Los ‘populares’ sostienen que el Gobierno «esconde actas y grabaciones» de las comisiones preparatorias y califican la política migratoria como «opaca e irresponsable».
La ausencia del PP y Vox ha impedido la celebración esta mañana de la Conferencia Sectorial de Migración, cuyo propósito principal era analizar el polémico proceso de regularización de migrantes que superó todas las previsiones al recibir más de un millón y medio de solicitudes. El Ejecutivo había convocado a las autonomías para presentar el trámite y abrir un diálogo, pero ambos partidos optaron por no validar dicho proceso. El objetivo principal era evaluar la situación y coordinar acciones en materia migratoria, aunque la falta de quórum imposibilitó avanzar.
Los ‘populares’ justificaron su postura acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de «falta de lealtad institucional», y desde su formación definieron la reunión como una mera «simulación».
Argumentan que las decisiones ya estaban tomadas, y que la conferencia era solo un trámite formal. Además, el PP expresó su descontento con una política que consideran «opaca e irresponsable», y sostiene que el Gobierno buscaba que las comunidades respaldaran la regularización masiva sin negociaciones previas.
Asimismo, el PP rechaza la regularización extraordinaria por entender que puede provocar un «efecto llamada» y aumentar la presión sobre los servicios públicos. «No participamos porque el Gobierno no busca negociar, sino emplear a las comunidades para legitimar una regularización masiva ya decidida».
Los populares creen que el Ministerio «oculta actas y grabaciones» de las comisiones preparatorias, y que los documentos enviados son una «suerte de síntesis interpretativa en lugar de una transcripción literal», lo que, según ellos, «distorsiona el debate democrático».
«Sin coordinar, negociar ni acordar»
Consideran que se ha ocultado información sobre la regularización, dado que el Gobierno «bloquea información esencial» sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y no ha proporcionado informes económicos sobre la «mayor regularización de inmigrantes de la historia». Las comunidades autónomas gobernadas por el PP lamentan que estas políticas afecten a sus servicios públicos «sin coordinación, negociación ni acuerdo con nosotros».
Los consejeros del PP critican que no se haya atendido su petición de acceder a la «documentación reservada» relativa al proceso de regularización. En su declaración, las regiones dirigidas por el PP defienden «una inmigración legal vinculada a las necesidades del mercado laboral».
La regularización masiva promovida por Pedro Sánchez también ha generado recelo en la Policía Nacional, cuyos mandos alertaron en este medio que fueron excluidos del proceso y advierten que en un año España asumirá tres millones de inmigrantes legales junto con sus familias. Los responsables de Extranjería basan esta cifra en las reagrupaciones familiares que anticipan se solicitarán. Este aspecto genera preocupación entre los especialistas. «Por cada persona regularizada, se suman al menos otras tres si se concede una reagrupación», explican.
Además, los altos mandos han criticado duramente al Gobierno de Sánchez por excluir «deliberadamente» a la Policía Nacional del control de los trámites –que es su competencia– para delegarlo al Ministerio de Migraciones. Para ellos, esta medida debilita los controles de verificación documental de quienes participan en el proceso y abre la posibilidad a errores, por ejemplo, en la comprobación de antecedentes penales.
La confusión sobre la entidad encargada de tramitar los expedientes fue constante durante todo el proceso. La participación de las brigadas de Extranjería quedó reducida únicamente a tareas administrativas, según las mismas fuentes. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional advirtió desde el inicio sobre el escenario planteado por el Ejecutivo central. Se quejaron de la falta de directrices para afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social», y redactaron un informe contundente donde manifestaban su completa desconfianza en el proceso y cuestionaban, con datos, la «urgencia» esgrimida por Pedro Sánchez.
El documento fue firmado por el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete. «Dado que el proyecto se basa directamente en la iniciativa legislativa popular valorada por el Congreso el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece tratarse de una situación sobrevenida ni justificar la tramitación urgente», expone un dossier cuyas conclusiones ponen en duda el proceso.
En este informe se alertaba de que una regularización de tal magnitud podría ocasionar «efectos negativos significativos», incluyendo un posible «efecto llamada» de flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y orden público. Se mencionaba incluso la «desconfianza social» generada respecto a la gestión de fronteras. Igualmente, se advertía sobre el riesgo de saturación de servicios públicos como salud, educación y servicios sociales, anticipando que no contarían con recursos suficientes para atender el aumento en la demanda en un corto plazo.
«Existe preocupación en amplios sectores de la población ante la posible entrada masiva y rápida de inmigrantes, lo que aumentaría la presión sobre los sistemas sanitarios, educativos y sociales, sin que éstos dispongan de la capacidad necesaria para absorber dicho incremento. La cantidad de extranjeros y los plazos tan breves previstos para completar la regularización están en contraste con la capacidad de absorción del Estado español», recogía.
Se contemplaba que, si el solicitante afirmaba haber pedido el certificado de antecedentes en su país y no lo había recibido, pudiera continuar el trámite mientras la Administración procura obtener la documentación. Durante este período, los agentes detectaron «numerosos» casos de intentos fraudulentos para ingresar en el proceso. Extranjería llegó incluso a emitir una alerta interna mediante un oficio.