El PSOE prometió a Cataluña para 2025 esta competencia, aunque nunca llegó a concederla.
La Ertzaintza se convertirá en la primera policía autonómica española en intervenir en la gestión de la inmigración, un asunto que ha sido muy polarizador y movilizador en la política española reciente. Cataluña lleva un tiempo intentando conseguir este rol frente a Moncloa, sin que, por ahora, haya logrado avances más allá de declaraciones.
Concretamente, el cuerpo de policía autonómico vasco participará de manera complementaria en el ámbito de extranjería, en aquellos aspectos que tengan relación directa con la seguridad y el orden público en el País Vasco, tal y como acordaron ayer textualmente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.
Según fuentes del Ministerio, el acuerdo mantiene la exclusividad de la Policía Nacional en los procedimientos de expulsión, pero satisface parcialmente una solicitud de los socios del Gobierno, además de alinearse con una demanda clara de la derecha política: asumir competencias en inmigración y el control del tránsito y asentamiento de extranjeros en España.
La actuación de la policía autonómica vasca estará obviamente limitada a su territorio, y en términos prácticos consiste en que la «información operativa y de contexto generada por la Ertzaintza se integrará en los informes emitidos por la Policía Nacional para los procedimientos de expulsión conforme a la Ley Orgánica 4/2000».
De forma más específica, la Ertzaintza apoyará informativamente a la Policía Nacional en asuntos de extranjería, orientando expedientes de expulsión en casos de delincuencia grave, reincidencia, pertenencia a bandas criminales, violencia, afectación significativa de la seguridad ciudadana o alteraciones del orden público en Euskadi. Y, tal como puntualizaron fuentes ministeriales a EL MUNDO, esto se hará «respetando la competencia estatal en materia de extranjería».
El contraste con Cataluña resulta evidente, dado que la inmigración no solo moviliza votos, sino que tiene un impacto social considerable en ciertas áreas. El 4 de marzo de 2025 se anunció con gran promoción que, en un acuerdo para estabilizar la legislatura, PSOE y Junts —partido que pierde apoyo frente a Aliança Catalana entre el electorado anti-inmigración— habían pactado el traspaso de competencias de extranjería a Cataluña. Ese mismo día, el president Salvador Illa lo celebró públicamente afirmando: «Cualquier avance competencial y mejora del autogobierno es siempre bienvenido».
Sin embargo, desde entonces no se volvió a tener noticias y, quince meses después, el juego político y las promesas parecen agotarse para Junts, que ha pasado de sostener la estabilidad a solicitar públicamente a Sánchez, hace solo un mes, que «disuelva las cámaras y convoque elecciones». En este contexto, el sindicato mayoritario de Mossos d’Esquadra, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, considera que esa transferencia anunciada pero no ejecutada «es completamente inviable», según declaró a EL MUNDO Albert Palacio, su portavoz, «porque no existen efectivos suficientes, y además la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan esa labor eficazmente». Palacio añade que, «para 2031, según nuestros cálculos, el 50% de los agentes de Mossos estarán en segunda actividad, es decir, superando los 57 años, con lo que la presencia activa en tareas operativas disminuirá notablemente. Asimismo, la formación requerida para asumir esas competencias debería ser muy extensa… Pero con la clase política actual todo es posible, dado que están más preocupados por sus propios intereses que por los ciudadanos», concluyó Palacio.
La medida respecto al País Vasco, que permite al Ejecutivo del PNV exhibir una concesión obtenida de Madrid, se anunció junto a otras dos iniciativas que el Gobierno central planea llevar al Congreso en un movimiento que probablemente resultará exitoso en un contexto legislativo muy complicado para aprobar leyes. Las otras dos propuestas, que deberán ser debatidas en las cámaras, son: un endurecimiento de las penas para reincidentes según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y una modificación del Reglamento de Armas destinada a «reforzar la prevención, control y régimen sancionador por el porte y uso de armas blancas en espacios públicos». Se trata de dos iniciativas frente a las que PP y Vox difícilmente podrían oponerse. Esta estrategia podría representar una victoria para Sánchez en cualquier caso, no solo por conceder a uno de sus socios una de sus demandas. Si logra aprobar ambas normas, demostraría una continuidad legislativa, a pesar de que esta se encuentra paralizada desde hace meses. Y en caso contrario, de no obtener el apoyo de PP y Vox, Sánchez conseguiría que sus adversarios voten en contra de sus propios intereses, quedando expuestos como incoherentes y apresados por el ansia de poder.
El Gobierno vasco, a través del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, quien se reunió telemáticamente con Marlaska para formalizar el acuerdo, se comprometió a «colaborar en la búsqueda de mayorías parlamentarias» que faciliten la aprobación de estas normas. Este respaldo del PNV supera la garantía de sus cinco votos y podría resultar decisivo para sumar también a Junts, en una de las últimas oportunidades para el Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar una reforma legal en esta legislatura.