Este lunes se firmará un protocolo tras el acuerdo alcanzado en enero para establecer una nueva vía de reparación destinada a los afectados, cuyo costo correrá por cuenta de la Iglesia.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal suscribirán este lunes el protocolo para compensar a las víctimas de abusos sexuales ocurridos dentro del ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo.
Está programada para las 11:00 horas de este lunes la firma del sistema que reconoce y repara a las víctimas para quienes ya no es viable la vía judicial, en la sede del Defensor del Pueblo, según comunicaron este domingo dicho organismo y la Conferencia Episcopal.
El acuerdo será suscrito por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
La rúbrica del protocolo se produce tras la declaración de la Iglesia el pasado 19 de marzo, en la que indicaba que quedaban «algunos flecos» para cerrar el acuerdo para compensar a las víctimas de abusos sexuales en su seno, manifestando su confianza en alcanzarlo «en una o dos semanas».
Este protocolo surge como resultado del acuerdo firmado en enero entre el Gobierno, la CEE y la Confer para crear una nueva vía de reparación dirigida a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que gestionarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.
En 2024, la Iglesia implementó el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no pueden avanzar legalmente, sea por la prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor.
No obstante, muchas de estas víctimas prefieren no acudir a una comisión creada por la propia Iglesia; por este motivo, se optó por un sistema mixto que involucra a la Iglesia y al Estado.
Desde la Conferencia Episcopal enfatizaron que este proceso «complementa al plan Priva, no lo reemplaza». «Una persona que ha participado en el plan Priva no puede ahora acogerse al plan del Gobierno, es una vía alternativa a un proceso ya instaurado», subrayaron fuentes consultadas por EFE.
Este punto estaba «sin definir» aunque en el acuerdo firmado en enero «se establece que el procedimiento implica la relación con Priva, que es quien finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la evalúa», recordaron las mismas fuentes.
De este modo, se busca evitar que víctimas que ya hayan aceptado la resolución de Priva —aunque no estén conformes con la reparación— puedan presentar una reclamación en segunda instancia ante el Defensor del Pueblo.
Nuevo mecanismo
Este nuevo mecanismo de reparación contempla que la víctima inicie el trámite ante una unidad de gestión del Ministerio de Justicia, la cual derivará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta entidad formulará una propuesta de resolución y, de ser pertinente, una reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) conforme a lo solicitado por la víctima.
Dicha propuesta será remitida a la comisión asesora del plan Priva para su evaluación y elaboración de un informe. Si ambas partes (Priva y solicitante) están de acuerdo, la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será cubierta por la Iglesia.
En caso de desacuerdo por parte del solicitante o de Priva, se convocará una Comisión Mixta con la participación de asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un consenso unánime. Si persiste la discrepancia, corresponderá al Defensor del Pueblo dictar la resolución final.