El ex director ejecutivo de Globalia negó haber entregado sobornos a Ábalos a cambio del rescate de Air Europa: «Fue el préstamo más desfavorable del mundo».
Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, ha negado este martes cualquier beneficio concedido al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García como contraprestación por el rescate de la aerolínea Air Europa durante la crisis provocada por la pandemia.
El testigo, que prestó juramento asegurando decir la verdad, afirmó desconocer que el Ministerio de Transportes hubiera difundido una nota de prensa anticipando su intención de rescatar a la aerolínea. Según informes de la UCO, el Ministerio emitió dicho comunicado con el objetivo de aliviar la situación financiera de la empresa, lo que permitió al ministro Ábalos evitar pagar el chalé en Marbella donde planeaba pasar 11 días de vacaciones en agosto de 2020.
De igual modo, Hidalgo rechazó que se haya pagado comisión alguna a Aldama o Koldo por facilitar el rescate de Air Europa. En una declaración anterior durante el juicio, la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor afirmaron que Aldama les indicó que él y Koldo García habían recogido medio millón de euros en casa de Juan José Hidalgo —padre del testigo actual— como recompensa por ese logro exitoso. «¿Ha entregado usted 500.000 euros a Koldo o Aldama por el rescate de Air Europa?», preguntó la abogada Leticia de la Hoz. «No», fue la respuesta categórica del testigo. Asimismo, negó rotundamente que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, haya intervenido en el rescate.
Durante su declaración, Javier Hidalgo criticó las condiciones asignadas al rescate de su empresa en comparación con otras aerolíneas como Iberia, estableciendo una comparación directa en el interrogatorio. «A Iberia le otorgaron 1.000 millones sin cuestionamientos», afirmó con notable indignación. «Es el peor préstamo concedido globalmente», declaró Hidalgo refiriéndose a su compañía.
Por otro lado, el empresario evitó calificar como «nota de prensa» el documento emitido por la SEPI que anunciaba la aprobación al rescate de Air Europa. Sí reconoció estar al tanto de ese «comunicado oficial» publicado en septiembre de 2020. Tras varios cuestionamientos por parte del fiscal jefe Alejandro Luzón, describió el escrito como «un documento de la SEPI, en español e inglés, para mostrarlo a los acreedores».
Por otra parte, el testigo explicó que Aldama gestionaba la «parte institucional» de la compañía, encargándose de mantener contacto con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía durante el complicado proceso de rescate. «Obviamente, el señor Ábalos debía estar informado, al igual que el Ministerio de Economía», indicó. «Mantenía comunicación con varios ministros (…) Simplemente actuaba como un canal transmisor», añadió.
Aldama, interlocutor con «Delcy»
Por otro lado, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, interrogó a Hidalgo acerca de la deuda de 200 millones que el gobierno venezolano mantenía con Air Europa. El testigo indicó que no tiene constancia de que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero haya intervenido en dicho asunto. Además, manifestó que el gobierno de Venezuela propuso diversas formas de pago como «hoteles» o «criptomonedas», las cuales no fueron aceptadas por la compañía.
En contraste, Javier Hidalgo recordó no tener claro si el gobierno chavista ofreció saldar su deuda mediante pagos en petróleo a través de la empresa estatal venezolana PDVSA. Admitió que delegó esta gestión a Aldama porque mantenía contactos con el ministro de Turismo venezolano y también con Delcy Rodríguez.
Asimismo, el Tribunal Supremo escuchó hoy los movimientos de la red en dos ministerios distintos al de Transportes, gobernado por José Luis Ábalos, según relataron otros testigos. En Industria, una de las compañías que presuntamente los acusados querían favorecer logró concertar una reunión con el jefe de Gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto. En Interior, otra empresa cercana, que suministró mascarillas a Adif y Puertos del Estado, también pudo cerrar negocios.
El ex jefe de Gabinete de Maroto reconoció haber gestionado un encuentro con los socios de Villafuel, una pieza clave en el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional. La reunión con Juan Ignacio Díaz Bidart se dio a solicitud de Koldo García, asesor de Ábalos. Tuvo lugar en diciembre de 2020 y contó con la asistencia de Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, y Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.
