Las claves
El Congreso ha solicitado formalmente, con mayoría absoluta, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones generales.
La moción aprobada no tiene efectos legales, pero representa una condena política máxima hacia el presidente y su Ejecutivo.
Pedro Sánchez se convierte en el primer presidente español que permanece en el poder tras perder el apoyo explícito de la Cámara que lo eligió.
Una situación inédita en democracias europeas similares, donde generalmente la retirada de confianza conduce a la caída del Gobierno.
Por primera ocasión en la historia democrática española, un presidente del Gobierno opta por continuar en su puesto después de que la mayoría absoluta del Congreso que lo designó le haya «solicitado» formalmente su dimisión.
Si bien Pedro Sánchez mantiene intacta su legitimidad inicial, este jueves presenció cómo la Cámara que le confiere su poder, por 178 votos a favor y 171 en contra, le retiraba el respaldo para ejercerlo.
La moción aprobada en el Congreso, impulsada por el PP, no lo fuerza legalmente a dimitir, como reconoce el propio texto al referirse a una iniciativa de «carácter político, sin efectos jurídicos».
Sin embargo, políticamente el mensaje es claro: el mismo Congreso que investió a Sánchez en noviembre de 2023 expresa su «mayor deseo de convocar cuanto antes elecciones generales» y «exige la dimisión inmediata en bloque del Ejecutivo«.
La votación se produjo apenas 24 horas después de que el Senado aprobara otra moción del PP que reclamaba la salida de Sánchez y la llamada a las urnas. En un sistema bicameral como el español, ambas Cámaras legislativas han manifestado a la vez que el actual Gobierno debe dar paso a uno nuevo.
Además, se dio al día siguiente del debate monográfico sobre corrupción, en el que Sánchez no logró convencer a sus aliados. El texto del Congreso advierte que «la acumulación de investigaciones en torno a casos de corrupción […] exige que la asunción de responsabilidades sea en forma de dimisión«.
«Indisciplina»
La Constitución ampara a Sánchez para mantenerse en el cargo mientras no prospere una moción de censura o pierda una cuestión de confianza.
Pero esa misma Constitución se basa en la lógica parlamentaria: el Ejecutivo debe contar con la confianza del Congreso, del que depende. Y esa Cámara Baja ha declarado, por mayoría absoluta, que la respuesta adecuada a los escándalos de corrupción que afectan al presidente, a su partido y al Gobierno es la dimisión.
Desde este jueves, la brecha entre lo que Sánchez puede hacer a nivel legal y lo que la mayoría del Congreso le exige políticamente es mayor que nunca.
Sobre esa «indisciplina» ha insistido Feijóo al salir del hemiciclo: “A partir de ahora, el presidente actúa en contra de la mayoría absoluta del Parlamento, la misma cámara que le otorgó la confianza en la investidura».
Feijóo quiso resaltar el impacto europeo de la votación: «Cualquier demócrata, cualquier primer ministro europeo debe seguir la determinación y decisión de la Cámara».
Sin embargo, la interpretación desde Moncloa es totalmente opuesta.
En consonancia con las risas burlonas y aplausos con que Sánchez y el Grupo Socialista recibieron la votación, fuentes gubernamentales pidieron al PP «perder toda expectativa» de que Sánchez ceda y redujeron la relevancia de la sesión de pleno: «La moción no cambia nada».
«Sin precedentes»
La excepción española, donde el Parlamento retira simbólicamente la confianza al presidente, se amplía al compararla con otras legislaciones.
Desde el PP insisten en que «no hay antecedentes en Europa» para semejante «rebeldía democrática» atribuida a Sánchez.
Para el liderazgo de Feijóo, lo «histórico» no consiste en que el Congreso pida la cuestión de confianza, como la que promovió Junts hace año y medio, sino en que la Cámara que eligió a Sánchez le haya demandado su marcha, manifiestan las fuentes.
De hecho, existen pocos ejemplos comparables en democracias similares a la española donde un jefe de Gobierno permanezca en el puesto tras un voto mayoritario que exija su salida.
