Diversos archivos desvelados en la investigación comenzaron a señalar a Ábalos, acortando el camino de corrupción a su alrededor. Actualmente, estos documentos fundamentan la condena histórica contra el ex ministro.
«La UCO detiene al hombre de confianza de Ábalos, Koldo García Izaguirre, por formar parte de una red que obtenía comisiones ilegales durante la pandemia». Ese fue el primer titular que publicó este periódico relativo a lo que hoy se conoce como caso Koldo. Ocurrió el 21 de febrero de 2024 y, poco después de dicho anuncio, el ex ministro José Luis Ábalos afirmó en el Congreso que «en absoluto» tenía conocimiento del asunto. No obstante, la evolución de la investigación evidenció lo contrario. En octubre de 2024, Anticorrupción atribuyó al ex secretario de Organización del PSOE un «rol principal» en la red y señaló que «resulta complejo entender» la operación desarrollada por Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama «sin la intervención de Ábalos». Esa hipótesis ha sido reforzada por los investigadores con diferentes indicios recopilados en informes, archivos, contratos y conversaciones. Diez documentos expresan claramente el rastro de corrupción vinculado a Ábalos, que ha culminado en su condena histórica: 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
1. LA REUNIÓN EN ‘LA CHALANA’
Este diario publicó la foto que acredita la reunión entre el ex ministro y su ex asesor en enero de 2024, momento en que Ábalos ya estaba al tanto de la investigación contra Koldo García. En ese encuentro, celebrado en el reservado del restaurante La Chalana (Madrid), la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) concluyó que Ábalos actuaba como «intermediario» para la red que obtuvo comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.
2. LAS MASCARILLAS DE TRANSPORTES
El caso Koldo acabó investigándose en varias causas separadas, y la sentencia conocida ayer sólo se refiere a la primera de ellas, centrada en el cobro de comisiones por la compra de mascarillas —quedan pendientes las causas relacionadas con manipulación de contratos de obras públicas y con pagos en efectivo al PSOE—. En esta parte juzgada por el Tribunal Supremo, un documento resultó clave para reflejar el rol de Ábalos en la adquisición de material sanitario a la empresa vinculada a la red: la auditoría que encargó el ministro Óscar Puente para examinar las actuaciones de su antecesor en el Ministerio de Transportes. La revisión reveló que Ábalos firmó una orden para comprar cuatro millones de mascarillas a la empresa de la red —Soluciones de Gestión— que fue revocada a los 38 minutos para aumentar la compra a ocho millones. Los auditores señalaron que «podría parecer que la duplicación en tan pocos minutos estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades reales».
3. Y DE OTRO MINISTERIO
En una entrevista con EL MUNDO, Koldo García indicó que ofreció a «cuatro ministerios» la opción de comprar mascarillas a Soluciones de Gestión. Finalmente, aparte de Transportes, Interior también adquirió material a esta empresa. Además, un mensaje de Aldama difundido por el periódico mostró cómo Ábalos dirigía la red para alcanzar sus objetivos dentro del Gobierno. En ese whatsapp, el comisionista mencionaba tres ministerios: Transportes, Industria y Transición Ecológica.
4. LAS MASCARILLAS EN BALEARES
La influencia de la trama Koldo en las administraciones superó los ministerios y sus organismos dependientes —como Puertos o Adif—. También el gobierno autonómico de Baleares, en aquel entonces presidido por la socialista Francina Armengol, adquirió mascarillas a Soluciones de Gestión durante la pandemia. Este medio publicó el certificado de calidad que el Govern socialista emitió sobre el material comprado a la empresa de la red, donde además se indicaba que el importe adquirido ascendió a 3,7 millones de euros. Armengol afirmó desconocer «cualquier detalle» del contrato que su gobierno firmó, ratificando las declaraciones de los responsables de esa adjudicación, que señalaron que la compra se realizó siguiendo la recomendación del Ministerio de Transportes a través de Koldo García.
