Será necesario examinar cada informe de manera «casuística y detallada», mientras que Inclusión confía en que están «listos» para afrontar el análisis minucioso de todos los expedientes.
«La existencia de antecedentes en el informe policial no implicará, por sí sola y de manera automática, motivo suficiente para denegar la autorización». Así lo establece la reforma del Reglamento de Extranjería publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), diseñada para abrir la posibilidad de regularización extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes.
Los requisitos para acceder a esta medida exigen demostrar que el solicitante no tiene antecedentes penales y que no «constituye una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública». Todos los aspirantes a este trámite deben acreditar esta condición. ¿Pero cómo se acredita la segunda? A través del certificado de antecedentes penales y «la valoración del informe policial correspondiente», según especifica la norma en el BOE.
La gestión de estos expedientes corresponde a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y, en última instancia, la Dirección General de Gestión Migratoria será la responsable de dictar la resolución final en la mayoría de los casos, de modo que la administración de este procedimiento extraordinario queda bajo la competencia de Migraciones.
Del mismo modo, serán los funcionarios quienes se encarguen de recopilar de oficio el informe policial relativo a cada solicitante, además de otro proveniente del Registro Central de Penados y las bases de datos de la Unión Europea en un plazo máximo de quince días.
La UTEX deberá evaluar si, conforme al mencionado informe policial, el interesado representa una «amenaza» para el orden público. Aquí radica un punto crucial: «La existencia de antecedentes en el informe policial no implicará motivo de denegación«.
La apreciación que realice el órgano competente para tramitar la solicitud, indica la norma, se efectuará «de manera casuística y detallada«; es decir, considerando cada caso individualmente. Fuentes de Inclusión subrayan que «se ha dimensionado el operativo y la capacidad de gestión» para atender el volumen de expedientes que se reciban, y que están «preparados» para implementar la medida excepcional de forma «ágil» y «puntual».
La UTEX contará con el apoyo de personal de Tragsa y su filial Tragsatec, así como con funcionarios del propio Ministerio adheridos a un «plan de choque» para garantizar la admisión a trámite de cada solicitud dentro de los primeros 15 días.
Los antecedentes policiales son registros de datos personales guardados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía, Guardia Civil) cuando una persona es detenida, investigada o identificada en diligencias por presuntos delitos o infracciones, sin que sea necesaria una condena judicial firme. Estos pueden incluir, por ejemplo, denuncias por altercados o peleas; violencia o conflictos domésticos; conducción bajo efectos de sustancias narcóticas, entre otros.
Este aspecto forma parte de los requisitos para que la solicitud sea admitida a trámite. El período para presentar las solicitudes comenzó ayer y concluirá el próximo 30 de junio. Por el momento, los interesados pueden enviar su documentación a través del portal de la Regularización Extraordinaria habilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como solicitar cita previa para gestionar el trámite de forma presencial; esta atención comenzará el lunes 20 de abril.