El Ministerio de Justicia afirma que la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia en cinco comunidades se lleva a cabo sin problemas significativos, en contraste con los informes de jueces.
La reforma convierte 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales colegiados, incorporando servicios compartidos de funcionarios y una especialización mayor por secciones.
El Ministerio destaca un aumento del 4,4% en los señalamientos de juicios tras la implementación y anticipa una disminución de la pendiente de asuntos en los próximos meses.
Descartan fallos en los sistemas informáticos y en la reorganización del personal, subrayando la adaptación gradual de las infraestructuras judiciales conforme a la nueva ley.
«En las cinco comunidades autónomas bajo la competencia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los Tribunales de Instancia se han instaurado sin incidentes significativos», afirman fuentes del departamento de Félix Bolaños.
Así, responden a los informes en los que varios presidentes de Tribunales de Instancia y responsables de Tribunales Superiores de Justicia reportan incidencias generalizadas en la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La normativa establece una reforma organizativa compleja de la estructura judicial creada en el siglo XIX. Transforma los tradicionales Juzgados unipersonales (3.800) en 431 tribunales de Instancia, órganos colegiados donde los jueces se distribuyen en secciones (instrucción, civil, penal, familia, violencia sobre la mujer, menores, etc.).
Ya no existe una oficina con un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un equipo de funcionarios asignados a cada Juzgado. Actualmente, los funcionarios se concentran en tres servicios comunes (general, de tramitación y de ejecución) que cooperan para las diversas secciones en las que se agrupan los jueces.
La responsabilidad de aplicar la ley recae en el Ministerio en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla. En los demás territorios, corresponde a las Administraciones autonómicas.
«La ley es para todas. Lo que alguna comunidad no haya implementado será su responsabilidad», indican fuentes del Ministerio, que resaltan que regiones como Aragón, La Rioja o Cataluña «también avanzan satisfactoriamente».
Explican que el pasado 22 de diciembre «el Ministerio y las comunidades constataron que todo estaba preparado para los tribunales de instancia y acordaron por unanimidad que la tercera y última fase de implementación de la ley comenzara el 31, como estaba previsto, renunciando a la opción de prórroga«.
«Solo se decidió otorgar cierta flexibilidad a los partidos judiciales, para que la puesta en marcha de los equipos que así lo necesitaran se realizara de forma progresiva», añaden.
Desde que inició la implementación, el grupo técnico formado por el Ministerio y las comunidades autónomas ha efectuado 29 reuniones de seguimiento y coordinación. También se celebraron nueve comisiones sectoriales desde enero de 2025.
En la última reunión, el pasado día 6, «ninguna comunidad reportó incidencias significativas en cuanto a la gestión derivada de la implantación de los Tribunales de Instancia», señalan desde el Ministerio.
La fecha
Estas fuentes indican que muchas críticas expresadas en los informes del Poder Judicial se fundamentan en la insistencia del departamento de Bolaños por implantar la reforma en los plazos breves fijados.
«Esto responde a un precedente que muestra las consecuencias de retrasar las reformas estructurales», observan.
«A finales de 2003, se aprobó una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para instaurar la llamada Nueva Oficina Judicial, un cambio organizativo profundo que pretendía mayor rapidez y eficacia mediante la creación de servicios comunes procesales. Dos décadas después, en 2024, solo dos comunidades (Cataluña y País Vasco) y el Ministerio habían implementado estas oficinas judiciales. El resto no habían realizado ninguna implementación», añaden.
«Si se hubiera actuado igual con la Ley de Eficiencia, la estructura del siglo XIX se habría mantenido varias décadas más», aseguran.
Incremento de señalamientos
El Ministerio de Justicia enfatiza que «en los tribunales de instancia que comenzaron a funcionar el 31 de diciembre de 2025 no se han registrado incidencias relevantes considerando la magnitud de esta transformación estructural».