Solo en Reino Unido e Israel, sistemas con estructuras muy diferentes al español, se encuentran situaciones algo similares.
En Westminster, hay lo que se conoce como ‘censure votes’, un tipo de reproche sin carácter vinculante dirigido a un ministro o incluso al primer ministro, sin obligación de renunciar.
En la Knéset de Jerusalén abundan los votos simbólicos de no confianza. Sin embargo, el sistema israelí es unicameral y proporcional, requiere coaliciones múltiples y habitualmente cuenta con mayorías estables que se rompen desde dentro, no por iniciativa de la oposición.
En democracias parlamentarias europeas, las mociones de censura son comunes en Italia (y ahora también en Francia). Los votos de confianza se utilizan de forma defensiva por los gobernantes, como ocurrió recientemente en Polonia (Tusk, 2025) y Eslovaquia (Fico, 2026).
Lo inusual en España es que una Cámara que dispone legalmente de herramientas para derribar al Ejecutivo haya tenido que recurrir a un subterfugio jurídico para manifestar la retirada de confianza, apelando a las prerrogativas personales del presidente: la cuestión de confianza o la dimisión.
El texto
El núcleo del documento aprobado este jueves por el Congreso parte de la «expresión del deseo» de una convocatoria urgente de elecciones. En el segundo punto, el Congreso «exige la dimisión inmediata en bloque del Gobierno».
En el tercer punto, indica que «en caso de no convocar elecciones, insta al Presidente del Gobierno a valorar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza«, copiando casi textualmente una propuesta de Junts de hace año y medio.
Los dos párrafos finales constituyen una postura clara: en el punto cuatro se «exige que la asunción de responsabilidades se produzca mediante dimisión» debido a la acumulación de «investigaciones sobre casos de corrupción». El quinto se refiere a la «libertad» del Congreso para desarrollar sus funciones «sin más censuras ni vetos» por parte de la Mesa.
Esto significa que la moción no declara de forma formal la pérdida de confianza del Gobierno por parte de la Cámara, pero sí afirma que dicha confianza ha dejado de existir, constituyendo un reproche político máximo a Sánchez y su Ejecutivo.
Sánchez, obligado a ir
Resultó llamativa la presencia del presidente en el hemiciclo durante la votación del jueves. Habitualmente, Sánchez se ausenta y vota telemáticamente por compromisos de agenda, pero esta vez no solicitó el voto a distancia.
No obstante, la ausencia del diputado de Vox Javier Ortega Smith, que estaba en una junta de portavoces en el Ayuntamiento de Madrid, abría la posibilidad de que una simple abstención de Junts bastara para rechazar la moción, si el resto de la coalición de investidura votaba en contra.
Sin embargo, los separatistas catalanes, que el día previo en el Senado se ausentaron para no votar la moción similar del PP, esta vez se sumaron al PP y a Vox, junto con el diputado de UPN.
«El texto sobre la cuestión de confianza era idéntico al nuestro de 2025», explicó una fuente de Junts a este medio. «Por coherencia, votamos a favor».
El documento se votó por puntos, y los seguidores de Míriam Nogueras también apoyaron el pedido de dimisión de Sánchez. «¿Cómo vamos a rechazar exigir su dimisión si fue lo que pedimos el miércoles en el debate sobre corrupción?», añadió el portavoz.
En Génova interpretan ese giro como un triunfo tanto táctico como moral: «Sánchez acudió al Congreso pensando que su voto le salvaría de una derrota. Una suerte que haya venido y que se haya podido ver su reacción en directo cuando la Cámara le exigió la dimisión».
Otra dirigente del PP resumía con satisfacción: «Estas cosas cuestan, ¡pero han logrado salir adelante!».
Los sectores de Feijóo reivindican haber logrado, en dos días consecutivos, que Senado y Congreso transmitan un mensaje unificado: que Sánchez siga en Moncloa es legal, pero cada vez más complicado de sostener «en términos de legitimidad política».