El texto, aún pendiente del Congreso, reconoce compensación de gastos y establece nuevos criterios para distinguir formación y empleo encubierto
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social identificó 2.688 falsos becarios en 6.519 intervenciones realizadas entre 2021 y 2025, según información proporcionada por el Ministerio. Mientras tanto, el futuro Estatuto del Becario continúa su proceso parlamentario para establecer con mayor precisión cuándo una práctica deja de ser formativa y se transforma en una relación laboral encubierta.
El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo, incorpora un nuevo régimen sancionador que contempla multas que alcanzan hasta 225.018 euros en las situaciones más graves.
Trabajo afirma que el propósito de esta normativa es eliminar los espacios que permiten el fraude, donde una persona en formación lleva a cabo tareas habituales en la empresa sin que exista una finalidad formativa real.
Aunque el Ejecutivo ya autorizó el texto, el Estatuto del Becario aún no ha entrado en vigor: al tratarse de un proyecto de ley, debe finalizar su tramitación en las Cortes Generales antes de su aprobación definitiva. Esta iniciativa, acordada en su momento con los sindicatos pero sin el respaldo de la patronal, estuvo más de dos años en espera de avanzar en el Parlamento.
Qué prácticas se considerarán relación laboral
Uno de los aspectos clave del proyecto es delimitar con mayor claridad qué prácticas podrán seguir considerándose no laborales.
Solo se permitirán aquellas vinculadas a estudios oficiales de carácter universitario, Formación Profesional, artes o deportes dentro del sistema educativo, o programas asociados a los servicios públicos de empleo. En caso contrario, la actividad desarrollada se presumirá laboral.
También se entenderá que existe relación laboral cuando la persona en prácticas reemplaza funciones propias de un trabajador o cuando las tareas no estén directamente relacionadas con el plan formativo acordado.
El Gobierno ha habilitado esta plataforma para que los becarios puedan denunciar con mayor rapidez posibles fraudes y situaciones de explotación durante sus estancias formativas
Mayor control sobre tutores y cantidad de becarios
Las empresas deberán formalizar un convenio o acuerdo de colaboración con el centro educativo o entidad autorizada que incluya la duración de las prácticas, el plan formativo individual y la asignación de una persona tutora.
Cada tutor podrá supervisar simultáneamente un máximo de cinco personas en prácticas, cifra que se reduce a tres en centros de trabajo con menos de 30 empleados.
Además, la cantidad de personas en prácticas no podrá superar el 20% de la plantilla total del centro laboral, aunque cualquier empresa podrá contar con hasta dos personas en formación práctica independientemente de su tamaño.
Con esta medida, Trabajo busca impedir que ciertas actividades formativas se utilicen estructuralmente para cubrir necesidades habituales de personal.
Compensación de gastos y derechos reconocidos
La futura ley también prohíbe de forma expresa el cobro por acceder a una práctica formativa.
Asimismo, reconoce el derecho a una compensación adecuada por gastos derivados del desarrollo de la actividad, como transporte, manutención o alojamiento, salvo que existan ayudas o becas que ya cubran estos costos.
Las personas en prácticas tendrán derecho a acceder a los servicios del centro de trabajo en condiciones equiparables a las del resto de la plantilla.
El proyecto también establece que deberán cumplirse los límites de jornada, descansos, festivos y vacaciones vigentes en la empresa.
Además, incluye garantías relacionadas con la seguridad y salud laboral y protege frente al acoso, incluida la violencia sexual o discriminatoria, dado que las actividades se desarrollan en entornos laborales.
Alrededor de 1.600 casos ya fueron regularizados
El Ministerio recuerda que, de los casos detectados, cerca de 1.600 falsos becarios fueron regularizados entre 2021 y 2023. Esta cifra corresponde a intervenciones en las que la Inspección actuó ante situaciones calificadas como irregulares.
El departamento dirigido por Yolanda Díaz asegura que el nuevo texto permitirá actuar con criterios más precisos cuando una práctica formativa se emplee para cubrir tareas estructurales en una empresa o para sustituir puestos habituales.
Con el nuevo marco jurídico, Trabajo sostiene que se logrará una mayor seguridad jurídica tanto para quienes realizan prácticas como para las empresas y centros formativos.