Diputados, senadores y líderes territoriales se coordinan para impedir que el nuevo modelo territorial sea presentado al Congreso
En un lunes de esta legislatura, cuando todavía se realizaban reuniones matutinas en Moncloa para planificar la semana—práctica que dejó de realizarse en 2025—, uno de los principales dirigentes del PSOE aprovechó la reunión a puerta cerrada con Pedro Sánchez para manifestar su desacuerdo con una medida del Gobierno. «Nosotros no nos identificamos con eso», justificó su crítica constructiva. Por la tarde, desde Ferraz le llamaron la atención para que no volviera a hacerlo: «¡Que Pedro te va a coger manía!«.
Este episodio ilustra el grado en que la crítica interna está actualmente prohibida en el PSOE. En público, casi nadie se atreve a expresar desacuerdos, y quienes lo hacen de manera reiterada son etiquetados como «de derechas», «desleales» o, directamente, «fachas». El recuerdo de aquellos comités federales intensos donde la palabra no se usaba para elogiar a Felipe González, sino para discutir ideas, quedó en el olvido. Hoy, quienes discrepan murmuran entre ellos y se preparan «para el día después» de la era Pedro Sánchez, pero aún no alzan la voz por miedo a represalias.
Esta misma situación se repite ahora en un asunto de clara controversia interna para los socialistas: la financiación autonómica. El nuevo modelo propuesto por el Gobierno, que tiene como base satisfacer las demandas de ERC y ceder a las pretensiones fiscales de Cataluña, ha generado una ola de descontento dentro del PSOE.
De hecho, según fuentes directas consultadas por EL MUNDO, ya existe una coordinación silenciosa entre diputados, senadores y cargos regionales y locales del PSOE para exigir que el nuevo sistema de financiación no se someta a votación en las Cortes.
«No queremos que se vote», asegura a este medio uno de los responsables movilizados para evitar que la propuesta llegue a Pleno y quede archivada tras la legislatura, sin tener que enfrentar esa confrontación. «A muchos militantes les gustaría opinar antes de que se vote«, indican las fuentes, conscientes de que el modelo solo satisface plenamente a los socialistas de Cataluña (PSC), pero no a los socialistas de las otras 14 comunidades autónomas del régimen común.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), todas las comunidades se opusieron salvo Cataluña. Sin embargo, es suficiente con el apoyo del Ministerio de Hacienda y de una sola comunidad para aprobar una medida en el CPFF. El escenario es muy distinto en el Pleno del Congreso, donde el PSOE sabe que no cuenta con los votos necesarios para aprobar su modelo, dado que Junts no lo respalda y algunos aliados de izquierda, como Compromís, BNG o la Chunta Aragonesista, se oponen a cualquier «singularidad» para una sola región.
Varios pesos pesados del PSOE llevan dos años manteniendo contacto entre ellos para reafirmarse en la idea de «no bajar los brazos». «Ahora no es el momento, pero es necesario dejar claro al electorado y a los militantes que llegará el tiempo» para luchar por «recuperar» el proyecto de un PSOE amplio, señalaron recientemente las fuentes consultadas. «Llegará el momento de la catarsis«, advirtieron.
¿Por qué los críticos se oponen a que la financiación sea votada en el Congreso y el Senado? Porque ello provocaría un verdadero cisma interno, dado que muchos diputados y senadores también son alcaldes o líderes regionales, y no podrían justificar en sus territorios un voto por un modelo que consideran injusto. No se debe al monto aportado —que es superior— sino a la clara intención de favorecer a Cataluña, que reclama ordinalidad (limitar la solidaridad para no perder posiciones en el ranking receptor de fondos) y un camino hacia una Hacienda propia.
En el CPFF también se mostraron en contra las otras dos comunidades del régimen común gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha. El Ejecutivo de Adrián Barbón evita calificativos extremos, pero tildó el sistema de «insuficiente», además de expresar «críticas tanto en la forma, por provenir de un pacto con Cataluña, como en el fondo, porque tiende a favorecer la capacidad fiscal de los territorios sobre la de las personas y, por ello, beneficia a las regiones con más recursos».
El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, fue más contundente: «Es una auténtica barbaridad. Una aberración». Por su parte, el presidente regional, Emiliano García-Page, afirmó ayer en su entrevista con EL MUNDO que este sistema representa «un atentado muy grave» y la mayor afrenta contra la igualdad en toda la historia democrática reciente de España. «Es absolutamente reaccionario. En esencia, es el modelo del independentismo de falsa izquierda, ya que defiende privilegios para unos a costa del empobrecimiento de los demás. No se puede calificar de otra manera que no sea regresivo. Es la mayor amenaza a la igualdad entre los españoles de toda la democracia«, señaló.
«Me duele profundamente que, por conveniencia, el Gobierno esté planteando esto, negociando con lo más sagrado para un socialista, que es la igualdad. En este modelo, las comunidades más ricas salen muy beneficiadas y los demás perdemos«, lamentó.