El Tribunal Supremo ha establecido en 79.942,70 euros las costas que Álvaro García Ortiz, exfiscal general, debe abonar al abogado y procuradora de Alberto González Amador.
La condena contra García Ortiz se fundamenta en la divulgación de información fiscal confidencial perteneciente a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El exfiscal ya pagó una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros, monto reunido por la UPF mediante donaciones.
La defensa de González Amador respalda la cuantía debido a la complejidad, la visibilidad mediática y la inexistencia de precedentes en este asunto.
El Tribunal Supremo ha comunicado a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, una liquidación de costas por un total de 79.942,70 euros, correspondiente a los gastos derivados del proceso judicial para el abogado del empresario Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, y su procuradora.
García Ortiz, condenado el 9 de diciembre por la difusión de información tributaria confidencial de González Amador, ya cumplió con el pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La suma de 17.200 euros fue recolectada gracias a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece García Ortiz, a través de una campaña de donativos.
La sentencia de la Sala Penal incluía el pago de costas a favor de la víctima del delito, pero no se extendía a las acusaciones populares que participaron, entre las que se encontraba el Colegio de Abogados de Madrid,
Una resolución emitida por la letrada de la Administración de Justicia el 9 de febrero establece la suma total de 79.942,70 euros en costas: 78.382,32 euros corresponden a la minuta del abogado de González Amador, 1.560 euros a la procuradora y 13.603,54 euros por IVA.
El fiscal general apelará esta tasación de costas al considerarla excesiva, según informó El País.
En un escrito entregado el 1 de febrero, el abogado de González Amador defendió la tasación argumentando el «notable esfuerzo» que ha implicado este proceso, dada su «complejidad» tanto material como procesal.
Rodríguez Ramos señaló la propia naturaleza de los hechos investigados, destacando «la divulgación, por parte del fiscal general del Estado, de información confidencial a la que accedió en virtud de su cargo, así como la creación y difusión institucional de una nota cuyo autor tampoco fue revelado mediante la estructura del Ministerio Fiscal».
El letrado también mencionó el «contexto institucional» en el que ocurrieron los hechos «desde el inicio hasta la condena (…) mientras el investigado y acusado mantuvo el cargo máximo de la institución, empleando todos los recursos disponibles para su defensa».
Otro motivo para justificar el esfuerzo en la acusación es «la difusión del contenido del delito en medios de comunicación», el «uso político» del caso y la atención mediática generada por los acontecimientos.
Según el abogado, la dificultad añadida del procedimiento radica en la ausencia de precedentes. «Nunca antes un fiscal general del Estado había estado implicado en la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales acerca de una persona ligada a un cargo público de un partido político rival del Gobierno que lo nombró», enfatiza.
Asimismo, aludió a la multiplicidad de partes involucradas, el aforamiento del condenado y la apertura de 15 piezas separadas.
La acusación particular destacó que la eliminación, por parte de Álvaro García Ortiz y demás implicados, de todos los archivos, datos y dispositivos digitales que podían contener su huella digital complicó el procedimiento.
Esto llevó al envío de dos comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos, además de la necesidad de llevar a cabo múltiples diligencias de investigación y pruebas en el juicio oral para esclarecer los hechos.
Se refiere también a la posición procesal del Ministerio Fiscal, que, lejos de adoptar una postura al menos neutral, asumió un papel de defensa del condenado.
Por último, comenta que la defensa legal de García Ortiz fue asumida por la Abogacía del Estado «con los recursos y la intensidad propias de la Administración del Estado (Poder Ejecutivo)».