Han enviado múltiples escritos a Mercedes González y denuncian que no han recibido ninguna respuesta.
La gravedad de la situación generada por el narcotráfico en el Estrecho ha provocado una reacción en los altos mandos de la Guardia Civil. Un grupo de generales ha remitido varios escritos a la Dirección General del Cuerpo solicitando con urgencia el uso de lanzagranadas como única medida efectiva para enfrentar a las grandes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en esta área.
Estos documentos forman parte de «un hilo de correos», según indica el informe al que tuvo acceso EL MUNDO, los cuales no han sido atendidos por los máximos responsables del Instituto Armado. Ni la directora general, Mercedes González, ni el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, han emitido respuesta alguna, tal como confirmaron fuentes consultadas por este medio.
«Actualmente existe un stock de cincuenta (50) lanzagranadas MOD. GL-06 CALIBRE 40 MM disponibles en nuestros almacenes», recuerdan los generales en una de sus misivas. Lo que moviliza a los altos mandos no es únicamente la arraigada institucionalización del narcotráfico, sino las nuevas tácticas empleadas por estas organizaciones, que ahora utilizan armamento bélico para proteger sus cargamentos.
Solicitan, según sus argumentos, que el Ministerio del Interior ponga en funcionamiento los lanzagranadas con los que ya cuenta el Servicio Marítimo y que permanecen almacenados junto a su munición en el área de armamento. «Estos dispositivos se emplean habitualmente para el control de multitudes», recuerdan en la comunicación.
Ante la falta de soluciones gubernamentales, los generales aportan su conocimiento y experiencia para suplir las carencias. Según su evaluación, los lanzagranadas «serían útiles para detener o inutilizar los motores de las narcolanchas y resultarían efectivos si son operados por personal capacitado desde una distancia de aproximadamente 100 metros, ya que dichas granadas modelo B&T 40mm están clasificadas como ‘no letales o de baja letalidad’». El contexto en el que se formula esta petición es sumamente crítico.
Asimismo, recuerdan a la Dirección General que se asignaron al Grupo Marítimo del Estrecho «ocho lanzadores antidisturbios», cifra considerada «claramente insuficiente» para hacer frente a la rapidez con la que las narcolanchas arriban a las costas de Cádiz y Huelva, principalmente. Se ha registrado un promedio de 30 intercepciones diarias. En los últimos dos años han fallecido cuatro guardias civiles en el mar al intentar impedir el avance de estas embarcaciones. Además, las organizaciones criminales han radicalizado su modus operandi. La nueva modalidad de narcotráfico en la zona mantiene a la Guardia Civil desbordada. Existen nuevas agrupaciones con métodos más agresivos y reglas propias, que defienden su mercancía con kalashnikov, un armamento que las grandes familias del narcotráfico locales no empleaban anteriormente.
La tragedia ocurrida en Barbate se perfilaba como un punto de inflexión respecto al deterioro en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. Lo acontecido —y transmitido casi en directo a toda España— en el puerto de la localidad la noche del 9 de febrero de 2024 ilustró la asimetría del enfrentamiento entre los narcos y la Guardia Civil, reflejando la dureza impuesta por los traficantes de hachís y cocaína.
El fallecimiento de dos agentes atropellados por una narcolancha en febrero de 2024 centró la atención en el Ministerio del Interior debido a la reiterada falta de respuesta ante las alertas sobre el riesgo existente en la zona. Tras este suceso, se anunciaron medidas de cambio, pero un año y tres meses después, la situación empeoró. Otros dos agentes perdieron la vida en Huelva tras una colisión entre dos de sus patrullas durante una persecución. El ministro Fernando Grande-Marlaska atribuyó el hecho a un accidente. «No todas las tragedias pueden evitarse», concluyó. Sin embargo, mandos especializados en narcotráfico del Instituto Armado que están en el terreno desestimaron esta versión. Basándose en su experiencia, concluyeron que la lancha provocó intencionadamente la colisión, señalándola como una maniobra «calculada» de los delincuentes. «Los narcos generaron el choque». Esta conducta la calificaron de «frecuente», teniendo en cuenta las características de las embarcaciones y sus tácticas. «Al ser detectados e iniciarse la persecución, comienzan a zigzaguear con el fin de provocar una colisión». Los altos mandos insisten en la urgencia de poner en marcha los lanzagranadas sin demora. «Ellos conocen perfectamente que nuestra legislación carece de un protocolo que nos resguarde y estamos en clara inferioridad».