Calama no considera creíble que se les abonaran 5.000 euros mensuales durante varios años por simplemente maquetar informes de la sociedad vinculada a Zapatero para justificar sus cobros por gestiones realizadas.
La declaración de Julio Martínez Martínez no solo aclaró su papel en el caso Plus Ultra. Además, anticipó los próximos pasos del juez instructor. Durante el interrogatorio al supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, el magistrado José Luis Calama indicó que se realizaría un exhaustivo análisis de las transacciones de la sociedad Whathefav, propiedad de las dos hijas del ex presidente del Gobierno.
Los informes de la UDEF estiman que, más allá de su actividad real, la sociedad actuaba como un instrumento para canalizar hacia Zapatero las ganancias derivadas del tráfico de influencias que se le atribuye.
La empresa del testaferro, Análisis Relevante, compensaba a Whathefav con una iguala de 5.000 euros a cambio de supuestos servicios de maquetación de informes de consultoría. Según fuentes cercanas a la declaración, el juez Calama manifestó en sus intervenciones que no consideraba plausible que esos trabajos justificaran tales pagos.
Ante preguntas de su defensa, Julio Martínez explicó que en 2022 Whathefav cesó en la prestación de esos servicios de maquetación. No obstante, él continuó abonando la iguala. Al ser consultado por la razón, afirmó que se debía a las hijas de Zapatero.
Un día después de la declaración del padre en la Audiencia Nacional, el juez decidió imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa. La resolución fue tomada tras la solicitud expresa de la fiscal anticorrupción Elena Lorente y de las acusaciones populares coordinadas por el PP. Ambas deberán declarar como investigadas, aunque aún no se ha fijado fecha alguna. No será antes de septiembre, ya que el instructor informó ayer a las partes que no prevé ordenar nuevas declaraciones hasta entonces.
Respecto a las hijas, Calama recordó en su auto de imputación que ambas son administradoras formales de Whathefav, una sociedad «instrumental», según los investigadores, concebida para recibir los fondos abonados a Zapatero por sus gestiones para obtener el rescate de 53 millones a la aerolínea. Esta circunstancia «justifica, por sí sola, su citación en calidad de investigadas». Añade que la investigación atribuye a la sociedad «un rol instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes» relacionadas con los hechos investigados, y «esa constatación objetiva sitúa a sus administradoras dentro del grupo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto responsables de la representación orgánica y dirección jurídica de la entidad».
La investigación permite al juez concluir que Whathefav actúa «como elemento finalista del entramado, recibiendo fondos tanto de los clientes de la red como de la propia estructura organizada». Además, «funciona como centro de redistribución de flujos económicos, canalizando pagos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno». En tercer lugar, «emite facturación específica destinada a justificar formalmente movimientos financieros sin actividad económica real». Finalmente, participa en la difusión de los informes de Análisis Relevante, «sin aportar valor técnico propio, evidenciando así una estructura instrumental».
El juez se preocupó especialmente en justificar por qué no citaba a las hijas como testigos: eso «les impondría la obligación de decir la verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de manera irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables«.