Los altos mandos manifiestan un fuerte recelo hacia el proceso diseñado por el Gobierno, debido a la falta de información proporcionada. Los agentes admiten que desconocen cómo deben proceder a partir de este momento.
El proceso extraordinario de regularización de migrantes en España se acerca a su cierre manteniendo la polémica que lo acompañó desde el inicio: desinformación, improvisación y la incertidumbre de los principales implicados sobre cómo actuar. La confusión ha sido constante durante este trámite, que concluye con un volumen de solicitudes muy superior al estimado inicialmente por el Gobierno. Tras finalizar el plazo de presentación, las peticiones registradas oscilan entre 1,2 y 1,3 millones, cifra que duplica con creces las cerca de 500.000 que el Ejecutivo calculó al aprobar la medida.
Este número coincide exactamente con lo previsto por la Policía Nacional cuando Pedro Sánchez autorizó el polémico proceso, justificándolo como una vía de «urgencia». Sin embargo, esta realidad fue rechazada en un informe sobre la situación, firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete. «Dado que esta iniciativa toma como antecedente directo la propuesta legislativa popular aceptada por el Congreso el 9 de abril de 2024, y la necesidad fue identificada hace casi dos años, no parece una situación imprevista ni suficientemente justificativa para su tramitación urgente», argumenta dicho informe, cuyas conclusiones cuestionan el proceso.
Los altos cargos policiales no dudan en criticarlo con dureza, dejando poco espacio a dudas. «Existe una total falta de transparencia», concluyen. La carencia de una distribución clara de competencias en el trámite —un procedimiento que siempre gestionan las brigadas de Extranjería— obligó al Gobierno a improvisar externalizando su gestión. Se decidió que Correos y la empresa Tragsa —entidad pública integrada en Sepi dedicada a servicios medioambientales, desarrollo rural y ejecución de obras— se encargaran de tramitar las solicitudes, lo que ha generado recelo e incertidumbre en la Policía, pues nadie ha informado sobre los pasos siguientes. Es decir, no está claro si los más de un millón de expedientes serán enviados a Extranjería para verificar el cumplimiento de requisitos o si serán aceptados directamente como válidos. «La opacidad se refleja en la ocultación de datos y en el desconocimiento del proceso administrativo y los criterios para otorgar la regularización o validar la documentación presentada», insisten las fuentes consultadas.
«Desconfianza social»
Desde el inicio, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó sobre el escenario que le planteaba el Ejecutivo central. Lamentó no haber recibido instrucciones sobre cómo gestionar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como «urgencia social», y emitió un contundente informe manifestando su total desconfianza respecto al proceso. El documento del máximo responsable de Extranjería advierte que una regularización de estas dimensiones podría provocar «efectos negativos importantes», entre ellos un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, además de generar tensiones sociales, problemas en la seguridad ciudadana y el orden público. También menciona la «desconfianza social» que se desarrolla, explica, «sobre la gestión de fronteras».
Al mismo tiempo, alerta sobre el riesgo de saturar servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales, señalando que estos podrían no disponer de la capacidad necesaria para atender el aumento súbito de la demanda. Incluso se prevé que, si un ciudadano asegura haber solicitado el certificado de antecedentes en su país y manifiesta no haberlo recibido, pueda continuar el trámite mientras la Administración trata de obtener el documento.
El proceso finaliza con datos que distan considerablemente de las previsiones iniciales y con la Policía Nacional calificando esta tramitación como «apocalíptica». Desde que se anunció la regularización masiva para extranjeros residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, los agentes han registrado una gran cantidad de intentos de fraude para acceder a dicho proceso. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras emitió una alerta interna en un oficio al que este medio tuvo acceso, señalando un aumento del 866% en denuncias por supuestos extravíos de pasaportes de ciudadanos paquistaníes, un método detectado para evitar controles penales y facilitar la regularización.
La segunda nacionalidad que más ha repetido este fraude es la argelina, con un incremento del 356,25%, seguida de la marroquí, que crece un 114%, y la colombiana, con un 35%.
