El Gobierno insiste en que las investigaciones contra Gómez y Sánchez son «procesos de carácter político»
Se suele levantar la vista al cielo para anticipar si lloverá o despejará. De igual forma actúa el Gobierno, con la esperanza de que se disipen las sombras judiciales que amenazan al círculo familiar de Pedro Sánchez. Esperanza puesta en las «instancias superiores». En la misma semana, la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado continuar el juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del portavoz del Ejecutivo, por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.
La resolución respecto al hermano fue unánime, adoptada por tres magistrados; mientras que el Pleno de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, conformado por cinco jueces, también la aprobó por unanimidad. Hasta este momento, tanto en el Gobierno como en la dirección del PSOE han cuestionado la investigación desarrollada por Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. Términos como «asedio», «persecución», «caza» y «causa política» son algunos de los usados para calificar el trabajo de los magistrados.
Dichas pesquisas han permitido a los socialistas, incluido Pedro Sánchez, sostener que «ciertos jueces están politizando sus funciones» o que existe «connivencia» entre algunos magistrados y los intereses de partidos como el PP. Sin embargo, en ambos casos, tanto el de la esposa como el del hermano, dos instancias superiores han confirmado las investigaciones de los jueces. Otro caso que los socialistas señalan como ejemplo de lawfare —persecución judicial— es la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. De los siete jurados, cinco aprobaron, por mayoría, la sentencia por delito de revelación de secretos con multa y 2 años de inhabilitación.
Desde el Gobierno y Ferraz continúan defendiendo que prevalece un «linchamiento político y mediático» sobre las pruebas que respaldarían las investigaciones contra el entorno familiar de Sánchez. Insisten en que hay «mucho ruido y ausencia de evidencias», frente a los dictámenes judiciales. «La única finalidad es el acoso y la persecución contra la esposa del presidente del Gobierno», declararon fuentes de La Moncloa. «La decisión de iniciar un juicio con jurado es un indicativo más de la intencionalidad política».
La Audiencia de Madrid confirma el juicio a Begoña Gómez por dos de los cuatro cargos que se le imputaban: tráfico de influencias y malversación. Otro de los cargos, por apropiación indebida del software desarrollado en su cátedra de la Complutense, fue reclasificado por el tribunal como delito de malversación, que incluye también el uso de su asesora en La Moncloa como asistente en trabajos particulares. El cuarto cargo, corrupción en los negocios, fue descartado al concluir la Sala que no existen indicios que acrediten su comisión.
Respecto al tráfico de influencias, fuentes de La Moncloa argumentan que no hay «evidencia alguna de llamadas, presiones o gestiones para influir en adjudicaciones» y que el empresario Barrabés «ya mantenía contratos con la Administración antes de conocer a Begoña Gómez». Sobre la malversación, defienden, entre otros aspectos, que el software era «una url de una web que nunca llegó a completarse«, que nunca fue explotada comercialmente y estaba proyectada como un servicio gratuito para compañías y ONG». Además, enfatizan que Gómez «no percibió remuneración alguna por codirigir la cátedra».
En el círculo más cercano a Sánchez están convencidos de que las pesquisas contra David Sánchez y Begoña Gómez se deben únicamente a su parentesco con el presidente y que, sin ese vínculo, no existiría ningún caso. «¿Se imaginan que Ana Botella o Viri hubieran sido llevadas a juicio con jurado?», ironizó el ministro Óscar Puente, aludiendo a las esposas de José María Aznar y Mariano Rajoy.
«Begoña Gómez es inocente y lo repetiremos tantas veces como sea necesario. Esto es una cacería política descarada», manifestó Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE.