Las claves
El Partido Popular solicita al juez que cite como testigos al exfiscal general Álvaro García Ortiz y a Diego Villafañe en relación con las reuniones mantenidas en la Fiscalía General vinculadas con el ‘caso Leire’.
Dichas reuniones investigadas involucran a Leire Díez y al abogado Jacobo Teijelo, quienes, según la UCO, visitaron en al menos dos ocasiones la sede de la Fiscalía durante 2025 para abordar asuntos que podrían interferir en investigaciones relacionados con el PSOE.
Estas visitas no constan registradas oficialmente y la Fiscalía General ha reconocido tener conocimiento de ellas tras ser detectadas por la UCO, aunque no ha precisado los temas que se trataron.
Las acusaciones populares persiguen esclarecer el rol de los altos cargos de la Fiscalía en la gestión de la información recibida y la falta de constancia formal sobre estos encuentros.
Las acusaciones populares personadas en el ‘caso Leire’, agrupadas bajo el Partido Popular, han solicitado al juez instructor, Santiago Pedraz, que cite a declarar como testigos al exfiscal general Álvaro García Ortiz y a su colaborador cercano, Diego Villafañe, por las visitas realizadas a la Fiscalía General por parte de la ‘fontanera’ del PSOE y el abogado Jacobo Teijelo.
Díez y Teijelo, a quienes Pedraz ha otorgado el estatus de investigados, acudieron al menos en dos ocasiones a la Fiscalía General durante marzo y abril de 2025. En ese período, ambos estaban involucrados en una maniobra supuestamente supervisada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, destinada a interferir en investigaciones judiciales y policiales que comprometían al partido gobernante.
El propósito, conforme a los indicios recogidos, consistía en desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de esos casos, mediante denuncias falsas y la recopilación de información, ya sea verídica o no, obtenida a través de sobornos para su difusión intencionada en medios específicos.
La Fiscalía General ha confirmado la existencia de las dos visitas efectuadas por Díez y Teijelo en marzo y abril por la tarde. Esta admisión fue inevitable, dado que la UCO presentó evidencias que las corroboran, como la localización del teléfono móvil de la ‘fontanera’ en la calle Fortuny, 4, sede principal del Ministerio Público.
Sin embargo, en un informe enviado al juez el 10 de junio, la Fiscalía ni siquiera detallaba los asuntos tratados durante esas dos reuniones que Díez y Teijelo mantuvieron con Villafañe y también con la fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López Pesquera.
“Mantuvieron un encuentro con el letrado Jacobo Teijelo en el que este informó sobre la existencia de hechos presuntamente cometidos por terceros que podrían tener relevancia penal, según el juicio del letrado informante”, comunicó la Fiscalía, sin mayores detalles.
Además, expresó que “en ambas reuniones el abogado Teijelo estuvo acompañado de una mujer que intervino de forma limitada y fue presentada como una compañera de despacho del letrado, posteriormente identificada por medios de comunicación como Leire Díez”.
Por su parte, Teijelo, que compareció el jueves como investigado ante Pedraz, negó haber presentado a Díez como compañera de despacho y se rehusó a revelar el contenido de esos encuentros.
Lo que sí se conoce es que, tras las reuniones, la ‘fontanera’ socialista escribió un mensaje indicando que «si actúan rápido conforme a lo acordado, las cosas se precipitarán».
Las acusaciones populares consideran imprescindible que el juez tome declaración a García Ortiz, quien, según ha reconocido la actual Fiscalía General, «fue informado de manera posterior a ambas reuniones”.
De acuerdo con las acusaciones, el testimonio de García Ortiz es fundamental para esclarecer “si tuvo conocimiento, directo o indirecto, sobre el contenido de los encuentros”, señalan en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Además, estiman necesario conocer “las instrucciones, valoraciones o directrices que, en su rol de superior jerárquico, pudo haber dado acerca del manejo de la información recibida y de los escritos y denuncias” que entonces la red habría promovido contra jueces como Beatriz Biedma, instructora del caso relacionado con el hermano del presidente del Gobierno.
Consideran que García Ortiz debe explicar qué uso se le dio a la información suministrada por Teijelo y Díez y “el criterio que se siguió para que esas reuniones no quedaran registradas formalmente en la institución”.
Propósito de las visitas
“Es indispensable realizar esta diligencia para integrar, desde su máxima responsabilidad institucional, la cadena de hechos relatada en el oficio [remitido por la Fiscalía al juez], evitando que la aclaración quede limitada a los fiscales que participaron directamente en las reuniones y permitiendo verificar la coherencia entre la versión institucional presentada ante este Tribunal y el conocimiento real que existía en la cúpula de la Fiscalía General del Estado”, sostienen.
Esto se debe a que la información ofrecida por la actual fiscal general, Teresa Peramato, “presenta aspectos que demandan un esclarecimiento más profundo, especialmente por la existencia de reuniones reconocidas, la falta de registro formal de accesos y la escasa precisión acerca del contenido y finalidad de estos encuentros”.
Solicitan también la comparecencia de Villafañe y López Pesquera como testigos.
“La información proporcionada [por la Fiscalía General] se limita a una descripción general de las reuniones, sin especificar con detalle el contenido exacto de las expresiones realizadas, la posible entrega de documentación o datos verificables, el nivel de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto ni las razones por las que no se promovieron acciones adicionales”, indican las acusaciones populares.
En este marco, consideran necesaria la declaración de Villafañe “para clarificar el contenido sustantivo de la información transmitida, su posible relevancia penal y la secuencia de decisiones tomadas, así como para disipar cualquier duda sobre el alcance real de dichos contactos”.
La declaración de López Pesquera es requerida “para aportar solidez probatoria a los hechos detallados en el oficio, evitando que estos queden avalados únicamente por una reconstrucción institucional posterior”.
Finalmente, la acción popular propone la comparecencia como testigo de Ana Isabel García León, en ese momento jefa de la Secretaría Técnica de García Ortiz.
En el expediente consta su participación en la tramitación de escritos presentados por Koldo García Izaguirre y en una denuncia interpuesta por José Luis Sáenz de Tejada contra jueces de Badajoz, entre ellos la instructora del caso de David Sánchez.