La intervención policial —según el informe— ha demostrado que en muchos casos existían, de manera alternativa o acumulativa, antecedentes penales y/o policiales en España y otros países, además de identidades distintas a las reportadas y resoluciones administrativas vigentes en materia de Extranjería.
Reagrupaciones familiares
El informe del jefe de Operaciones ya anticipaba cifras muy superiores a las previstas por el Gobierno y así lo expone. «La estimación de esta Comisaría General es que aproximadamente 1.250.000 extranjeros podrían beneficiarse directamente, lo que representa un 250% de la cifra estimada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y reflejada en documentos oficiales disponibles en su web (como el documento ‘Preguntas y Respuestas: Tramitación Regularización Extraordinaria’). Esta cifra aumenta aún más si se considera al colectivo que se beneficiaría indirectamente por medio de reagrupaciones o desistimiento de solicitudes de protección internacional». El tema de las reagrupaciones familiares genera gran preocupación en los expertos en Extranjería. «Por cada persona regularizada, se añaden mínimamente cinco más si se solicita y concede una reagrupación».
«Se prevé —continúa— que esta medida impulse movimientos migratorios desde otros países de la UE hacia España con el objetivo de aprovechar irregularmente lo estipulado en la norma». De hecho, como publicó este diario, tras el anuncio de Sánchez la Policía detectó la activación de tres rutas migratorias hacia España. Los expertos destacaron la vía desde el Reino Unido —a través del Canal de la Mancha— hacia Francia, para luego alcanzar España por los Pirineos. Se trataba de ciudadanos paquistaníes, afganos e indios que buscaban legalizar su situación en Europa, según las fuentes. También se señaló la llegada al país desde Francia de un «número considerable» de migrantes argelinos y marroquíes, así como desde Italia.
En particular, Italia presenta una casuística especial, ya que se organizan viajes en furgonetas con destino a España que transportan ciudadanos indios, marroquíes, argelinos y paquistaníes. Estos movimientos y la falta de información proporcionada al lanzar el plan —el Gobierno no consultó a los expertos— han provocado la primera respuesta de los agentes de Extranjería.
La Policía se ha dirigido al Ministerio del Interior para advertir sobre la «dificultad» que supone, según su experiencia, ejecutar la regularización masiva prevista. Las fuentes confirman que se han enviado varios correos electrónicos al ministerio de Fernando Grande-Marlaska expresando sus preocupaciones. «No hay instrucciones claras ni recursos disponibles, por lo que desconocemos cómo actuar», explica uno de los responsables policiales entrevistados. El periodo posterior a la regularización es otro tema crucial para los agentes especializados en inmigración. Temen que las mafias se aprovechen de las reagrupaciones familiares. «Podrían darse casos en que personas extranjeras paguen a quienes tienen situación legal para que les permitan hacerse pasar por familiares como hijos o padres, es decir, pagar por documentos y certificados. Ya se están observando casos así, incluso con testigos, aunque se detecta rápidamente debido a la cantidad limitada de solicitantes». «Existe temor en amplios sectores de la población de que una entrada rápida y masiva de nuevos inmigrantes aumente la presión sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad adecuada para absorberla. El volumen de extranjeros y los plazos tan cortos previstos para completar la regularización son inversamente proporcionales a la capacidad de absorción del Estado español», refleja el informe de Extranjería.
El sindicato Jupol critica duramente el proceso y sus posibles consecuencias. «Lo más grave es que el propio Ministerio del Interior conocía perfectamente los efectos que generaría esta medida. En un informe interno elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras durante la tramitación del Real Decreto, los responsables policiales expresaron su oposición técnica, considerando que provocaría un impacto operativo y de seguridad de gran magnitud». Además, destacan una de las principales preocupaciones de la Policía: la verificación de antecedentes penales. «La Policía Nacional advirtió sobre importantes deficiencias en el procedimiento para confirmar si los solicitantes tienen antecedentes penales o policiales en otros países.
«Se señaló que el proceso presenta carencias para verificar antecedentes en el extranjero. Incluso se establece que si un ciudadano declara haber solicitado el certificado de antecedentes en su país y no lo ha recibido, pueda continuar el trámite mientras la Administración gestiona la obtención de dicha documentación. La propia Comisaría General advierte sobre este riesgo».