La máxima corte de Grecia dictaminó que la EPPO no tenía legitimación para impugnar una decisión nacional que limita el mandato de los fiscales a dos años en lugar de cinco.
El Tribunal Supremo de Casación de Grecia, Areios Pagos, ha rechazado como inadmisible una apelación presentada por la Oficina Europea del Fiscal Público (EPPO), dirigida por Laura Kövesi. La decisión, adoptada en sesión cerrada, contó con un amplio respaldo: 72 miembros votaron por desestimar, mientras 10 se pronunciaron en contra.
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La apelación se refería a una resolución adoptada por el Consejo Judicial Supremo de Justicia Civil y Penal, compuesto por 11 miembros, que amplió por dos años los mandatos de tres fiscales europeos delegados griegos: Popi Papandreou, Charikleia Thanu y Dionysios Mouzakis.
La EPPO intentó revocar dicha resolución, alegando que el Colegio de la EPPO ya había decidido renovar los mandatos de los fiscales por cinco años.
En sus fundamentos, la Sala Plena concluyó que la legislación griega que regula la condición de los miembros del poder judicial otorga derecho a apelar únicamente a jueces y fiscales —y solo si han obtenido al menos dos votos disidentes en el Consejo Judicial Supremo—. En este caso, la decisión del Consejo fue unánime.
Por ello, el tribunal determinó que la EPPO carecía de legitimación para apelar en representación de los tres fiscales, rechazando el caso por inadmisible.
Los argumentos de la EPPO ante la Sala Plena fueron expuestos por el profesor de derecho constitucional Spyros Vlachopoulos, quien resaltó la supremacía del derecho de la UE y la necesidad de aplicar de forma uniforme las decisiones del Colegio de la EPPO en todos los Estados miembros. Sostuvo que la renovación por cinco años fue decidida de manera centralizada para todos los fiscales europeos delegados y no debería variar según el país, advirtiendo que tales diferencias socavarían la unidad y cohesión de la institución.
Vlachopoulos también solicitó que la Sala Plena remitiera el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para obtener un pronunciamiento preliminar. Esta postura contó con el respaldo de una minoría dentro de la Sala, tanto respecto a si Kövesi tenía legitimación para presentar la apelación como a la autoridad competente para renovar los mandatos de los fiscales europeos delegados.