUNDO.
Quienes colaboraron con él o mantuvieron un vínculo estrecho señalan su exquisito rigor profesional tanto en la Fiscalía como en la abogacía: inicialmente se incorporó a Martínez-Echevarría Abogados como responsable del área penal y luego abrió su propio despacho. Además, destacan su valentía cívica, que le llevó a no eludir ningún caso. Consideró que «la prisión permanente revisable habría evitado asesinatos de ETA» y, durante el juicio en el Supremo por el procés, afirmó que «los españoles debemos agradecer a todos los fiscales su labor en defensa del Estado de derecho, la Constitución y el ordenamiento jurídico».
En relación con la Fiscalía, defendió esta institución como «totalmente ajena a intereses políticos». En una entrevista publicada en Diario 16 en 1998, afirmó: «Los políticos deben respetar y acatar las decisiones judiciales. De igual forma, los jueces no deben introducir cuestiones políticas en sus fallos. Es fundamental que cada uno actúe con total independencia y responsabilidad». Estas palabras no solo son una advertencia para el presente, sino también el legado de un fiscal indomable.