Las claves
Las 13 comunidades autónomas bajo el mandato del PP han rechazado asistir a la conferencia sectorial de inmigración convocada por la ministra Elma Saiz, acusándola de falta de lealtad y de ocultar información.
Las CCAA del PP denuncian que el Ministerio ha desestimado sus contribuciones, incumplido el reglamento y no ha convocado la conferencia dentro de los plazos legales establecidos.
Critican la carencia de datos sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, la regularización masiva de inmigrantes y la ausencia de análisis del impacto económico.
El PP exige una política migratoria de Estado, clara, coordinada entre administraciones y alineada con las demandas del mercado laboral y las afinidades culturales.
Las CCAA del PP han dejado plantada a Elma Saiz en la conferencia sectorial de inmigración, acusándola de «falta de lealtad y ocultación de datos». En una declaración conjunta, las 13 autonomías gobernadas por el PP aseguran que el Ministerio «ha vaciado de contenido» la reunión y sólo busca la ratificación de una política migratoria que califican como «opaca e irresponsable».
Las comunidades del PP formalizan su ausencia en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración convocada por la ministra, quien también es portavoz del Gobierno.
Consideran que esta reunión se ha convertido en una «farsa», eliminando su función de colaboración entre administraciones, y lamentan que la convocatoria se produzca 15 meses después de la anterior, cuando la ley exige una periodicidad de seis meses.
Las CCAA acusan a Saiz de «falta de lealtad institucional, opacidad y unilateralidad». Señalan que el departamento «ha ignorado sus propuestas», ha rechazado sus peticiones y ha «infringido el reglamento» que regula el desarrollo de la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Independientemente de quién dirija
Los gobiernos autonómicos del PP destacan que la ministra no convocó la conferencia en el plazo legalmente establecido. Señalan que el Ejecutivo ha «desoído la periodicidad de seis meses acordada» y ha dejado a las autonomías fuera de las decisiones migratorias durante más de un año.
De acuerdo con esta declaración, el Ministerio ha aprovechado este tiempo para diseñar una política migratoria «sin contar» con las CCAA, que son quienes gestionan los servicios afectados, y en contra de las políticas europeas.
Los consejeros enfatizan que ahora solo son convocados para que su presencia «sirva exclusivamente para legitimar» dicha estrategia.
Falta de transparencia en la información
El texto también denuncia la negativa del Ministerio a facilitar el acta de la comisión sectorial preparatoria y a proporcionar la grabación de esa sesión. Las CCAA aseguran que este derecho les corresponde y que su negación refuerza la acusación de falta de lealtad institucional.
Critican que el acta de la anterior Conferencia de Inmigración, que ahora el Ministerio pretende aprobar, sea una «síntesis interpretativa» en lugar de una transcripción fiel. A juicio de las CCAA, esto genera inseguridad jurídica, «distorsiona el debate democrático» y debilita la confianza en este foro.
Las autonomías también denuncian un bloqueo informativo respecto a la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Aseguran que, pese a sus reiteradas solicitudes, continúan sin recibir datos sobre las reformas pactadas, los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución y la planificación presupuestaria.
La regularización y las redes criminales
Señalan también que desconocen la postura detallada del Gobierno en la cumbre europea de Armenia realizada el 4 de mayo.
Recuerdan que España «votó en contra de sumarse a un acuerdo de 33 países para compartir información migratoria y fortalecer la lucha contra las mafias», y lamentan que no se les haya aclarado esa resolución.
El documento destaca que no se ha proporcionado ningún estudio sobre el impacto económico de la «mayor regularización de inmigrantes en la historia» para las CCAA y entidades locales. Según la declaración, el Ministerio solo remitió la memoria de impacto normativo del real decreto de regularización, lo que consideran «insuficiente».
Las CCAA advierten que serán ellas quienes asumirán la carga sobre sus servicios públicos de esta regularización «masiva, sin planificación ni coordinación».
Señalan que el Ministerio «admitió desconocer cuántos inmigrantes serán finalmente regularizados», lo que genera dudas acerca del criterio del “Plan de Integración” y la procedencia de los fondos.
Los gobiernos autonómicos exigen acceso a la «documentación reservada» relacionada con el proceso de regularización, que, aseguran, el propio Ministerio afirmó desconocer.
Consideran «preocupante» que el departamento ignore la existencia de dichos documentos y, dejando claro que no aceptan como cierto ese argumento de Saiz, lo presentan como un ejemplo de la opacidad que denuncian.
Frente a esta gestión, el PP reclama una «política de Estado» en materia migratoria, transparente y coordinada con todas las administraciones. Exige respetar los plazos de convocatoria de la Conferencia Sectorial y aplicar «sin fisuras» los acuerdos del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El partido defiende un modelo de inmigración legal «vinculado a las demandas del mercado laboral» y al principio de afinidad cultural. Solicita reforzar el control fronterizo, mejorar la coordinación entre administraciones y asegurar una financiación adecuada a las competencias autonómicas.