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La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que después de un proceso judicial de dos años consiguió este jueves acceder a la eutanasia, ha impactado a la sociedad.
Solicitada desde abril de 2024, obtuvo el respaldo científico unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, un organismo independiente conformado por profesionales que evalúan estos casos en la región. La autorización fue establecida para julio de 2024.
No obstante, su padre, Gerónimo Castillo, presentó un recurso para impedir la eutanasia pocos días antes de la fecha prevista, en agosto de 2024.
Asesorado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos, el padre argumentó que Noelia padecía trastornos de salud mental que la incapacitarían para tomar una decisión verdaderamente libre.
Noelia debió acudir a los tribunales en múltiples ocasiones, enfrentando hasta cinco instancias judiciales, todas las cuales fallaron a su favor.
El último paso fue ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que zanjó la disputa legal al dictaminar que la eutanasia podía llevarse a cabo.
Su caso es emblemático porque fue el primero en alcanzar la justicia tras la aprobación de la ley de eutanasia en España en 2021.
El primer país con tradición católica
En marzo de 2021, España aprobó la ley de eutanasia gracias a una votación parlamentaria con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.
Así, se incorporó a un reducido grupo de países que reconocen el derecho de los enfermos a una "muerte digna".
Con esta regulación, España se posicionó como el primer país de tradición católica en contemplar una ley que garantiza el acceso, tanto a la eutanasia (administrada por un profesional médico) como al suicidio asistido (donde el paciente recibe los medicamentos para finalizar su vida).
Similar a otros países que la aprobaron antes, la normativa española exige que la persona solicitante tenga una enfermedad grave e incurable o un padecimiento "grave, crónico e incapacitante" que cause "sufrimiento intolerable".
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En el caso específico de Noelia Castillo Ramos, el comité de expertos concluyó que la joven cumplía con los criterios al presentar "una situación clínica irreversible".
Dicha condición le ocasionaba, según el panel integrado por médicos y juristas, "una dependencia severa, dolor y sufrimiento crónico e incapacitante", afectando así su autonomía y su vida diaria.
Además de España, hay otros ocho países que permiten la eutanasia activa.
1. Países Bajos
Fue pionero a nivel mundial en legalizar la eutanasia activa en abril de 2002, tras precedentes judiciales que allanaron el camino a la regulación.
En 1973, un médico fue condenado por ayudar a morir a su madre, quien había solicitado la eutanasia en repetidas ocasiones.
Este caso causó gran repercusión y pese a la condena, el tribunal definió criterios bajo los cuales un médico no estaría obligado a prolongar la vida de un paciente contra su voluntad.
2. Bélgica
Un poco más de un mes tras la legalización en Países Bajos, Bélgica aprobó también la eutanasia y el suicidio asistido.
Años después, fue el primer país en admitir eutanasia en menores de 12 años con enfermedades terminales.
3. Luxemburgo
En marzo de 2009, el Parlamento de Luxemburgo sancionó la ley que permite la eutanasia.
Los pacientes terminales pueden solicitar el procedimiento tras recibir el visto bueno de dos médicos y de un comité de expertos.
4. Canadá
El llamado "asistencia médica para morir", que incluye eutanasia y suicidio asistido, fue legalizado en junio de 2016.
El país impone estrictos requisitos, como solicitar el procedimiento con 10 días de anticipación, la presencia de dos testigos independientes y la confirmación de dos médicos sobre la incurabilidad y sufrimiento avanzado del paciente.
5. Nueva Zelanda
Fue la primera nación en someter a referéndum la eutanasia, coincidiendo con las elecciones generales a finales de 2020.
La mayoría apoyó la medida, lo que permitió su entrada en vigor el 6 de noviembre de 2021, un año después del recuento final.
Para solicitar la eutanasia, los interesados deben tener al menos 18 años y contar con la aprobación de dos médicos.
6. Portugal
Desde 2023, los ciudadanos portugueses tienen derecho legal a pedir la eutanasia.
Sin embargo, la falta de reglamentos específicos dificulta su implementación práctica.
Además, a solicitud de diputados conservadores y la Proveedora de la Justicia (similar al Defensor del Pueblo), el Tribunal Constitucional revisó el texto y anuló varios puntos en 2025.
