España presenta una tasa de reemplazo superior a la de Francia y ofrece pensiones mínimas más elevadas, lo que implica una mejor protección del nivel de vida al retirarse, especialmente para ingresos medios y bajos
Los sistemas de pensiones de España y Francia enfrentan actualmente retos muy parecidos. El envejecimiento demográfico, la reducción de la natalidad y la presión sobre las finanzas públicas obligan a que ambos modelos se ajusten, aunque parten de enfoques distintos.
España continúa con un sistema de reparto puro que protege firmemente a las rentas bajas, mientras que Francia combina un esquema básico de reparto con un sistema complementario de puntos que aporta mayor flexibilidad. A pesar de las diferencias, comparten aspectos como el aumento de la edad de jubilación, la ampliación de las carreras de cotización y la revisión del cálculo de las pensiones, según especialistas de BBVA.
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La edad de jubilación
Uno de los aspectos más destacados al comparar ambos sistemas es la edad legal para acceder a la jubilación. En España, la edad ordinaria este año es de 66 años y 10 meses, aunque quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados pueden retirarse a los 65. El calendario ya está establecido: en 2027 la edad ordinaria llegará a los 67 años para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses.
En Francia, la edad legal es inicialmente más baja, pero está en proceso de aumento. Actualmente oscila entre los 62 y 64 años, dependiendo del año de nacimiento, tras la reforma de 2023, que eleva paulatinamente este límite hasta 2030. Sin embargo, la edad para obtener una pensión completa sin penalización es de 67 años.
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Cotización mínima y años necesarios para cobrar el 100%
Las condiciones para acceder a la pensión también presentan diferencias notables. En España se requieren al menos 15 años cotizados para tener derecho a la pensión contributiva, de los cuales al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se necesitarán 36 años y 6 meses en 2026, cifra que aumentará a 37 años en 2027.
Francia ofrece mayor flexibilidad en el acceso inicial: basta con cotizar un trimestre para generar derechos en el régimen básico. No obstante, para obtener la pensión completa se exige cotizar 43 años (172 trimestres) desde 2027 para las generaciones más jóvenes.
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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), detalla cómo la pensión que reciben los jubilados en España es un 60% superior a lo que han aportado a la Seguridad Social.
Cómo se calcula la pensión en cada país
El método de cálculo también presenta diferencias. En España, la base reguladora se determina a partir del promedio de las bases de cotización de los últimos 25 años, dividido entre 350. La reforma reciente permite escoger gradualmente los 29 mejores años, eliminando los dos peores, aunque esta medida se implementará de forma progresiva hasta 2040.
En Francia, el sistema se basa en el promedio de los 25 mejores años salariales, ajustados por inflación, complementado con un sistema de puntos (AGIRC-ARRCO), mediante el cual los trabajadores acumulan puntos anualmente según sus cotizaciones; al jubilarse, estos puntos se multiplican por un valor determinado cada año.
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Bases máximas y cotización: sistemas con límites distintos
Respecto a la cotización, España establece para 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales), que se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) más 1,2 puntos porcentuales. Los salarios que excedan este límite cotizan solo hasta dicho techo.
Sobre los tipos de cotización, alcanzan el 28,3% del salario bruto. La empresa aporta el 23,6% y el trabajador, el 4,7%. Esta cotización incluye jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Además, está el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2024 es del 0,9 % y aumentará progresivamente hasta llegar al 1,2% en 2029.
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En Francia, el techo mensual para el régimen básico es menor, situado en 4.005 euros -plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) para 2026-, equivalente a 48.060 euros anuales. Por encima de este límite no se cotiza al régimen básico, pero sí al régimen complementario de puntos, cuyo techo es considerablemente más alto (alrededor de 8-9 veces el plafond, es decir, 32.040 euros mensuales).
En cuanto a las cotizaciones, el régimen básico representa el 17,75% del salario bruto, con un aporte empresarial del 8,55% y del trabajador del 6,90%. A esto se suman las contribuciones complementarias AGIRC-ARRCO (por puntos) que suman el 7,87% —con el empleador aportando el 4,72% y el trabajador el 3,15%— para el Tramo 1 (hasta 4.005 euros), y el 21,59% (12,95% empresa y 8,64% trabajador) para el Tramo 2 (entre 4.005 y 32.040 euros). En total, el porcentaje oscila entre el 25% y el 28%, según el tramo salarial.
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Santiago Carbó, catedrático de Economía en CUNEF Universidad, señala que los salarios de los jóvenes son inferiores a las pensiones actuales, por lo que considera necesaria la implementación de medidas para disminuir esta desigualdad.
Lagunas de cotización: España ofrece mayor protección para periodos sin empleo
Un aspecto diferencial relevante es cómo se gestionan los periodos sin cotización. En España, se integran estas lagunas con la base mínima vigente en el momento, lo que reduce el impacto negativo del desempleo en la pensión final.
