Fuente de la imagen, "Y ahora Sonsoles", Atresmedia
Información del artículo
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- Autor, Paula Rosas
- Título del autor, BBC News Mundo
- 3 horas
- Tiempo de lectura: 9 min
¿Quién tiene la autoridad para impedir que un adulto termine con su vida?
El fallecimiento de Noelia Castillo, ocurrido este jueves en Barcelona tras someterse a la eutanasia luego de casi dos años en litigio judicial debido a la oposición de su padre, ha desencadenado en España un intenso debate acerca de los límites legales, el rol del Estado y la razón por la cual se permitió extender su sufrimiento durante 601 días.
Los opositores a la ley de eutanasia, entre ellos la agrupación ultracatólica Abogados Cristianos, que lideraron el proceso legal iniciado por el padre de Noelia, perciben la muerte de la joven como un fracaso estatal y sostienen que su caso «pone en evidencia una carencia estructural en la legislación: la falta de protocolos obligatorios para pacientes con enfermedad mental antes de conceder la eutanasia».
A esta postura se sumaron formaciones políticas como el conservador Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que las instituciones responsables de proteger a Noelia «le fallaron»; asimismo, el partido ultraderechista Vox declaró que la respuesta estatal fue «suicidarla», según expresó Santiago Abascal, su presidente.
Por otro lado, sus defensores critican que la judicialización del derecho de Noelia a una muerte digna, respaldada por profesionales médicos, juristas y hasta cinco instancias judiciales diferentes, extendió su sufrimiento de manera innecesaria y cruel.
El deseo de acabar con su padecimiento a través de la eutanasia fue «boicoteado por una batalla legal que añadió casi dos años de dolor a su vida», señalaba este viernes el diario El País en su editorial.
Al dramatismo del caso y su exposición mediática se sumaron las redes sociales, que se poblaron de falsedades e imprecisiones sobre la situación, intensificando el debate acerca de la ley de eutanasia vigente en España desde 2021.
Desde su implementación, más de 2.400 personas han solicitado la eutanasia, y poco más de 1.100 la han recibido efectivamente.
Noelia Castillo Ramos vivió una infancia y adolescencia marcadas por dificultades en un entorno familiar fragmentado, situación que la mantuvo bajo tutela estatal durante varios años.
La joven fue víctima de abusos y agresiones sexuales, y cometió varios intentos de suicidio, el último al lanzarse desde un quinto piso, accidente que no le quitó la vida pero la dejó parapléjica y con severas secuelas físicas y mentales.
En 2024 solicitó la eutanasia, la cual fue aprobada por los médicos y avalada por todos los procedimientos legales; no obstante, su padre, Gerónimo Castillo, interpuso recursos judiciales en hasta cinco instancias, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«La ley de eutanasia no corresponde a un permiso para el suicidio libre, implica requisitos muy rigurosos», defiende Loren Arseguet, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente, en entrevista con BBC Mundo.