7. Colombia
En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 pero se convirtió en ley hasta 2015, siendo pionero en América Latina.
Desde entonces, se han realizado 157 procedimientos.
En julio de 2021, la Corte Constitucional extendió el derecho a una muerte digna para quienes padecen "intenso sufrimiento físico o psíquico" debido a enfermedades o lesiones incurables.
Tras la promulgación de la ley, el Ministerio de Salud estableció las normas para regular el derecho a morir dignamente.
Estas normas indican que el paciente debe encontrarse en etapa terminal, considerar que su vida ha dejado de ser digna por la enfermedad y expresar su consentimiento de forma "clara, informada, completa y precisa".
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Asimismo, el auxilio para morir debe ser proporcionado por "un profesional médico" con la autorización de un "comité científico-interdisciplinario".
Sin embargo, Colombia contempla la figura denominada libertad de conciencia, que faculta a los médicos a abstenerse de realizar el procedimiento si este contradice sus creencias personales.
Según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, persisten en el país obstáculos dentro del sistema sanitario que dificultan el ejercicio fluido de este derecho.
"Entre los desafíos se incluye la falta de conocimiento sobre derechos y deberes entre ciudadanos y entidades sanitarias, además de la burocracia y la ineficacia en los trámites para recibir solicitudes y convocar al comité científico-interdisciplinario", señalaron.
8. Uruguay
En octubre de 2025, Uruguay se sumó al grupo de países que permiten la eutanasia.
Veinte de 31 legisladores votaron a favor de la llamada "Ley de Muerte digna" tras un proceso legislativo de cinco años.
De acuerdo con la consultora Cifra, el 62% de la población uruguaya apoyaba la ley, aunque dicha legislación contó con la oposición de grupos católicos y sectores conservadores.
La norma permite a adultos mentalmente capaces en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan un sufrimiento insoportable, optar por la eutanasia, realizada por un profesional de la salud.
9. Ecuador
En la nación andina, el caso de Paola Roldán, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), fue determinante.
Desde 2020, Roldán lideró una campaña de concientización para apoyar a personas afectadas por esta enfermedad poco común, que afecta a dos de cada 100.000 personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
Posteriormente, presentó una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para impugnar el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que establece penas de 10 a 13 años de prisión por homicidio simple, incluyendo prácticas de eutanasia.
Tras una prolongada batalla judicial y varios meses de análisis, en febrero de 2024, la Corte le dio la razón y emitió un fallo favorable.
Paola Roldán falleció cuatro días después.
Así, Ecuador se convirtió en el noveno país del mundo en despenalizar la muerte asistida en condiciones extremas.
Dos años después, la Asamblea Nacional inició en marzo el primer debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, con la intención de regular el acceso a una muerte digna en el país.
Situación en el resto de América Latina
En Perú, a pesar de que la eutanasia está prohibida por ley, en 2021 una corte falló a favor de Ana Estrada, quien sufría polimiositis, enfermedad rara y degenerativa, y solicitaba una muerte digna.
Su caso es considerado excepcional.
En México, la eutanasia no está legalizada y varios proyectos legislativos han fracasado en el Congreso; sin embargo, en Ciudad de México y estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Yucatán, entre otros, está permitido que pacientes terminales rechacen tratamientos paliativos, conocido en ocasiones como "eutanasia pasiva".
Situación similar existe en Argentina, donde en 2012 el Senado aprobó una ley que autoriza rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en pacientes con síntomas terminales o irreversibles.
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En Chile, desde 2012 también se permite a pacientes terminales rechazar la continuación de tratamientos.
En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre Muerte digna y cuidados paliativos, que bajo condiciones específicas, autoriza a solicitar ayuda médica para morir.
En Cuba, a fines de 2023, la Asamblea Nacional incorporó la muerte digna en una legislación que actualiza el marco legal para el sistema nacional de salud universal y gratuito.
"Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna, con determinaciones al final de la vida que incluyen limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados continuos o paliativos y procedimientos válidos para finalizar la vida", señala el texto final de la ley.
El doctor Alberto Roque, del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, indicó a la agencia Reuters que esta medida establece el "marco legal para la futura eutanasia en cualquiera de sus modalidades, ya sea eutanasia activa o suicidio asistido".