El abogado sostiene que la resolución impugnada «debe ser declarada nula
La mujer que presentó denuncia contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por una presunta agresión sexual, ha vuelto a solicitar al juez que se le impida comunicarse con ella.
Mediante un escrito, su abogado Jorge Piedrafita interpuso un recurso contra la resolución en la que el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid rechazaba la medida cautelar de prohibir que González tenga contacto con la denunciante.
El letrado argumenta que la decisión recurrida «debe ser anulada» y revocada por presentar una motivación insuficiente incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, así como al incumplimiento de las «exigencias de control característicos de toda resolución judicial restrictiva o denegatoria de tutela cautelar».
En el recurso, Piedrafita sostiene que el juez desestimó la orden de protección «sin realizar una verdadera evaluación de todos los presupuestos» que requiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De acuerdo con el magistrado, el investigado «no se ha acercado» ni ha mantenido comunicación alguna con la denunciante desde el mes de julio. Además, consideró que no existía riesgo de que durante esta fase de instrucción se produzca «algún tipo de presión hacia la querellante», considerando que el ex DAO «ya no ocupa el puesto de máxima autoridad policial».
No obstante, Piedrafita opina que la resolución del juez «está equivocada» al analizar las circunstancias del caso y rechazar la existencia de riesgo basándose en «una valoración fragmentaria e insuficiente de los elementos presentes».
«Convierte la ausencia de contacto reciente en argumento excluyente del riesgo, cuando precisamente la medida solicitada —la prohibición de comunicación por cualquier medio— cumple una función preventiva clave: evitar futuros encuentros, perturbaciones, intimidaciones indirectas o situaciones de revictimización», señala. Por ello, destaca que el riesgo también afecta a la salvaguarda de la seguridad, tranquilidad e integridad psicológica de la víctima.
En consecuencia, el abogado solicita que el juez revoque la resolución y ordene la protección consistente en la prohibición de comunicación con la víctima, o alternativamente, que se realice una valoración policial actualizada del riesgo y se reconsidere la adopción de la medida.
La mujer ratificó su denuncia ante el juez el pasado 17 de marzo. Según su defensa, lo hizo mediante una declaración en la que detalló los hechos y acreditó «todos los extremos que se le preguntaron». Por su parte, el ex DAO negó haber cometido agresión sexual contra la subordinada y atribuyó la denuncia a las «pretensiones profesionales y personales» de la denunciante.