Las claves

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, junto con el director adjunto operativo, Manuel Llamas, declaren como investigados por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Se imputa a González y Llamas la apertura de informaciones reservadas sin una base disciplinaria real contra agentes de la UCO que estaban llevando a cabo investigaciones relacionadas con el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.

Las investigaciones coinciden en el tiempo con encuentros entre González y Leire Díez, vinculada al PSOE, presuntamente orientados a desacreditar a los investigadores y a coordinar campañas de desinformación.

La Fiscalía sostiene que la reiterada iniciación de expedientes fue empleada como herramienta de presión e intimidación institucional hacia los agentes de la UCO.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado miércoles al juez Santiago Pedraz que cite «con la mayor celeridad posible» a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, como investigados.

Considera que las informaciones reservadas abiertas a los agentes de la UCO que participan en los procedimientos judiciales contra el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez podrían no haber tenido una finalidad disciplinaria verdadera, sino ser «una contestación constante ante ciertas decisiones investigadoras«.

La potestad disciplinaria habría dejado de usarse «como un mecanismo de control interno para convertirse en un verdadero instrumento de intimidación institucional«, según indica Anticorrupción.

Pedraz respondió en menos de 24 horas a la solicitud de las fiscales, y González y Llamas deberán comparecer ante la Audiencia Nacional en las próximas dos semanas para defenderse por presuntos delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia.

Jamás antes la Guardia Civil había afrontado una situación en la que dos de sus máximos responsables son investigados por presuntamente «intimidar» a subordinados que trabajan bajo mandato judicial. Estos directivos habrían intentado perjudicar la carrera profesional de los investigadores, dañar su reputación, restringir sus oportunidades de ascenso o crear un clima constante de inseguridad sobre su continuidad laboral», apuntan las fiscales.

Los indicios contra González y Llamas se basan en la «reiterada apertura» de informaciones reservadas (tres en un periodo de nueve meses) sin fundamento disciplinario verdadero, «únicamente dirigidas a funcionarios que realizaban investigaciones relevantes» vinculadas al PSOE y «coincidiendo en el tiempo con actuaciones procesales especialmente delicadas».

Estas informaciones reservadas (una pesquisa sumaria para determinar si procede iniciar un expediente disciplinario) también coinciden en fechas con las reuniones entre González y Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, quien bajo la supuesta coordinación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría liderado acciones para desprestigiar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Según las diligencias que instruye Pedraz, las reuniones entre la directora y la ‘fontanera’ ocurrieron los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y 2 de abril de 2025.

Durante el último encuentro, Díez solicitó a la responsable de la Guardia Civil el regreso al último destino del comandante Villalba. Este agente está implicado en el ‘caso Koldo’ y Leire le prometió beneficios a cambio de información que pudiera utilizar para perjudicar a los investigadores de la UCO, en particular al teniente coronel Antonio Balas.

Pocos días después de esta reunión, el 29 de abril de 2025, la Jefatura de Información de la Guardia Civil produjo una nota de despacho que reflejaba «la existencia de un grupo que estaría organizando una campaña de desinformación destinada a desacreditar las investigaciones realizadas por la UCO».

La nota mencionaba de forma explícita a Leire Díez y añadía que «este grupo haría creer que detrás de esta ‘estrategia’ [para desacreditar a la UCO] estaría Santos Cerdán, conocimiento que tendría también la directora general de la Guardia Civil«.

Por entonces, aún no se conocían los tres encuentros previos entre Mercedes González y Leire Díez.

Una nota con contenido casi idéntico a la de la Jefatura de Información fue redactada el 6 de mayo de 2025 por la UCO, y fue remitida al jefe de Policía Judicial, general Alfonso López Malo.

Este superior distribuyó personalmente la nota de la UCO durante una reunión con el DAO el 8 de mayo de 2025. Fue entonces cuando López Malo fue informado por Llamas de la existencia de la nota de la Jefatura de Información, la cual había sido «ocultada» (según Anticorrupción) por el DAO desde el 29 de abril, a pesar de afectar a una unidad clave.

Contravigilancias

La preocupación de López Malo derivada de los datos contenidos en la nota del 6 de mayo fue tal que pidió la implementación de un servicio de contravigilancia sobre dos oficiales de la UCO que eran objetivos dentro de la trama.

No obstante, lo más relevante, destacan las fiscales anticorrupción, es que Llamas confirmó a López Malo durante la reunión del 8 de mayo que ya había informado a la directora sobre la nota de la Jefatura de Información del 29 de abril.

Anticorrupción también subraya que, a pesar de que quedó claro que González estaba al tanto de ambas notas de despacho que alertaban sobre el grupo liderado por Leire Díez que intentaba desprestigiar a la UCO, la directora de la Guardia Civil mantuvo comunicaciones telefónicas con la ‘fontanera’ del PSOE.

A las 09:16 horas del domingo 11 de mayo de 2025, día en que se difundieron informaciones sobre mensajes de ‘whatsapp’ entre el exministro Ábalos y Pedro Sánchez (que la UCO no poseía), se registraron mensajes en el chat entre Leire Díez y la directora. González activó en ese instante la función de borrado automático.

El 29 de mayo de 2025, la responsable de la Benemérita reunió a Llamas, López Malo; el coronel jefe de la UCO en ese momento, Rafael Yuste, y el teniente coronel Balas, sin informarles que conocía y había mantenido comunicación y entrevistas personales con Leire Díez, según afirman las fiscales, que no aceptan la versión dada por la directora en el Senado.

Informaciones reservadas

En un curioso paralelo con los planes de la ‘fontanera’ del PSOE, las informaciones reservadas contra agentes de la UCO comenzaron el 4 de diciembre de 2024, 12 de mayo y 1 de septiembre de 2025, a pesar de que el general jefe de Policía Judicial y el coronel jefe de la UCO ya habían dado explicaciones que hacían innecesarias estas actuaciones pre-disciplinarias.

Las dos últimas informaciones reservadas, abiertas tras filtraciones de prensa atribuibles supuestamente a la UCO, coinciden con una nota hallada en la agenda de Leire Díez fechada en abril de 2025: «Investigación interna GC para filtraciones».

El 24 de abril de ese año, la ‘fontanera’ consultó con el entonces abogado de Koldo García, Ismael Oliver, si la documentación de la causa incluía las fechas en las que la UCO presentaba sus escritos al instructor.

«Así es como voy a estructurar lo que pretendo hacer con la UCO a nivel administrativo«, expresó Díez, refiriéndose a posibles maniobras para culpar a los agentes de presuntas filtraciones a la prensa.

La Fiscalía interpreta que la apertura de estas informaciones reservadas revela indicios de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Indicios basados en «la repetición de expedientes sobre los mismos investigadores, la coincidencia temporal con actuaciones procesales importantes, la falta de fundamento disciplinario suficiente, el archivo sistemático de estas actuaciones y la ausencia de expedientes paralelos para otros funcionarios con funciones semejantes».

«Pudo existir una utilización constante y desviada de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre los funcionarios policiales» encargados de diligencias vinculadas al partido en el Gobierno, sostienen las fiscales. A esta acusación deberán responder Mercedes González y Manuel Llamas el día 16.