Las claves
Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal comparecerán como testigos en el juicio del caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje realizado al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Bárcenas responsabilizó a Rajoy y Cospedal de ser los artífices de la operación para sustraer documentos comprometedores para el Partido Popular.
El juez que llevó la instrucción exonero a Cospedal y consideró insuficientes las pruebas para vincularla, así como a Rajoy, con la trama, a pesar de las constantes solicitudes del PSOE y la Fiscalía para que ambos fueran investigados.
Sin embargo, el juicio sienta en el banquillo a altos cargos del Ministerio del Interior durante la etapa de Rajoy, tales como Fernández Díaz, Francisco Martínez y Villarejo.
Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal declararán este jueves en el juicio del caso Kitchen, que trata sobre el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.
Lo harán apenas tres días después de que Bárcenas, durante un extenso interrogatorio el pasado lunes, señalara a los dirigentes del PP en 2013, entre ellos Rajoy y Cospedal, como los autores intelectuales de la presunta operación para robar a Bárcenas documentos perjudiciales para la formación.
A pesar de los esfuerzos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del PSOE, ni Rajoy, que fue presidente hasta 2018, ni la exministra y exsecretaria general del PP serán juzgados. En cambio, sí están en el banquillo los principales dirigentes del Ministerio del Interior durante el mandato de Rajoy en La Moncloa.
Entre ellos destacan: el exministro Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, el excomisario José Manuel Villarejo y el antiguo jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.
Estas personas fueron consideradas por Bárcenas el lunes pasado como los ejecutores del operativo de espionaje contra él que, según su opinión, comenzó con «los responsables del partido».
De hecho, el excontable del PP aseguró ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que entre 2013 y 2015, mientras permanecía en prisión, le fue arrebatada una grabación en la que se oía a Rajoy recibir dinero en efectivo, un supuesto pago extra que él le habría entregado dentro de un sobre en un despacho de la sede nacional del partido, en la calle Génova 13 de Madrid.
Durante la investigación del caso Kitchen, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares (PSOE y Podemos) han señalado en varias ocasiones a Rajoy y Cospedal, atribuyéndoles cierta responsabilidad o, al menos, pleno conocimiento del supuesto dispositivo parapolicial usado para espiar a Bárcenas.
La exministra, de hecho, llegó a ser objeto de investigación en este procedimiento, aunque sólo durante dos meses: entre principios de junio y finales de julio de 2021.
En ese último momento, el juez instructor, Manuel García-Castellón, cerró la instrucción y archivó provisionalmente el caso respecto a ella. Esta decisión, tomada pese a la oposición del fiscal, fue ratificada posteriormente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es jerárquicamente superior al magistrado.
Sin embargo, el PSOE insistió repetidamente —incluso en las primeras sesiones del juicio Kitchen— en que Cospedal fuera nuevamente investigada. No obstante, la magistrada Teresa Palacios, presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que juzga este procedimiento, rechazó esta posibilidad y reprochó a la abogada del PSOE la inoportunidad de su solicitud.
Palacios tampoco autorizó al Partido Socialista a presentar en este juicio varios audios en los que se escucha a Cospedal dialogando con Villarejo. Este miércoles, durante la séptima sesión, la magistrada advirtió al PSOE por su empeño en implicar a la exministra, afirmando: «Esta señora no está aquí sentada…». Lo dijo durante el interrogatorio, en calidad de testigo, de Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, quien también fue exonerado por García-Castellón.
Cospedal, exonerada
¿Cuál es el motivo por el que María Dolores de Cospedal y Rajoy declararán este jueves solamente como testigos? Tras concluir la instrucción, el 29 de julio de 2021, García-Castellón descartó la existencia de una «trama política [específicamente del PP] independiente del Ministerio del Interior» para espiar a Bárcenas y sustraer documentación que guardara sobre la financiación ilegal del partido después del estallido del caso Gürtel.
El juez, ya jubilado, argumentó que «a diferencia de los responsables operativos del Ministerio del Interior, para quienes existen indicios sólidos, es llamativa la fragilidad de los motivos para incriminar a María Dolores de Cospedal«.
Es cierto que Cospedal se reunió con Villarejo y que trataron asuntos relacionados con Bárcenas. Sin embargo, García-Castellón concluyó que «no hay base en los indicios del caso para afirmar que esas reuniones fueron motivadas por el interés de obtener información» de Villarejo sobre el caso Gürtel, calificando esa idea como «una mera sospecha».
Para el juez, el hecho de que la exsecretaria general del PP se reuniera con Villarejo «no implica la existencia de delito alguno». El excomisario, como es habitual, grabó sigilosamente esos encuentros.
No obstante, García-Castellón indicó que esas grabaciones son «de origen desconocido y por ello de dudosa fiabilidad», ya que fueron incorporadas al proceso tras su difusión en medios de comunicación.
«En ningún momento se escucha a quien parece ser la investigada [María Dolores de Cospedal] expresar las razones de la reunión», afirmó el juez. Tampoco hay constancia de que la exministra pagara a Villarejo o le encargara algo relacionado con este caso.
Además, el magistrado concluyó que «ninguna de las pruebas» desarrolladas en la investigación Kitchen «permite sostener que Villarejo mantuviera comunicación directa» con Mariano Rajoy.