Los primeros cuatro años (48 mensualidades) se contabilizan al 100% de la base mínima. A partir del quinto año, se consideran al 50%. Para mujeres trabajadoras por cuenta ajena, las lagunas a partir del quinto año se integran al 100% de la base mínima, el sexto y séptimo año se incluyen al 80%.
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En contraste, Francia reconoce ciertos periodos sin actividad como “trimestres asimilados” (desempleo, maternidad o enfermedad), aunque no dispone de un mecanismo automático para completar con base mínima como el español.
Autónomos: dos esquemas marcadamente distintos
Las diferencias son aún mayores en el caso de los trabajadores autónomos. En España, el sistema de cotización cuenta con 15 tramos basados en rendimientos netos para elegir la base de cotización. El tipo total es del 31,5%, incluyendo el 0,9% del MEI. Para 2026, la base mínima será de 653,59 euros y la máxima de 5.101,20 euros.
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En Francia, los autónomos cotizan generalmente según sus beneficios netos. En el régimen global —que incluye vejez básica, complementaria y otras coberturas— la cotización ronda el 45% de los rendimientos netos. Además de jubilación, cubre asistencia sanitaria, prestaciones familiares, maternidad y formación profesional. La parte destinada a jubilación es aproximadamente del 17-18%.
El Régimen Micro-Empresario y Auto-emprendedor cotiza como porcentaje sobre la facturación bruta, entre el 12% y 24% según la actividad. Por su parte, el Régimen trabajador no asalariado (TNS) cotiza entre el 35% y 45% sobre el beneficio neto. Los niveles bajos de beneficio cuentan con cotizaciones mínimas y exenciones parciales, con la opción de aportes complementarios para mejorar la jubilación.
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica qué medidas podrían implementarse para reducir el gasto en pensiones y asegurar la sostenibilidad del sistema público.
Jubilación anticipada y tardía: mayor flexibilidad en Francia
España permite la jubilación anticipada hasta dos años antes de la edad ordinaria de manera voluntaria, o hasta cuatro años en casos involuntarios, siempre con penalizaciones. Se exige un mínimo de 35 años cotizados. Además, existen modalidades para discapacidad o trabajos penosos, tóxicos o peligrosos.
Por su parte, Francia concede mayor flexibilidad para carreras largas: quienes iniciaron su vida laboral muy jóvenes pueden jubilarse desde los 58 o 60 años. También hay mecanismos de reducción o bonificación según años cotizados y edad de inicio.
Ambos países incentivan extender la vida laboral. España a través de incentivos económicos progresivos, mientras que Francia aplica una «surcote» del 1,25% por trimestre adicional trabajado.
Pensiones mínimas y máximas: España ofrece mayor protección al mínimo
En términos de protección social, España dispone de pensiones mínimas más altas, que en 2026 alcanzan 1.256 euros mensuales con cónyuge a cargo. Francia complementa con ayudas como la ASPA, que garantiza cerca de 1.000 euros para personas sin recursos.
En el nivel superior, España establece un límite máximo de 3.359 euros al mes, mientras que Francia carece de un techo global equivalente, permitiendo pensiones más elevadas en ciertos casos gracias al sistema complementario.
Tasa de sustitución: España encabeza en Europa
En cuanto a suficiencia, España ofrece una tasa de reemplazo más alta que Francia y pensiones mínimas más generosas, resultando en una mejor protección del nivel de vida al jubilarse, especialmente para ingresos medios y bajos. Francia, al contar con un sistema mixto con pilar complementario de puntos, depende más de la evolución del valor del punto y de la trayectoria individual.
Así, la tasa de sustitución, que indica la proporción entre la primera pensión y el último salario, oscila en España entre el 80% y el 85% para carreras completas, ubicándose entre las cifras más elevadas de la OCDE.
En Francia, la tasa de sustitución es más baja, entre el 60% y el 74%, debido a su mayor dependencia del sistema complementario y al método de cálculo basado en puntos.
Sostenibilidad de los modelos
En términos de sostenibilidad —es decir, la capacidad de las cotizaciones para cubrir el pago de pensiones y el déficit acumulado que esto genera— Francia cuenta con un sistema más diversificado en tres pilares, que le proporciona mayor flexibilidad ante desafíos demográficos.
España, con un sistema de reparto puro más amplio, enfrenta, según expertos de BBVA, “riesgos más elevados de sostenibilidad a medio y largo plazo” si no se aumentan las cotizaciones, ajustan las pensiones, se retrasa la edad real de jubilación o se desarrollan pilares complementarios de previsión social, como los planes de pensiones de empleo o el ahorro voluntario individual para complementar la pensión pública.