Los socialistas citan como ejemplo el cierre de oficinas en Valencia, mientras que Barcelona ha incorporado a 50 abogados para acelerar el proceso.
El lunes 20 de abril comenzó la fase presencial del proceso de regularización de migrantes, marcada por largas filas, esperas, problemas con la documentación y algunos intentos de fraude. Desde el Gobierno consideran que estas situaciones son normales en un proceso de tal magnitud, que se define como «garantista» y que se está desarrollando con «normalidad». Sin embargo, en el Ejecutivo existe molestia hacia el PP, ya que consideran que sus ayuntamientos dificultan la tramitación del certificado de vulnerabilidad y del empadronamiento. «Están boicoteando no solo al Gobierno, sino las esperanzas y derechos de miles de personas. El PP está aislado y desdibujado con su bloqueo al procedimiento de regularización».
Según los datos aportados por el Gobierno en los primeros días, el lunes 20 de abril se registraron 5.454 solicitudes de forma presencial y 13.008 por vía telemática, sumando más de 60.600 peticiones desde el inicio del proceso el 16 de abril. «El proceso avanza con fuerza a pesar del boicot del PP», declaró Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Saiz puso como ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, recordando que su alcalde manifestó públicamente su negativa a colaborar en este proceso. José Luis Martínez-Almeida calificó la regularización masiva como una «chapuza», aunque solicitó al Gobierno que la responsabilidad no recayera en los ayuntamientos. Aseguró que los inmigrantes «contarán con la profesionalidad y dedicación de los servicios públicos y de sus funcionarios».
Desde el Gobierno recuerdan que el certificado de vulnerabilidad no es obligatorio en todos los casos y que más de 200 entidades acreditadas pueden validarlo, además de los ayuntamientos. Con este mensaje, el Ejecutivo pretende ofrecer una alternativa para que los migrantes superen el «boicot» que atribuyen a las administraciones del PP, a las que acusan de seguir «directrices políticas racistas y xenófobas».
En paralelo, el PSOE denunció este martes el «boicot de algunos» durante el proceso de regularización, en una referencia implícita a gobiernos del PP. «Pondré solo un ejemplo para ilustrarlo: el Ayuntamiento de Barcelona ha contratado a 50 abogados adicionales para facilitar el proceso. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Valencia ha cerrado sus oficinas», afirmó el portavoz del partido, Patxi López, en el Congreso.
A pesar de ello, el ex lehendakari advirtió que la concesión de la residencia a quienes cumplen los requisitos «se llevará a cabo con éxito, tal como demuestra la existencia de filas de personas muy interesadas«. La inscripción presencial comenzó el lunes con aglomeraciones en diversas dependencias públicas de toda España habilitadas para realizar los trámites.
Fuentes del PSOE explican que han identificado intentos de obstaculización en otras instituciones bajo control del PP, además de Valencia, aunque prefieren no centrar la atención ahí. «Lo importante es que el proceso seguirá adelante, que es lo debido», destacan, haciendo referencia a las decenas de asociaciones que se han ofrecido para colaborar en la gestión.
Durante la rueda de prensa, a raíz del pacto entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola, López señaló que «en Extremadura no existe ningún problema con la inmigración» y que esto es usado como excusa «para impulsar su ideología xenófoba». Entre otras medidas, este acuerdo incluye la «prioridad nacional» para el acceso a ayudas, incluso de vivienda, junto con la negativa a acoger menores extranjeros no acompañados.
«Convertir al diferente en enemigo»
«Mientras la gran mayoría del país trabaja para regularizar a inmigrantes que ya están aquí, muchos laborales en el sector b, y están siendo equiparados en derechos con cualquier ciudadano, hay quienes insisten en transformar al distinto en enemigo», apunta el portavoz socialista en el Congreso.
Además, López acusó a los partidos de derecha de olvidar a los españoles que han tenido que migrar por trabajo, quienes también buscaban «empleos dignos, sin explotación ni esclavitud». Enfatiza que la intención de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal es precisamente esa: «Generar rechazo, temor y odio hacia personas que huyen de sus países en busca de una vida mínima digna, muchas veces escapando de guerras, hambre o pobreza… y los tratan como si fueran kleenex de usar y tirar, porque muchos están siendo usados por quienes luego los rechazan».