Alcanza los 187,8 euros/m² tras subir un 9,8% en un trimestre, con Baleares y Madrid como los mercados más caros
El coste del suelo urbano aumentó en casi 17 euros por metro cuadrado en apenas tres meses. El precio medio pasó de 171 euros/m² en el último trimestre de 2025 a 187,8 euros/m² en el primer trimestre de 2026, según los datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Este dato refleja un incremento trimestral del 9,8%, situando el valor del terreno urbano en su punto más alto desde 2012, en pleno periodo de crisis de acceso a la vivienda.
Comparando con el año anterior, el precio del suelo urbano creció un 8,7%. Solo hay que remontarse al segundo trimestre de 2012, cuando alcanzó los 195,5 euros/m², para hallar un valor superior. El máximo histórico de la serie, que empezó en 2004, se produjo en el tercer trimestre de 2007, durante la burbuja inmobiliaria, con un precio de 285 euros/m², más de 97 euros por encima del nivel actual.
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Antes de que una vivienda ingrese al mercado, el suelo donde puede edificarse ya ha experimentado una subida. Este aumento se registra justo cuando tanto autoridades como promotores señalaban la escasez de terreno como uno de los principales obstáculos del mercado residencial.
Cuánto cuesta ahora el suelo urbano en España
El análisis trimestral ayuda a concretar el impacto de este aumento. Con el precio medio actual, 100 metros cuadrados de suelo urbano cuestan 18.780 euros, frente a los 17.100 euros que costaban hace tres meses. La diferencia supone un incremento de 1.680 euros por cada 100 metros cuadrados de terreno. En una parcela de 1.000 metros cuadrados, el aumento se traduce en 16.800 euros adicionales respecto al cierre de 2025.
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Este dato debe interpretarse con prudencia, ya que no representa el precio final de una vivienda ni el de la superficie construida, sino el valor medio del suelo urbano transmitido. Sin embargo, este indicador ayuda a comprender una parte del problema estructural: el coste y la disponibilidad del terreno para construir influyen tanto como los materiales, la financiación, la mano de obra o la demanda sobre el precio de la vivienda nueva.
El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.
Baleares y Madrid concentran los precios más altos
Por regiones, el aumento fue generalizado en el primer trimestre. El precio del suelo urbano subió en todas las comunidades autónomas excepto en País Vasco, donde descendió un 14,5%; La Rioja, con una caída del 10,9%; y Extremadura, donde bajó un 6,8%. Los incrementos más significativos se registraron en Galicia, con un 44%; Navarra, con un 35,4%; Comunidad Valenciana, con un 25,8%; Madrid, con un 24,2%; y Cantabria, con un 21,8%.
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Los valores más altos corresponden a Baleares y Madrid, dos de los mercados con mayor presión inmobiliaria. En Baleares, el suelo urbano alcanzó los 449 euros/m², incrementándose un 17% respecto al mismo periodo del año anterior. En Madrid, el precio se situó en 380,6 euros/m², tras experimentar una subida interanual del 24,2%.
Más compraventas en plena falta de suelo disponible
El aumento de precios coincide, además, con un crecimiento en las transacciones. Entre enero y marzo se formalizaron 7.526 compraventas de suelo urbano, un 17,1% más que el año anterior. Asimismo, la superficie transmitida aumentó: en total se vendieron 8.080.100 metros cuadrados, lo que representa un 12,4% más en comparación con el primer trimestre del año precedente.
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Este encarecimiento ocurre en un contexto donde el desarrollo de nueva vivienda no solo depende de incrementar la construcción, sino de contar con terreno suficiente, viable y con seguridad jurídica. El sector lleva varios meses demandando cambios en el uso de ciertos suelos terciarios hacia residencial para ampliar la oferta, mientras que en el Congreso aún está pendiente la reforma de la Ley del Suelo, destinada a evitar que las planeaciones urbanísticas sean anuladas por defectos formales.