El antiguo presidente español ha sido uno de los principales promotores en España de la ambiciosa estrategia de infraestructuras y proyección internacional lanzada por Xi Jinping
En septiembre de 2013, durante una visita a Kazajistán, el presidente chino, Xi Jinping, presentó un ambicioso plan que pronto se consolidaría como la pieza central de su política exterior: la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Popularmente conocida como «la nueva Ruta de la Seda», se trata de un programa global destinado a financiar infraestructuras para establecer redes de comercio, transporte y energía que conecten Asia con Europa y África. Tras su puesta en marcha, apoyado por constructoras estatales chinas y préstamos provenientes de bancos de desarrollo de Pekín, se han construido carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, centrales eléctricas y centros de telecomunicaciones en distintas partes del planeta.
Más de 150 países han firmado memorandos de entendimiento para acogerse al BRI. España no figura en esa lista, aunque participa activamente como receptor de inversiones ligadas a la iniciativa de Xi (en sectores como infraestructuras, logística y energía) y empresas españolas han entrado en proyectos chinos en terceros mercados. Sin embargo, Pekín espera que Madrid dé un paso adicional.
Autoridades chinas han comunicado a EL MUNDO que su Gobierno aspira a que España formalice su adhesión a esta nueva Ruta de la Seda y han transmitido esa intención al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aunque simbolice un gesto, para Pekín —que está inmerso en una ofensiva global para extender su influencia— estos actos poseen un significado diplomático relevante.
Dos años tras el arranque del BRI, en un contexto donde aumentaban en Occidente las alertas sobre la incapacidad de países en desarrollo, especialmente en África, para afrontar sus deudas, España encontró en el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero un defensor comprometido del proyecto.
Desde 2015, el veterano líder socialista estrechó lazos con Pekín, facilitando la vinculación entre grandes empresas estatales chinas y el mercado europeo, principalmente en energías renovables. Su participación en foros económicos y diplomáticos organizados por entidades del Partido Comunista potenció su papel como interlocutor relevante.
Durante uno de sus primeros viajes tras dejar la presidencia, Zapatero valoró la BRI como un «puente importante entre civilizaciones de Oriente y Occidente» y un proyecto que «fomenta la paz mundial». Sin embargo, fue en 2019 cuando, según China, se consolidó oficialmente como uno de los principales promotores internacionales del ambicioso plan de Xi. Ese año, en Pekín, fue de los más activos en un foro de promoción de la BRI en el que participaron delegados de más de cien países, incluido el presidente ruso, Vladímir Putin.
El año pasado, en declaraciones a este medio, un representante del PCCh de una destacada empresa estatal afirmó que la Alianza de Civilizaciones impulsada por Zapatero —la iniciativa global de cooperación formalizada en la ONU en 2005— había servido como fuente de inspiración para la dimensión diplomática del programa principal del presidente chino.
En Europa, la BRI ha generado reacciones variadas. En términos políticos, Pekín ha enfocado sus esfuerzos en Europa Central y del Este, logrando que varios países suscribieran marcos de colaboración, mientras que potencias como Reino Unido, Francia y Alemania han evitado comprometerse formalmente.
Italia se unió en 2019, siendo el único país del G-7 en hacerlo. No obstante, la primera ministra actual, Giorgia Meloni, retiró a Italia del proyecto en 2023, argumentando la necesidad de resguardar intereses nacionales frente a riesgos financieros y geopolíticos. Cuestiones similares se han planteado, especialmente en Estados Unidos, donde la BRI se interpreta como una estrategia de «diplomacia de la deuda» capaz de comprometer la soberanía de los estados más vulnerables.
En España, pese a no contar con proyectos oficialmente etiquetados como BRI, abundan inversiones claramente vinculadas, como las de la empresa estatal COSCO, que gestiona terminales en el puerto de Valencia y el de Bilbao, dos puntos clave para la entrada de productos asiáticos en Europa.
Simultáneamente, la red ferroviaria española ha abierto puertas a firmas chinas: la compañía constructora China Railway Construction Corporation posee casi la totalidad de Aldesa, implicada en trabajos para ADIF, mientras el Gobierno explora colaborar con fabricantes chinos para futuras líneas de alta velocidad.
Otra empresa estatal china, China Communications Construction Company, adquirió a través de una filial el control completo del Grupo Puentes. Además, decenas de compañías del país asiático (como CATL, Chery o BYD) desarrollan proyectos en España relacionados con baterías y vehículos eléctricos, algunas con el objetivo de usar la península como plataforma productiva «Made in Europe». Estas iniciativas han provocado debates acerca de la dependencia tecnológica y estratégica ante Pekín, así como sobre la transparencia en los contratos.
A nivel internacional, la BRI ha suscitado sospechas debido a la falta de transparencia en sus préstamos, estándares ambientales y sociales cuestionables y la posibilidad de ampliar la influencia política china en gobiernos extranjeros. Porque la nueva Ruta de la Seda, más allá de abarcar una vasta red de infraestructuras, se ha transformado en estos últimos años en un reflejo de las ambiciones globales del régimen de Xi Jinping y de los retos que enfrentan algunos países al interactuar con un actor que combina inversión, diplomacia y proyección de poder.