Con estas conclusiones, Cospedal evitó sentarse en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción, en desacuerdo, apeló esta decisión ante la Sala de lo Penal.
El Ministerio Público solicitó continuar la investigación contra la exministra, incluyendo la posible comprobación del número de teléfono que Villarejo afirmó haber utilizado para informar a Rajoy sobre el avance de la operación.
Sin embargo, el fiscal no logró su objetivo. La Sala respaldó la postura de García-Castellón, que también descartaba que el PP, a través de algún representante legal, fuera llevado a juicio.
Para la Fiscalía, la decisión del juez de cerrar la instrucción del caso Kitchen —poco antes de que se solicitaran nuevas diligencias— fue prematura.
Anticorrupción opinó que no se habían «definido todos los elementos del complejo delito» ni que se hubiera precisado la participación real de todos los involucrados.
Consideraron que existían «claros indicios de la implicación de personas aún no investigadas».
Asimismo, subrayaron la necesidad de «determinar el grado de participación en los hechos de aquellos que ya son investigados», aludiendo a Cospedal y a su entonces marido, López del Hierro, también exonerado por García-Castellón.
Sin nombrarlo directamente, Anticorrupción señaló a Rajoy: «Los avances en la instrucción aportan indicios de que más allá del Ministerio del Interior es crucial aclarar si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio actuaron en colaboración con dirigentes del partido político gobernante«.
Las acusaciones populares también intentaron, sin éxito, implicar a Cospedal y Rajoy. En su recurso contra la decisión de cerrar la instrucción sin juzgar a la exministra, el PSOE afirmaba que la dirigente solicitaba «información», impartía «órdenes» y participó «directamente» en el espionaje.
Por su parte, Podemos instó a García-Castellón a «descubrir» el papel de la exsecretaria general del PP en la operación y su probable colaboración con Rajoy.
«La absurda conclusión del auto que cierra la instrucción Kitchen es que existió un operativo que empleó recursos públicos a favor del PP, pero el partido no tuvo nada que ver y se niega que alguien del PP ordenara las acciones, atribuyendo toda la ideación y ejecución exclusivamente al Ministerio del Interior», criticó Podemos.
Posteriormente, el PSOE continuó buscando que volviera a investigarse a Cospedal tras la aparición en medios de nuevas grabaciones de sus diálogos con Villarejo.
No obstante, en octubre de 2022, la defensa de la exministra cuestionó la autenticidad de esas grabaciones, advirtió que son fragmentos y no archivos completos, y destacó que se desconoce su «origen o contexto».
En uno de estos audios, fechado en 2013, la entonces secretaria general del PP conversa con el expolicía y señala que «convendría detener el asunto de la libretita», en referencia a las anotaciones del extesorero que demostrarían pagos irregulares a la cúpula del partido, y la necesidad de impedir su difusión.
Estos eran los conocidos papeles de Bárcenas, que poco después serían publicados por la prensa.
Finalmente, el 30 de noviembre de 2022, García-Castellón rechazó reabrir la investigación contra Cospedal a partir de las nuevas grabaciones, argumentando que no aportan hechos nuevos que no fueran ya conocidos durante el proceso.
Pero la situación no concluyó allí. Tras estos hechos, el PSOE continuó con sus intentos para que la exministra fuera nuevamente investigada.
En diciembre pasado, el PSOE pidió al juez Antonio Piña, sustituto de García-Castellón, que citara a declarar a la exministra, no en la pieza 7 del caso Villarejo (centrada en el espionaje a Bárcenas), sino en la pieza número 34.
Esta última funciona como una especie de cajón de sastre —como se le conoce informalmente en la Audiencia Nacional— donde se agrupan decenas de grabaciones.
En esta pieza se enviaron las grabaciones donde Cospedal menciona la «libretita». En su escrito, el PSOE acusaba también a Piña de haber «ocultado» durante años esa grabación, que había sido transcrita en un informe policial de 2023 elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI).
Piña respondió denegando la petición del PSOE y criticó duramente al partido.
El magistrado apuntó que el PSOE siempre tuvo acceso a dicho audio. De hecho, el partido lo mencionaba en su recurso contra la decisión de García-Castellón, que archivaba la pieza Kitchen respecto a Cospedal sin éxito.
Además, la UAI concluyó que las conversaciones entre Cospedal y Villarejo, si bien mencionan a Bárcenas, no tienen relevancia penal. Por ejemplo, no demuestran que la exsecretaria general del PP encargara tareas al excomisario.
En esta ocasión, hasta la Fiscalía Anticorrupción se desmarcó de la petición del PSOE para reabrir la investigación a Cospedal. De hecho, censuró al partido por realizar la demanda «por cauces propios del fraude procesal» y denunció que, aunque se tramitara en la pieza 34, el PSOE intentaba de hecho reabrir la 7.
Respecto a la supuesta ocultación de las grabaciones, la Fiscalía afirmó: «No solo no fueron ocultadas, sino que el PSOE estaba plenamente informado de que estaban incorporadas en la causa».
La comparecencia de Rajoy este jueves será la tercera vez que testifique en la Audiencia Nacional. Previamente, había declarado en dos piezas del caso Gürtel.