Un análisis de Fedea, con datos de diciembre de 2025, revela que, de todos los hogares con múltiples hijos que recibieron el bono, casi medio millón en total, 283.000 no se encontraban en situación de vulnerabilidad. Lo mismo ocurre con los jubilados: el 63% no estaba en condiciones de extrema necesidad.
Para muchas familias en España, pagar las facturas de luz y gas es una preocupación constante. Cualquier conflicto bélico impacta en ello. Se experimentó con la guerra en Ucrania y ahora, con la de Irán, que ha provocado un nuevo aumento en los precios internacionales de la energía. El resultado es siempre similar: las facturas domésticas suben de forma considerable. En este contexto, es importante recordar que en España existe el bono social eléctrico, diseñado para proteger a los sectores más vulnerables. Este dato es fundamental para comprender a quién está dirigido este apoyo económico adicional.
En diciembre pasado, casi medio millón de familias numerosas (454.382) y alrededor de 77.000 pensionistas recibieron el bono social eléctrico. El problema radica, como indica un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por el catedrático Diego Rodríguez, en que no todos los beneficiarios necesitaban realmente esta ayuda económica. Por supuesto, recibir apoyos nunca está de más, pero aquí se hace referencia a personas en situaciones de vulnerabilidad considerable.
Este problema no es reciente. La controversia surgió cuando se supo que la ministra de Sanidad, Mónica García, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ambos con altos ingresos y puestos de responsabilidad, habían recibido ayudas energéticas. ¿La razón? Formar parte de una familia numerosa les daba acceso automático al bono social, independientemente de sus ingresos. Este hecho provocó indignación. El informe de Fedea muestra cuántas personas sin condiciones de extrema necesidad se benefician regularmente de un apoyo destinado a los más vulnerables.
Desde 2023, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) publica mensualmente datos sobre los beneficiarios del bono social. Al analizar los datos de diciembre (objeto de estudio de Rodríguez), se observa que de las familias numerosas que recibieron el bono, casi medio millón, 283.000 no eran vulnerables. En otras palabras, solo el 37,7% estaban en “vulnerabilidad severa”, es decir, aquellas que enfrentan dificultades económicas reales para cubrir sus facturas. Por tanto, el 62,3% restante de hogares con título de familia numerosa beneficiarios no enfrentaban pobreza energética grave.
El caso de los pensionistas es similar. De los 76.893 pensionistas con pensión mínima que accedieron al bono social eléctrico en 2025, apenas el 36,9% estaban en condiciones de vulnerabilidad extrema. Por lo tanto, alrededor de 48.500 pensionistas obtuvieron la ayuda sin tener necesidad económica evidente. Esto implica que podrían cubrir el coste de la luz sin recibir este soporte público.
El bono social se concentra en las familias de Madrid
El bono social eléctrico fue creado en 2009 para apoyar a los hogares más frágiles frente a las fluctuaciones del precio de la luz. Para obtenerlo, es obligatorio estar dentro de la tarifa regulada (PVPC) y cumplir ciertos requisitos, siendo el económico el más relevante: no superar un umbral de ingresos que varía según el tamaño del hogar y circunstancias particulares, como presencia de menores o personas con discapacidad a cargo. Sin embargo, existen dos vías adicionales: basta con ser familia numerosa o pensionista con pensión mínima para obtener el bono, sin considerar ingresos.
Este esquema explica por qué cientos de miles de hogares con ingresos medios o altos han accedido al bono social eléctrico. El caso de las familias numerosas resulta especialmente notable en la Comunidad de Madrid, donde se concentra el 18% de los títulos de familia numerosa de España, pese a ser una de las regiones con mayor renta per cápita. Esto ha permitido que personas con altos ingresos —como la ministra Mónica García o el vicepresidente Ossorio— reciban ayudas públicas destinadas a quienes tienen dificultades para pagar la luz.
En términos generales, Madrid representa solo el 13,9% del total de hogares en España. Sin embargo, el 10,89% de los hogares madrileños reciben el bono social eléctrico, cifra que supera el 8,81% de la media nacional. Este mayor porcentaje en Madrid no refleja una incidencia superior de pobreza energética, dado que es una de las regiones con mayor renta per cápita, sino que responde al acceso automático al bono a través del título de familia numerosa.
En Barcelona, la proporción de títulos de familia numerosa es menor en relación con su peso en el total de hogares españoles, por lo que el porcentaje de familias beneficiarias del bono social queda por debajo de la media nacional. En general, donde hay más familias numerosas —aun con ingresos elevados—, hay un mayor número de beneficiarios del bono social por esta vía, sin relación directa con la pobreza energética.
Situación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)
El estudio de Fedea indica también que el acceso al bono social eléctrico por medio del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o mediante criterios estrictamente económicos logra llegar a los hogares con mayor necesidad. El 83,2% de quienes acceden por IMV son “vulnerables severos”, en contraste con el 37,7% que lo hace por familia numerosa y el 36,9% por pensión mínima. Esto demuestra que, cuando se aplican filtros económicos rigurosos, el sistema cumple su objetivo social.
El problema, según explica Diego Rodríguez en el informe, radica en que el modelo fragmentado de ayudas y los criterios administrativos permiten que hogares sin problemas económicos accedan a fondos públicos. Además, la existencia de varios bonos —eléctrico, térmico, transporte— sin un control conjunto sobre renta y situación real dificulta la gestión y puede dejar fuera a quienes verdaderamente necesitan protección.
La controversia ha impulsado a las autoridades a anunciar modificaciones. El Gobierno se ha comprometido a revisar los requisitos para que el acceso al bono social eléctrico por familia numerosa o pensión mínima también dependa del nivel de ingresos y no únicamente de la categoría administrativa. Para muchos expertos, esta reforma es urgente, especialmente en un contexto donde la energía sigue encareciéndose y la presión sobre los presupuestos familiares es máxima.