La funcionaria del Gobierno vasco que actúa como interlocutora con las víctimas solicita su traslado
La funcionaria del Gobierno vasco que sirve de enlace con las víctimas del terrorismo y sus asociaciones, Nerea Cambra, dejará su cargo en los próximos días por decisión propia. Fuentes oficiales del Ejecutivo autonómico confirmaron ayer que Cambra ha pedido su traslado a otro departamento, descartando totalmente que su salida esté vinculada al profundo malestar generado entre las víctimas por la sucesión de semilibertades concedidas desde el Departamento de Justicia, al que pertenece, a presos de ETA, incluyendo ex dirigentes históricos como Garikoitz Aspiazu (‘Txeroki’) y María Soledad Iparragirre (‘Anboto’).
El trabajo realizado por esta trabajadora social en los últimos años ha sido de gran sensibilidad. En representación del Gobierno vasco, Cambra mantiene la interlocución con víctimas de ETA y las asociaciones que las representan, atendiendo sus trámites, consultas o quejas, lo que la ha hecho muy conocida en este ámbito, además de ganarse respeto por la empatía mostrada hacia ellas. Su puesto depende de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, liderada por Ainhoa Zugasti, bajo la supervisión de la consejera socialista María Jesús San José.
La salida de Cambra ocurre en un momento delicado, cuando las semilibertades otorgadas a presos de ETA mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario han alcanzado a Txeroki en febrero y este mismo martes a Anboto, quien aún debe declarar en relación con otra causa abierta en la Audiencia Nacional.
Ambos están condenados a cientos de años de prisión y no hay registros de que hayan mostrado arrepentimiento público ni colaboración con la Justicia, pero están saliendo de la cárcel de Martutene (San Sebastián) por algunas horas diarias, de lunes a viernes. En el caso de Txeroki, la Fiscalía señala que ha demostrado su «compromiso» con las víctimas por su participación en el «programa de justicia restaurativa» mediante el cual el Gobierno vasco reúne a etarras y víctimas dentro de las prisiones y en un caserío en Guipúzcoa. También Anboto ha asistido a estas reuniones.
Los detalles del programa, revelados por EL MUNDO hace dos semanas y rodeados de absoluta opacidad, han generado disgusto en las asociaciones de víctimas, que no fueron informadas y temen que la verdadera intención sea acelerar la puesta en libertad de los etarras leales a Bildu que aún no tienen acceso al tercer grado penitenciario.
El artículo 100.2 es una medida excepcional que permite al condenado salir de prisión por algunas horas, pero para los presos de ETA se ha convertido en una práctica habitual. El trasfondo político es la alianza parlamentaria establecida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu y exmiembro de ETA, Arnaldo Otegi, quien en octubre de 2021 afirmó: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, los votaremos».
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha condenado públicamente la semilibertad de Anboto. «Se trata de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta inadmisible que ya se le otorgue un régimen de semilibertad cuando apenas ha cumplido tiempo de prisión en España», ha denunciado Consuelo Ordóñez. Según su opinión, «se está forzando un camino excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido tres cuartas partes de su condena».
Actualmente, apenas medio centenar de etarras permanecen en segundo grado. Desde que Sánchez transfirió en octubre de 2021 las competencias penitenciarias al País Vasco, cerca de cien han alcanzado el tercer grado y una treintena, el 100.2, aunque la lista de estos últimos no se publica.