Estos dos indicadores experimentaron un crecimiento notable desde 2021 y han mostrado una tendencia hacia la moderación en los últimos cinco años, aunque de maneras distintas
Cuando los precios del gas y la electricidad se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, muchas familias españolas notaron un fuerte impacto en sus facturas. Sin embargo, estos mismos precios, que llegaron a multiplicar entre cinco y ocho veces su valor promedio durante 2017-2019, han ido disminuyendo gradualmente hasta regresar a niveles más habituales en 2024 y 2025. Por otro lado, los alimentos —especialmente los no procesados— han seguido una trayectoria distinta: se incrementaron considerablemente y apenas han experimentado retrocesos, con una inflación que se ha mantenido cerca del 6% durante el último año en España, según el Boletín número 28 de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado recientemente.
La diferencia entre estos dos componentes es uno de los aspectos más destacados en el análisis de precios que presenta el informe. La energía y los alimentos no procesados son, precisamente, los dos elementos más volátiles del índice armonizado de precios al consumo que publica Eurostat. Ambos registraron aumentos significativos desde 2021 y mostraron tendencias de moderación hacia el final del periodo estudiado. Sin embargo, aquí termina la similitud. Mientras que los precios energéticos se corrigieron en la misma medida en que aumentaron, los alimentos no procesados no siguieron esta pauta.
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Fedea describe esta resistencia a la caída como “preocupante” y enfatiza que se manifiesta “especialmente en España”. La inflación subyacente, que excluye tanto la energía como los alimentos no procesados, se ubica alrededor del 3% tanto en España como en la Unión Europea (UE), con una leve tendencia descendente en el bloque y al alza en el caso español. Este detalle añade complejidad al diagnóstico: no solo es que los alimentos no procesados no disminuyen, sino que las presiones inflacionarias en España son más persistentes que en el resto de Europa.
El intervalo estudiado por Fedea comienza en 2022, en plena recuperación pospandemia, y se extiende hasta comienzos de 2026. Durante este período, la inflación general en España superó el 10% en el segundo semestre de 2022, un nivel que no se veía desde hacía cuatro décadas. La reducción posterior fue rápida: el índice general cerró junio de 2023 en 1,6%, para luego repuntar hasta alrededor del 3% a finales de ese mismo año. Durante 2024 y 2025, la inflación general osciló entre 2% y 4%, con una caída algo más marcada en Europa comparada con España.
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Otros indicadores que reflejan un panorama favorable
De acuerdo con el informe de Fedea, el contexto macroeconómico en España durante los últimos cinco años resulta, en términos generales, favorable. El PIB real español creció a una tasa media anual del 2,87% entre 2022 y 2025, frente al 1,01% de la Unión Europea, posicionando a España como líder del bloque europeo. Los salarios, que perdieron poder adquisitivo durante los periodos de mayor inflación, han ido recuperándose gradualmente. El Euribor a doce meses, que superó el 4% en 2023 reflejando el endurecimiento de la política monetaria, mostró una tendencia decreciente a partir de 2024. No obstante, la recuperación del poder adquisitivo enfrenta en los precios de los alimentos no procesados uno de sus principales obstáculos.
En un "escenario de incertidumbre", el Gobierno actualiza su cuadro macroeconómico. Carlos Cuerpo señala que la evolución de los precios obliga a un ajuste automático al alza de la inflación, elevando el deflactor del PIB del 2,1% al 3,1%.
El escenario podría complicarse en los próximos meses. El comienzo de la guerra en Oriente Medio, que el boletín sitúa en las semanas previas a su publicación, ya ha provocado un incremento en los precios de la energía reflejado en los datos de marzo de 2026. Si esta alza se consolida, los costos relacionados con la producción y distribución de alimentos podrían volverse a presionar al alza. Fedea advierte que el impacto dependerá de la duración del conflicto y de los daños que pueda sufrir la capacidad productiva de la región del Golfo Pérsico, aspectos aún imposibles de prever en este momento.
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El Gobierno de España respondió a la nueva crisis energética mediante el Real Decreto-ley 7/2026, que contempla rebajas temporales en los impuestos especiales sobre hidrocarburos y electricidad, una reducción del IVA sobre productos energéticos del 21% al 10% vigente hasta el 30 de junio de 2026, y el incremento de los descuentos del bono social eléctrico y térmico para consumidores vulnerables. El propio informe de Fedea cuestiona la efectividad de algunas de estas medidas: las rebajas fiscales generalizadas favorecen el consumo excesivo de energía en un momento en que el ahorro sería deseable, y las ayudas a las familias deberían dirigirse mediante transferencias directas limitadas a los más necesitados, en lugar de a través de descuentos aplicados indiscriminadamente.