Las claves
La UDEF identifica que Zapatero habría recibido 200.000 euros por intervenir ante el presidente de Bolivia en favor del Grupo Gloria.
El propósito fue evitar una multa millonaria contra la cementera Soboce, perteneciente al Grupo Gloria, por competencia desleal.
La intermediación incluyó negociaciones directas con altos funcionarios bolivianos y se presentó como asesoría mediante la empresa Focus Social Research.
La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, junto con otros empresarios, también participaron en estas gestiones que actualmente están bajo investigación por la Audiencia Nacional.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional afirma haber detectado un nuevo caso de tráfico de influencias protagonizado por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
En esta ocasión, la actuación fue en favor del Grupo Gloria. Este conglomerado empresarial peruano está presente en varios países de Sudamérica.
Una empresa del grupo, la cementera Soboce (acrónimo de Sociedad Boliviana de Cementos), fue sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y debía abonar alrededor de 107 millones de dólares (casi 95 millones de euros) a una competidora debido a prácticas desleales.
Según el informe, ya remitido al juez José Luis Calama, Zapatero intervino, «en las más altas esferas», favoreciendo los intereses de Soboce.
Y, conforme a la UDEF, lo hizo directamente ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, así como otros funcionarios clave, tales como los ministros de Economía y Justicia y el Procurador General del Estado boliviano.
Como compensación, habría recibido 200.000 euros de la empresa peruana Focus Social Research SAC, sobre la cual Zapatero se negó a dar declaración cuando fue interrogado, el pasado 17 de junio, por Calama en la Audiencia Nacional.
La teoría policial expuesta por la UDEF sostiene que estas tareas en beneficio de Soboce se ocultaron mediante contratos de asesoría y que el pago —realmente efectuado por el Grupo Gloria— fue canalizado a través de Focus Social Research como una «sociedad pantalla».
En mayo de 2025, una Sala Constitucional de La Paz dictó una resolución que dejaba sin efecto temporalmente la sentencia que obligaba a la cementera a abonar los 107 millones de dólares.
Actualmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia debe emitir un fallo que ratifique o anule la decisión de la Sala Constitucional.
La secretaria de ZP
El informe de la UDEF, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, detalla las gestiones realizadas por la secretaria de Zapatero —Gertrudis Alcázar, también investigada por el juez Calama— con el Ejecutivo de Arce.
El 11 de septiembre de 2024, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada Tejada, confirmó a Alcázar una cita entre el presidente boliviano y Zapatero para cuatro días después, en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.
En todas estas gestiones intervino igualmente Fabiola Salazar Calle, jefa de gabinete de Arce, quien se comunicó vía correo electrónico con Gertrudis.
La reunión fue planeada como parte del viaje que Zapatero realizaba a Bolivia en esas fechas.
Además, el informe de la UDEF menciona un encuentro efectuado el 8 de mayo de 2024 en la sede de Zapatero en la madrileña calle de Ferraz, con Carmen Almendras, embajadora de Bolivia en España de 2007 a 2015 y actualmente asesora senior de Kreab Bolivia SA.
Al día siguiente, Gertrudis Alcázar envió a Almendras un borrador de contrato de asesoramiento para su evaluación, que terminó siendo firmado por Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria.
El viaje a Bolivia
Zapatero consiguió que en ese mismo viaje lo acompañase el secretario general, hasta 2025, de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, junto con dos empresarios de su confianza, los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chachón. El juez Calama también mantiene una investigación sobre ellos.
La relación entre el expresidente español y Luis Arce data de años anteriores, mucho antes de estas gestiones.
De hecho, Arce compartió en 2020, a través de su cuenta de Twitter, una imagen en la que aparecían manteniendo una videoconferencia con Rodríguez Zapatero.
«Gracias por el afecto a Bolivia, el intercambio de ideas respecto a la crisis múltiple que enfrentamos y el respaldo a la lucha pacífica del pueblo para recuperar nuestra democracia», expresó el mandatario latinoamericano.
El contrato final firmado entre Focus Social Research y Zapatero establecía tareas de «asesoría» a cargo del expresidente.
Además de sus honorarios, previstos en tres pagos, se incluía una dieta de 10.000 euros diarios y reembolso por gastos en caso de viajes.
200.000 euros
La UDEF indica que, «según las conversaciones analizadas, los servicios efectuados por Zapatero a cambio de los 200.000 euros no están vinculados a Focus Social Research SAC».
Esta sociedad se dedica al marketing. «Habría sido utilizada como empresa pantalla», concluyen los investigadores.
Como señala el informe policial, durante el registro en la sede de Ferraz se encontró «diversa documentación relacionada con esta sociedad pagadora».
«Las personas responsables de estos pagos a José Luis Rodríguez Zapatero pertenecerían al conglomerado empresarial peruano conocido como Grupo Gloria», sospechan los agentes de la UDEF.
«El objetivo era intentar mediar o influir a favor de este grupo empresarial en varios pleitos millonarios con la Administración Pública de Bolivia», concluyen.