Buscaban obtener una nueva licencia para comercializar hidrocarburos, actividad para la que Industria no tenía competencia. «¿Por qué entonces mantuvo la reunión?», preguntó el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. «Si se trataba de hidrocarburos, había alguna competencia en Industria, dependiendo del caso», se defendió el ex jefe de Gabinete, quien terminó derivando a Rivas y Pano al Ministerio de Transición Ecológica.
Las acusaciones quisieron precisar qué rol pudo desempeñar la propia Maroto. «¿Informó a la ministra sobre la reunión?» El testigo respondió: «En el Gabinete filtramos las reuniones. No recuerdo ahora si se lo comuniqué ese día, porque había cuatro asuntos importantes en la agenda», mostrando un tono más ambiguo que en su testimonio previo ante la Audiencia Nacional, donde afirmó que probablemente no informó a su superiora.
El testigo negó haber cenado con Koldo y Víctor de Aldama, contrario a lo que algunas notas incautadas en la investigación parecen sugerir. También minimizó la relevancia de la reunión en Industria. Al ser cuestionado por la defensa de Koldo, afirmó que diariamente tenía «seis o siete» encuentros similares al de Villafuel.
El último en declarar por la mañana fue Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior bajo Fernando Grande-Marlaska durante la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa promovida por los tres acusados. Actualmente en el Gabinete de la Presidencia del CGPJ y del TS, explicó la «urgente necesidad» de adquirir material sanitario en los primeros momentos pandémicos. «En la situación que vivimos en 2020 no existía un mercado», aseguró.
Detalló que el contrato con Soluciones de Gestión cumplió con la legalidad y que la conocieron porque Transportes mantenía «una línea de suministro» para adquirir mascarillas. Aseguró no haber recibido indicación directa para contratar a esta empresa. No pudo determinar si las mascarillas llegaron a Interior provenientes del Ministerio de Transportes.
Jésica Rodríguez, en 13 viajes oficiales
La primera testigo del día fue la ex secretaria de Ábalos en Transportes, que continúa desempeñando ese cargo para Óscar Puente. Ana María Aranda declaró conocer a Aldama porque lo había visto en varias ocasiones en el Ministerio. «Lo veía entrar en las dependencias del ministro, a veces solo y otras acompañado por Koldo García». También confirmó encargarse de tramitar los «salvoconductos» que solicitaba Koldo para permitir la movilidad durante el segundo estado de alarma. La acusación del fiscal jefe sostiene que la razón real para dichas autorizaciones, supuestas reuniones con el ministro, era falsa.
La testigo contó que en ocasiones organizaba viajes de Jésica Rodríguez con el ministro y recordó que, a petición del Supremo, calcularon que participó en 13 de los 293 viajes oficiales de Ábalos. «¿Quién pagaba?», le preguntó Alberto Durán, abogado de la acusación popular y coordinador del PP. «Koldo García», respondió. La testigo recordó que el asesor le proporcionaba una tarjeta de crédito a su nombre para sufragar esos gastos. La defensa de Koldo García insistió para que confirmara que los viajes de la pareja de Ábalos «nunca» fueron costeados con dinero público.
También se presentó la secretaria de otro acusado. María Piedad Losada, ex empleada de Aldama, acudió acompañada por un abogado, dado que está imputada en la Audiencia Nacional. En varias ocasiones invocó su derecho a no declarar, por ejemplo, cuando se le preguntó si en su despacho se redactaron los contratos para el chalet y el piso de la Castellana que la red supuestamente planeaba entregar a Ábalos a cambio de favores. Apenas aportó detalles, salvo que llamaba «jefe» al ministro porque así se refería a él el señor Aldama.
Había dos testigos relacionados con el piso de la Castellana que, según Aldama, estaba destinado a comprar el favor de Ábalos. Solo uno fue localizado, y aseguró haber estado en el inmueble hasta 2022. El hijo del ex ministro declaró en la primera sesión del juicio que era falso ese supuesto regalo, ya que la casa tenía «un okupa». En su breve testimonio, tras repasar las circunstancias de la propiedad y uso, afirmó no haber visto a los acusados por allí en ningún momento.