De hecho, indican que a fecha de 6 de marzo ya existen indicadores positivos de actividad, como el aumento del 4,4% en los señalamientos de juicios en comparación con el mismo período de 2025 en las comunidades del ‘territorio Ministerio’.
Bajo la organización anterior, la pendiente de asuntos crecía cada año. «El nuevo modelo, respaldado por todas las asociaciones judiciales en 2017, está concebido para mejorar la eficiencia y agilizar los procesos», sostienen.
Desde el Ministerio prevén que «en unos meses la pendiente de asuntos disminuirá. Además, la llegada de asuntos ya está bajando gracias a los MASC (medios adecuados de solución de controversias). El tiempo lo confirmará».
Funcionarios y edificios
Estas fuentes también descartan que sea imposible completar los equipos que forman los servicios comunes.
Aclaran, en este sentido, que la Ley de Eficiencia «reorganiza el personal, sin reducirlo ni incrementarlo».
«La cifra de funcionarios no se ha modificado ni se han eliminado espacios en las sedes judiciales. Si antes ingresaban funcionarios, ahora también lo hacen«, añaden, en referencia a otra de las críticas: las dificultades para reubicar personal en edificios que no están preparados para los servicios comunes.
«Lo ideal es que los servicios se ubiquen en un mismo espacio, pero no es imprescindible. De hecho, muchos partidos judiciales ya contaban con oficina judicial. El uso del expediente judicial electrónico reduce la necesidad de readaptar infraestructuras o reubicar personal», explican.
Asimismo, sostienen que en las comunidades bajo dependencia del Ministerio «todas las sedes judiciales construidas o reformadas desde la entrada en vigor de la ley que creó la Nueva Oficina Judicial (2003) fueron diseñadas teniendo en cuenta este modelo. Por tanto, no requieren una readaptación significativa ahora».
«Muchas comunidades autónomas ya disponen de edificios adaptados a esta estructura, pero otras que nunca implementaron las oficinas judiciales ahora deben adecuarse», indican.
En ciertos casos, la oficina nunca podrá adaptarse. Por ejemplo, los Juzgados de Soria se ubican en un palacio renacentista del siglo XVI.
Sobre la interferencia causada por la coincidencia del proceso de estabilización de funcionarios y la implantación de los Tribunales de Instancia, aclaran que «ambas medidas eran urgentes. La consolidación del personal era una exigencia de la UE. Es cierto que no se esperaba que la resolución durara tanto tiempo, pero en mayo finalizarán todos los procesos de estabilización».
Sistemas informáticos
Las fuentes del Ministerio también descartan deficiencias en las aplicaciones informáticas bajo la Administración central.
«Las comunidades autónomas del ‘territorio Ministerio’ y además Galicia, Asturias y La Rioja utilizan la aplicación Minerva-Atenea, que permite controlar las incidencias en tiempo real», manifiestan.
«No ha habido problemas significativos desde el inicio de los Tribunales de Instancia. El Ministerio cuenta con técnicos informáticos presentes en los tribunales y un servicio online de atención al usuario 24/7. Puede surgir alguna incidencia puntual, pero no es la norma«, aseguran.
En el Ministerio están al tanto de que algunas comunidades, entre ellas Andalucía y la Comunidad Valenciana, enfrentan dificultades con sus sistemas de gestión procesal.
Sobre las quejas respecto al «aislamiento» de los jueces, quienes lamentan falta de información y no haber sido escuchados, el Ministerio es contundente: «la organización de las oficinas no corresponde al Consejo General del Poder Judicial, sino a la Administración. El CGPJ debe adaptar sus reglamentos a la Ley de Eficiencia (hasta ahora solo ha adaptado uno en un año). En temas solapados, como la relación tribunal-oficina y la inspección, Ministerio y CGPJ han aprobado instrucciones paralelas».
También aseguran que mantienen «contacto permanente» con la Abogacía y los procuradores. «Nunca se han reportado problemas graves y generalizados», concluyen.