Las claves
La jueza Mercedes Alaya ha impuesto una condena de tres años y medio de cárcel al exconsejero socialista Francisco Vallejo por distribuir irregularmente 1,2 millones de euros.
En 2008 se otorgó un préstamo a Servivation SA para cubrir los salarios de exempleados de Vitelcom, dentro del marco de un conflicto laboral en Málaga.
La sentencia destaca que la distribución de los fondos fue arbitraria y tuvo como objetivo «garantizar la paz social» y evitar que el conflicto se difundiera públicamente.
Además de la pena de prisión, Vallejo y otros acusados deberán abonar una indemnización de 1.180.000 euros y están inhabilitados para ejercer cargos públicos.
La jueza Mercedes Alaya, encargada del caso ERE, ha experimentado una situación similar en una de sus resoluciones recientes.
Como titular de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, ha sentenciado a tres años y medio de cárcel al exconsejero socialista Francisco Vallejo, quien ya cumplió prisión por la gestión arbitraria de cerca de 680 millones de euros.
La causa actual guarda un cierto paralelo: la distribución irregular de 1,2 millones de euros para «garantizar la paz social» en un contexto de «clara ausencia de procedimiento».
La jueza también ha condenado a dos empresarios y a Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, la empresa pública andaluza de capital riesgo, que está bajo investigación desde 2012.
Los hechos se remontan a 2008, cuando esta entidad concedió de forma «arbitraria e ilegal» un préstamo participativo de 1.180.000 euros a la difunta empresa malagueña Servivation SA.
«Se otorgó sin ningún procedimiento formal para la concesión y con el único objetivo ilegal de amparar la decisión política tomada por el consejero de Innovación al margen de la normativa», señala la sentencia.
Los hechos se sitúan en 2006, cuando la fábrica de teléfonos Vitelcom entró en crisis, desatando un conflicto laboral en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA).
Según el fallo, el entonces consejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía colaboró en la creación de dicha empresa, que tenía como fin el mantenimiento de servicios microinformáticos para facilitar empleo a los extrabajadores de Vitelcom.
No obstante, la incorporación masiva de más de un centenar de operarios consumió la ayuda pública exclusivamente en salarios.
«El gasto generado por trabajadores improductivos, que permanecían en casa sin labores y cobrando más de 1.000 euros mensuales, pese a haber rechazado más de 80 ofertas de trabajo, incluyendo las ofrecidas por la propia empresa, alcanzó los 1.200.000 euros, finalizando el año con un total de 1.342.594 euros».
Por ello, la jueza concluye que Vallejo «consintió un absentismo laboral extremo» entre la plantilla de la recién fundada Servivation para «asegurar la paz social y evitar que el conflicto en Vitelcom fuera noticia«.
Por esta razón, también se le ha impuesto a Vallejo una inhabilitación absoluta por seis años y medio, mientras que al expresidente de Invercaria se le ha impuesto una inhabilitación absoluta de seis años, según el auto proporcionado por la Oficina de Comunicación del TSJA.
Además, se ha ordenado el pago conjunto de una indemnización por 1.180.000 euros.
Francisco Vallejo salió en julio de 2024 de la prisión Sevilla I, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de aceptar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena de siete años y un día impuesta por la Audiencia de Sevilla en el caso ERE.
Cabe destacar que esta nueva sentencia que lo condena a prisión aún no es definitiva y puede ser apelada ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.