5. Y EN CANARIAS
Ese documento y otros fueron clave para rastrear la trama más allá del Ministerio, conduciendo a la comparecencia como testigos en el juicio de Armengol. De igual forma, el ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció en el proceso porque durante su mandato también se compraron mascarillas a la empresa de la red. EL MUNDO reveló una serie de whatsapps entre Torres y Koldo García que evidencian cómo Aldama utilizó al ex asesor ministerial para agilizar los cobros con el entonces presidente de Canarias —García solicitó a Torres que su gobierno abonara cuanto antes las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión—. «Hoy dormiré más tranquilo», respondió el socialista tras efectuarse el pago, palabras que el actual ministro justificó señalando: «Existía un contrato que establecía que se debía pagar un 50% por adelantado. Habían pasado cinco o seis meses y no se había pagado nada».
6. EL EMPLEO PARA JÉSICA RODRÍGUEZ
El cobro de comisiones por los contratos de mascarillas constituye el núcleo central del caso, pero surgieron nuevas aristas que también se juzgaron en el Alto Tribunal, resultando en hechos probados. Este es el caso de la contratación de la ex pareja del ex ministro, Jésica Rodríguez, en dos empresas públicas: Tragsatec e Ineco. Rodríguez percibió salarios en estas dos entidades durante dos años y medio tras la intervención de Ábalos para conseguirle dichos empleos. Tragsatec entregó al Supremo la documentación del proceso selectivo al que se sometió Rodríguez, donde se incluían valoraciones como: «Puede requerir ayuda para no cometer errores en trabajos muy exigentes». Este expediente, junto con el currículum y otra documentación de su paso por estas compañías, fue determinante en la investigación, especialmente después de que ella misma confesara que no tenía intención de trabajar.
7. Y EL PISO DE LUJO PARA ELLA
Jésica Rodríguez no solo consiguió, mediante Ábalos, dos empleos, sino también un piso cuyo alquiler fue pagado por la trama, según considera probado el Supremo basado en las pruebas acumuladas. La defensa de Aldama presentó al Alto Tribunal documentos que incluyen una serie de correos electrónicos intercambiados entre un socio del comisionista y la agencia inmobiliaria encargada del alquiler del inmueble. El pago de esta lujosa vivienda situada en la madrileña Plaza de España se contabilizó entre los gastos asumidos por Aldama a petición de Ábalos y Koldo García, a cambio de favores en diversas adjudicaciones públicas. En la secuencia de mensajes se especificaban tales pagos, que sumaron un total de 82.298,40 euros en dos años.
8. EL LOCAL EN VALENCIA
En su colaboración con la Justicia, Aldama también presentó ante el Supremo un escrito en el que afirmaba haber entregado al menos 20.000 euros en efectivo a Ábalos para la compra de un local en Valencia. En el contrato de adquisición figuraba que el ex ministro pagó 90.000 euros por el inmueble, pero según la defensa de Aldama, en un dispositivo electrónico del empresario se encontró una «evidencia» que reflejaba un precio de 110.000 euros para ese local. Por tanto, había una diferencia de 20.000 euros que, según el escrito, Aldama habría pagado en efectivo. La defensa de Ábalos negó dicha operación descrita por el empresario en un escrito oficial.
9. EL PISO EN CASTELLANA
Aldama también presentó ante el Supremo un contrato que firmó con el ex ministro de Transportes —y que EL MUNDO publicó— por el que Ábalos recibió gratuitamente un piso en el Paseo de la Castellana (Madrid). Según explicó el empresario en su escrito remitido al Alto Tribunal, aquella operación mediante la cual Ábalos adquiría el inmueble «sin contraprestación» constituía una «garantía a favor» del ex ministro para asegurar el compromiso de ciertas constructoras de pagar comisiones en caso de resultar adjudicatarias de contratos públicos. Aldama declaró ante el Supremo que Ábalos nunca llegó a habitar esa vivienda, aunque el documento forma parte de la causa.
10. Y EL CHALÉ EN SOTOGRANDE (CÁDIZ)
Existió otro inmueble donde el ex ministro sí residió. EL MUNDO informó que Ábalos fue arrendatario gratuito durante al menos seis meses de un chalé en la urbanización Alcaidesa Playa, cerca de Sotogrande. El contrato indica que la propiedad fue adquirida por una empresa vinculada a Aldama y que el ex ministro fue desalojado por impago. Ábalos manifestó que no existía ninguna ilegalidad en esta situación, cuyo expediente documental fue puesto a disposición del Supremo. Junto con el resto de pruebas reunidas en la investigación, estos documentos contribuyeron a aclarar el papel desempeñado por el ex ministro en la red criminal.