El Gobierno justifica la falta de divulgación sobre el número de nacionalizaciones realizadas bajo la Ley de Memoria Democrática mediante dificultades en la digitalización.
Ester Muñoz, portavoz del PP, critica la falta de transparencia y exige al Ejecutivo que proporcione los datos requeridos al Congreso.
Más de 2,3 millones de personas han solicitado cita para tramitar la nacionalidad, destacándose la mayor demanda en consulados de América Latina como Buenos Aires y La Habana.
El Gobierno no especifica cuántas nacionalidades se han otorgado ni el tiempo estimado para resolver los expedientes pendientes.
El Gobierno sostiene que no puede proporcionar información sobre el número de nacionalizaciones solicitadas amparándose en la Ley de Memoria Democrática, aunque el plazo habitual de tres años terminó en octubre pasado.
En respuesta a cinco preguntas presentadas por el PP, el Ejecutivo reconoce que no es posible conocer estas cifras porque «la implementación de un nuevo modelo de Registro Civil» ha ocasionado que «no estén digitalizadas» todas las concesiones entre julio de 2024 y junio de 2025. En resumen: casi un año sin datos disponibles.
La diputada y portavoz del PP, Ester Muñoz, ha calificado el proceso de «opaco» y ha solicitado amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que el Gobierno proporcione a la Cámara «los datos que los diputados hemos solicitado».
La legislación faculta a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio, así como a descendientes de brigadistas internacionales, para obtener la nacionalidad como españoles de origen.
En la práctica, la definición de los requisitos y la interpretación realizada por los consulados ha flexibilizado el concepto de exilio, dado que no se exige siempre una prueba de persecución política.
Esta flexibilidad ha posibilitado también la inclusión de descendientes de emigrantes económicos tradicionales, especialmente en zonas de América Latina.
El Ejecutivo tampoco indica cuántas personas han adquirido ya la nacionalidad a través de este mecanismo ni en cuál censo electoral del CERA figuran.
Más de 2 millones
Los únicos datos disponibles provienen del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que calcula alrededor de 2,3 millones de solicitudes de cita, con más de un millón actualmente en trámite.
Los procesos más activos se concentran en América Latina. El Consulado en Buenos Aires acumula cerca de 645.000 solicitudes; le siguen La Habana (350.000), Ciudad de México (165.000), la circunscripción de Córdoba (Argentina), con aproximadamente 125.000, y el consulado de São Paulo, con alrededor de 150.000.
No obstante, el Gobierno mantiene silencio sobre cuántos expedientes han sido finalizados y cuántas nacionalidades se han concedido realmente. Tampoco el Ministerio de Exteriores ha clarificado los plazos para resolver los trámites pendientes.
El atasco burocrático provocó que el periodo original de dos años, ampliable a tres conforme a la disposición adicional octava de la ley, se agotase hasta el límite establecido.
El PP supone que este «apagón estadístico» podría ocultar una nacionalización masiva cuyos impactos el Gobierno evita cuantificar o detallar, a pesar de afectar el censo electoral y la política migratoria.
«No sé qué es peor, si la falta de control o que nos estén engañando. ¿Cómo es posible que se hayan producido nacionalizaciones y el Gobierno desconozca cuántas?», cuestionó Ester Muñoz, quien también recordó que el Ejecutivo está promoviendo una regularización de inmigrantes que podría alcanzar hasta medio millón de personas.