El PP no se opone a la nacionalización de los descendientes de emigrantes, pero demanda certezas y transparencia en el proceso.
¿Quiénes pueden acogerse al procedimiento de nacionalización según la Ley de nietos? La disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática se refiere principalmente a «los nacidos fuera de España, cuyos padres, abuelos o abuelas fueron originalmente españoles» y que no obtuvieron la nacionalidad «por haber sufrido exilio debido a motivos políticos, ideológicos, creencias o por orientación e identidad sexual» durante la dictadura franquista.
Sin embargo, una instrucción del Ministerio de Justicia, firmada en 2022 por Sofía Puente (hermana del actual ministro), amplió el alcance hasta permitir la nacionalización de todas las personas descendientes de un progenitor, abuelo, bisabuelo o incluso tatarabuelo español emigrado. No se limitaría solo a quienes fueron exiliados por represalias, sino a todos. Así lo señala el PP, que lo califica como una «barra libre» contraria a la norma y a lo aprobado en el Congreso.
Concretamente, la instrucción establece que «tanto los nacidos en el extranjero de padres o abuelos originalmente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española debido al exilio», podrían obtener el pasaporte español.
¿Por qué esta instrucción extiende los beneficios de la Ley de nietos a todos los descendientes de españoles, si la ley originalmente buscaba reparar a las familias que sufrieron el exilio bajo el franquismo? Porque Puente interpretó que la frase «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio…» implicaba «y además aquellos que».
Sin embargo, eso no fue lo que se aprobó en el Congreso. Durante la discusión de la Ley de Memoria Democrática, la mayoría de los diputados rechazaron claramente una enmienda de Ciudadanos que proponía que cualquier persona podía recuperar la nacionalidad si había emigrado de España.
Ayer, el PP manifestó que apoya la nacionalización de los nietos de quienes emigraron por motivos de exilio político, así como también por causas económicas. Esto incluye no solo a las víctimas de la represión franquista, pero condiciona su apoyo a que se garantice la transparencia y se evite cualquier falta de claridad.
En otras palabras, critican principalmente la forma y los fines del Gobierno, además del alcance, por extenderse a periodos no contemplados, ya que, según el PP, podrían obtener la nacionalidad descendientes de españoles emigrados incluso desde el siglo XIX. No obstante, Génova no rechaza la nacionalización de los nietos de emigrantes españoles y expresará su postura en la Ley de Nacionalización si Feijóo llega a La Moncloa.
«En la instrucción se reinterpretó la ley; donde decía que era solo para exiliados, ahora incluye a todos», denunció ayer Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Considerando que la instrucción carece de validez legal, la vicesecretaria popular Alma Ezcurra ha promovido una serie de iniciativas que reclaman «transparencia y garantías jurídicas y políticas» para el mayor proceso de nacionalización que el Gobierno planea realizar, afectando a 2,6 millones de personas.
Esta ofensiva parlamentaria incluirá también la solicitud urgente de comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante el pleno del Congreso, para detallar «el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes». Además, el PP reclama acceso al expediente de contratación del Grupo Palco, vinculado al castrismo, que interviene en la tramitación de expedientes para la obtención de la nacionalidad española.