Estados Unidos ha solicitado una justificación formal a la Comisión Europea acerca de la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La iniciativa española permitiría que entre 500.000 y 840.000 migrantes accedan a autorizaciones de residencia y trabajo, facilitando su movilidad dentro del espacio Schengen.
La Comisión Europea y varios Estados miembros manifiestan inquietudes sobre posibles riesgos de seguridad y deficiencias en la coordinación, advirtiendo que las regularizaciones deben ser selectivas y coordinadas.
El proceso español ha sido criticado por disminuir el control de antecedentes penales y podría generar un efecto llamada, según fuentes diplomáticas y europeas.
El Gobierno de Estados Unidos manifiesta una gran preocupación ante la aprobación por parte del Gobierno español de una «regularización masiva» para inmigrantes en situación irregular dentro de España.
Tanto es así, que ha remitido formalmente una solicitud de «explicaciones» a la Comisión Europea, mediante una comunicación oficial que ha sido confirmada por este medio.
El pasado miércoles, un alto funcionario de la Administración de Donald Trump contactó con un alto cargo europeo para trasladarle la «preocupación» por una medida que afecta a todo el espacio Schengen.
Hay que tener en cuenta que los entre 500.000 y 840.000 migrantes beneficiarios de esta regulación, acordada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, obtendrán un permiso para residir y trabajar en España.
Además, podrán desplazarse libremente por todos los países, tanto de la UE como externos pero firmantes del Tratado de Schengen, para residir o buscar empleo. Esto incluye a toda la Unión excepto Chipre e Irlanda, así como a otros cuatro firmantes: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Esto se debe a que las normativas comunitarias no otorgan a la Unión competencias en políticas migratorias.
En realidad, el último Pacto de Migración y Asilo, aprobado durante la presidencia española del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2023, establece una serie de medidas conjuntas para combatir la inmigración ilegal.
Entre esas medidas destacan la facilitación de acuerdos con terceros países y la creación de un mecanismo de solidaridad entre Estados para repartir cuotas de migrantes y refugiados en momentos de mayor presión migratoria.
No obstante, el pacto no regula ni la cantidad ni el procedimiento para que un Estado miembro acoja personas extranjeras, ya que esa responsabilidad recae en las políticas internas relacionadas con el empleo, integración y derechos sociales.
Por esta razón, el pacto exige coordinación entre los países de la UE y los que forman parte del espacio Schengen, dado que decisiones unilaterales afectan a todos.
La Comisión advierte
Así lo expresó esta semana el comisario de Asuntos de Interior y Migración, el austriaco Magnus Brunner, ante el debate monográfico que organizará el Parlamento Europeo este martes sobre la «regularización de ciudadanos extranjeros en España».
Brunner señaló que «los Estados miembros deben asegurar que estas decisiones no comprometan la integridad del espacio común europeo sin controles interiores y evaluar adecuadamente las posibles consecuencias migratorias y de seguridad«.
La declaración se refiere a la cláusula incluida en el decreto español que elimina prácticamente el control de antecedentes penales. Si el país de origen no responde dentro de 30 días, bastará con una «declaración responsable» del solicitante que se considerará prueba de ausencia de delitos.
La Comisión recalca que, aunque «las decisiones y políticas sobre regularización de estancia irregular, incluyendo permisos de residencia, son competencia de los Estados miembros», y la Comisión no actúa en ese ámbito, ningún Gobierno debe proceder unilateralmente.
Además, el Ejecutivo comunitario recuerda que su misión principal, derivada del Pacto de Migración y Asilo firmado entre los Veintisiete y la Eurocámara, es apoyar a los Estados en la reducción de la migración irregular.
Para ello, ofrece herramientas como el refuerzo de la cooperación con terceros países, la prevención de entradas irregulares, una mayor lucha contra el tráfico de personas y la facilitación del retorno de personas sin derecho a permanecer.
Pacto de 2008
En esencia, esto coincide con las directrices del anterior documento legal europeo de 2008, donde los Estados se comprometían a realizar sólo regularizaciones individuales, no masivas, bajo normativa nacional, por motivos humanitarios o económicos.
