Las claves
Pedro Sánchez ha ordenado un cierre de filas y ha instado a evitar renuncias tras la imputación de la directora de la Guardia Civil y otros altos funcionarios vinculados al Gobierno.
El Ejecutivo considera que se enfrenta a una campaña destinada a desgastar la imagen del Gobierno y rechaza las dimisiones para no mostrar señales de debilidad.
Entre los imputados figuran personas con vínculos personales cercanos a Sánchez, como Mercedes González y Ana Fuentes.
El Gobierno sostiene que una imputación no implica responsabilidad, aunque en ocasiones anteriores fue motivo para ceses o utilizadas como estrategia política.
La directora general de la Guardia Civil, el DAO de la Guardia Civil, la presidenta de la SEPI y la gerente del PSOE comparten el hecho de estar imputados en casos relacionados con el Gobierno y el partido de Pedro Sánchez, y todos mantienen sus cargos.
Hace algunos meses, el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intentó renunciar tras ser imputado por el Tribunal Supremo, pero el presidente del Gobierno intervino para evitarlo. Finalmente, fue condenado.
Desde el Ejecutivo señalan que la instrucción de Sánchez es fortalecer la unidad interna y evitar bajas.
La justificación de Moncloa para adoptar esta postura sostiene que hay una campaña dirigida a desgastar y atacar al Gobierno, y por ello no se pueden aceptar dimisiones que den una imagen de debilidad o que refuercen las acusaciones.
En los casos de Mercedes González, máxima responsable de Guardia Civil, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes, influye además que ambas mantengan una estrecha relación personal con el presidente del Gobierno.
No obstante, resulta llamativo que para Sánchez la imputación deje de ser causa de cese, cuando anteriormente sí fue motivo para apartar a alguien, como en el caso de Vicente Fernández, quien tuvo que abandonar la presidencia de la SEPI por un asunto externo a dicho organismo.
Por otro lado, el PSOE ha empleado la imputación como instrumento político contra otros partidos, mientras que en su momento el PP la calificó como «investigación judicial».
Actualmente, el mensaje que transmite el Gobierno es que la imputación no supone responsabilidad, sino únicamente la posibilidad de prestar declaración ante el juez acompañado de abogado.
El desafío para Sánchez reside en la gran cantidad de personas próximas imputadas, desde su esposa y su hermano, Begoña Gómez y David Sánchez, hasta José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas.
Fuentes oficiales del Gobierno indican que la situación delicada no permite más renuncias dentro del Ejecutivo. La estrategia es mantenerse firme.