El Parlamento aprueba una reforma que extiende la protección indefinida de las viviendas sociales destinadas al alquiler y evita que más de 2.200 casas pasen al mercado libre en las próximas décadas
El Parlamento de Navarra ha aprobado un cambio legislativo que garantiza de forma permanente las viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al alquiler, bloqueando su paso al mercado libre tras el cumplimiento del plazo de protección vigente hasta ahora.
Esta reforma, promovida por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, fue aprobada con el apoyo de Geroa Bai y el rechazo de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita. Su objetivo declarado es fortalecer el parque público de vivienda y prevenir que bienes inmuebles desarrollados con fines sociales se integren en dinámicas especulativas.
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El nuevo marco normativo suprime la posibilidad de que las VPO destinadas a arrendamiento o alquiler asequible puedan ser vendidas tras 21 años desde su calificación definitiva, alternativa que hasta ahora ofrecía la legislación foral.
Evitar la venta de 2.248<b> </b>pisos protegidos
Además, la modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda extiende la protección indefinida a todas las viviendas protegidas en alquiler cuyo periodo de protección siga vigente en el momento en que la norma entre en vigor, sin importar la fecha en que fueron calificadas.
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Con esta medida, el Ejecutivo foral y los grupos partidarios pretenden impedir que miles de viviendas protegidas salgan progresivamente del parque social a lo largo de las próximas décadas.
El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.
Durante el debate parlamentario, se proporcionaron datos que indican que 108 viviendas perderían su estatus protegido en un plazo corto si esta reforma no se hubiera aprobado. En cinco años, la cifra aumentaría a cerca de 1.300 y llegaría hasta las 2.248 antes de 2050.
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Los promotores de la medida sostienen que esta permitirá conservar durante décadas un parque residencial asequible para familias con dificultades de acceso al mercado libre de vivienda.
Más poder para las administraciones en zonas tensionadas
La reforma añade también un cambio importante respecto al tanteo y retracto. Mediante una enmienda presentada por Geroa Bai, se otorga a las administraciones públicas el derecho preferente de compra sobre ciertas viviendas protegidas que hayan perdido su calificación.
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Esta prerrogativa se aplicará en áreas catalogadas como Mercado Residencial Tensionado, afectando a inmuebles en propiedad de grandes tenedores, es decir, personas o entidades con cinco o más viviendas en dichas zonas.
La norma incluye también garajes, trasteros y otros anexos vinculados a estas viviendas. La intención es que las administraciones puedan adquirirlos para destinarlos al alquiler social u otros usos de interés público.
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Este derecho preferencial se mantendrá durante los diez años posteriores al fin legal del régimen de protección, aplicándose tanto a la primera venta como a las posteriores transferencias realizadas entre particulares.
Un debate político marcado por la vivienda
Los partidos que apoyaron la reforma defendieron la necesidad de asegurar que las viviendas protegidas conserven su función social a largo plazo y no se integren en el mercado libre tras finalizar su periodo de protección.
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Según estos, el acceso a una vivienda asequible constituye uno de los principales retos sociales en la comunidad, requiriendo medidas estructurales que aumenten y preserven el parque público de vivienda.
En contraste, UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita criticaron duramente la iniciativa, señalando durante el debate que la reforma genera “inseguridad jurídica” y acusando al Gobierno foral de actuar con improvisación en un tema tan sensible para el sector inmobiliario.
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Entrada en vigor inmediata
Los opositores a la reforma sostienen que esta no solucionará los problemas de acceso a la vivienda y advierten que podría causar incertidumbre entre promotores e inversores. A pesar de ello, la modificación fue aprobada por procedimiento de lectura única, acelerando su paso por el Parlamento.
La nueva regulación se aplicará desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), momento en que todas las VPO en alquiler que continúen protegidas quedarán sujetas automáticamente a un régimen de protección indefinida.
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Con esta medida, Navarra se posiciona entre las comunidades autónomas con una política más restrictiva frente a la descalificación de viviendas protegidas, reforzando su compromiso para mantener un parque público de vivienda estable y duradero en un contexto donde el acceso a viviendas asequibles se ha vuelto una de las principales preocupaciones ciudadanas.