Ese documento especificaba, hace ya 18 años, que los países deben informar anualmente a la Comisión si modifican sus políticas de regularización motivados por crisis económicas.
De acuerdo con fuentes consultadas en distintos niveles de la UE, «esto no ha sucedido». Sin embargo, tanto la Comisión como el Parlamento han reaccionado, con el debate de este martes y la solicitud de explicaciones por parte de Estados Unidos a Bruselas.
Diálogo diplomático
Fuentes cercanas indican que el asunto se discute semanalmente en encuentros entre funcionarios de la embajada de la UE en Washington y miembros del Departamento de Estado.
Aunque la Administración Trump y su agencia migratoria ICE no son un modelo para la UE en políticas migratorias, la alianza transatlántica permite abordar estos temas a nivel político.
En Washington se valoran no solo la implantación próxima y completa del Pacto de Migración y Asilo 2023, que incluye el traslado a «terceros países seguros» de solicitantes de residencia o refugio, sino también se elogian «los esfuerzos» de gobiernos como los de Italia, Chipre y Grecia para contener la inmigración irregular.
La cuestión es qué sucede con España.
En esas conversaciones diplomáticas, el Ejecutivo europeo ha transmitido a Estados Unidos que las políticas migratorias no forman parte del ejercicio de soberanía transferido a Bruselas. Por ende, poco se puede hacer salvo presionar verbalmente al Gobierno de Sánchez desde la UE y según lo considere oportuno Estados Unidos.
Además, el canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, ha manifestado su descontento con la medida.
Lo expresó hace aproximadamente diez días durante la reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb.
Allí, Alberto Núñez Feijóo señaló que la decisión del Gobierno español contradice «el espíritu y la letra» del pacto europeo.
También denunció que se tomó sin consultar ni a otros Estados miembros ni a la oposición, incluso tramitándose eludiendo el debate en el Congreso.
En charlas informales, Merz expresó a Feijóo su intensa preocupación y consideró ordenar a su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, convocar al embajador español, Pascual Navarro, para consultas.
Reacción de la UE
La inquietud dentro de la UE respecto a la medida española ya se refleja en el aviso formal de la Comisión, que ha señalado que las regularizaciones masivas «no constituyen el camino adecuado».
Brunner insistirá este martes en el Parlamento en que las amnistías migratorias deben ser «selectivas, coordinadas y basadas en criterios claros».
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ya estableció esta postura en su reciente visita a Madrid. La política maltesa criticó a gobiernos que regulan la inmigración «sin una solución europea común» y subrayó que las decisiones nacionales con impacto en Schengen «no deben adoptarse unilateralmente».
A esto se añade la preocupación por la seguridad, compartida en Bruselas y varias capitales. Según este diario, el diseño del procedimiento permite que miles de inmigrantes queden «limpios» en solo un mes, aun habiendo cometido delitos en terceros países.
Fuentes de Interior europeas advierten sobre ese posible «coladero». Indican que el decreto no contempla un intercambio sistemático de datos con Europol, como se evidenció en la reciente reunión del Grupo de Control Parlamentario en Chipre, ni con todos los países de origen y tránsito.
Mientras tanto, el efecto llamada ya es palpable. Los consulados marroquíes en varias ciudades españolas han comenzado a abrir en fines de semana para facilitar a sus ciudadanos la recopilación de documentos y registros en la regularización.
Esta dinámica diplomática demuestra que la medida influye no solo en quienes ya están en España, sino que se percibe en el Magreb como una oportunidad excepcional para obtener documentos en la UE, lo que inquieta a las instituciones ante el riesgo de nuevas entradas irregulares.
Todo ello ocurre en un contexto de creciente inquietud social por la inmigración en Europa. Según el Eurobarómetro más reciente, dos de cada tres europeos identifican la inmigración como uno de los principales desafíos.
Además, la mitad de los ciudadanos comunitarios demanda «mayor unidad» dentro de la UE y políticas comunes para afrontar retos compartidos, una necesidad de coordinación que contrasta con la decisión del Gobierno de Sánchez.