El Gobierno ha dado luz verde a dos normas legislativas para restringir la libertad empresarial, estableciendo controles en precios en situaciones de emergencia y prohibiendo la gestión privada de hospitales públicos.
El anteproyecto de ley pretende limitar la gestión privada dentro de la sanidad pública, autorizándola únicamente en circunstancias excepcionales y bajo un riguroso sistema de evaluación y supervisión.
Se faculta al Ejecutivo para establecer topes en precios de sectores como alimentación, transporte y energía durante emergencias, con el fin de proteger a los consumidores.
Estas iniciativas refuerzan la estrategia intervencionista del Gobierno en sectores clave, impactando en las competencias autonómicas y la cooperación público-privada.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha avanzado este martes en su política intervencionista.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos proyectos legislativos que buscan limitar la libertad de empresa: uno para controlar precios en emergencias y otro para eliminar la influencia de compañías privadas en la Sanidad pública.
No es una novedad. Estas disposiciones se suman a una serie de regulaciones con las que el Ejecutivo de Sánchez ha reforzado su control sobre áreas antes gestionadas conjuntamente con las comunidades autónomas o abiertas a la iniciativa privada.
La semana pasada, por ejemplo, Sánchez anunció un próximo real decreto para restringir la oferta privada en Formación Profesional.
Ayer, el Consejo de Ministros impulsó dos normativas con fuerte impacto político y económico. Por un lado, aprobó un anteproyecto de ley para prohibir la gestión privada de hospitales públicos, afectando directamente el modelo sanitario en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, autorizó un real decreto-ley que permite al Ejecutivo fijar precios máximos en sectores como alimentación, transporte y energía en situaciones de emergencia.
La primera iniciativa modifica la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar con apoyo pluripartidista, que habilitó nuevas formas de gestión privada dentro del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo es eliminar del sistema público sanitario “dinámicas vinculadas al funcionamiento comercial”, según el propio texto.
Tras casi treinta años desde la norma que permite la gestión privada por concesión, el Ministerio de Sanidad de Mónica García intenta revertir este modelo, aunque la aprobación en el Congreso de los Diputados parece poco probable.
El anteproyecto establece que solo se permitirá la gestión privada de centros sanitarios públicos cuando la Administración no pueda prestar el servicio directamente.
En esas situaciones excepcionales, las gestiones indirectas deberán garantizar “sostenibilidad financiera y eficiencia”, y cumplir criterios de “calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio”.
La ofensiva se dirige claramente contra el modelo sanitario madrileño, que concentra la mayoría de hospitales públicos bajo concesión.
De los ocho hospitales en España gestionados así, cuatro están en la Comunidad de Madrid, por lo que la iniciativa representa un golpe directo a una de las bases de la política sanitaria del PP en la región.
Este ataque lo realiza una ministra de Sanidad que, además, será candidata de Más Madrid en las próximas elecciones.
La futura ley incluye un proceso obligatorio de evaluación previa para cada caso de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud.
Este análisis debe contener una memoria justificativa de la administración sanitaria, el dictamen de un comité evaluador y, en algunos casos de concesión, un informe de la Oficina Nacional de Evaluación.
El texto también abraza la posibilidad de revertir los modelos de gestión privada vigentes actualmente.
La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó ayer la norma como “una victoria de la sociedad civil frente a las garras especuladoras y privatizadoras”.
Afirma que serán eliminados “los modelos concesionales que combinan la obra concesionada con la prestación sanitaria con ánimo de lucro”.
Según ella, los casos controvertidos recientes, como el Hospital de Torrejón, no son excepciones sino resultado de un marco legal que ha impulsado la sanidad pública hacia fines económicos, en clara referencia a la ley de 1997.
El Ministerio de Sanidad sostiene que la gestión indirecta reporta peores indicadores en hospitalizaciones evitables o mortalidad por infarto e ictus. Sin embargo, esta evaluación no es unánime.
Investigaciones previas, como un estudio publicado en 2018 por la Universidad de Granada, Universidad de Jaén y Escuela Andaluza de Salud Pública, concluyeron que los modelos de colaboración público-privada (conocido como modelo Alzira) eran de los más eficientes del sistema, superando a la gestión pública total, que resultó menos eficiente en términos relativos.
Control de precios
Además de la reforma sanitaria, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley para establecer topes en precios durante situaciones de emergencia.
La modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios faculta al Gobierno a fijar límites máximos en transporte, alimentación y otros bienes y servicios esenciales para evitar abusos de empresas y operadores.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, explicó que la iniciativa busca reforzar la protección al consumidor tras episodios recientes como la dana en Valencia, incendios de 2025 o el accidente ferroviario en Córdoba.
El mecanismo permitirá establecer un precio máximo basado en el valor más alto de los 30 días anteriores, con un criterio adicional: si ese precio excede en más del 50% el coste medio del periodo, el límite será la media más ese 50%.
La activación de estas limitaciones solo será válida en emergencias de protección civil o en otros casos específicos decididos exclusivamente por el Consejo de Ministros, que mantiene esta competencia en exclusividad.
La norma también obliga a los comercializadores a informar al consumidor sobre el precio medio y máximo de los 30 días previos, y garantiza la devolución automática de cualquier monto cobrado por encima del límite legal.
El alcance del decreto no se restringe al transporte o la alimentación. Permite además limitar precios en la comercialización de energía, abriendo la puerta a una intervención directa en tarifas eléctricas o en los precios de gasolina y diésel.
Según el Ministerio, la finalidad de la medida es impedir que las empresas obtengan beneficios extraordinarios en crisis, a costa de los consumidores.
Para ello, la regulación incluye cierta flexibilidad al permitir aumentos justificados por incrementos comprobables en costes o cuando sea necesario para introducir nuevas ofertas, siempre que no supongan mayores márgenes empresariales.
Estrategia de intervención
Con estas dos medidas, el Ejecutivo afianza una política de intervención estatal directa en sectores clave, desde la sanidad hasta los precios de bienes y servicios esenciales, creando fricciones políticas con empresas por sus libertades y con comunidades autónomas por la afectación de sus competencias.
En un corto periodo, se ha presentado una norma para limitar la oferta privada en Formación Profesional, un plan nacional de vivienda que establece zonas tensionadas y una ley de regeneración democrática que otorga a Moncloa la potestad de declarar ciertos lugares como sitios de tortura franquista, incluso contra la voluntad de sus ocupantes.
También se enmarcan en esta línea iniciativas recientes como el control de redes sociales para proteger a menores de 16 años, la prohibición de acceso a plazas de toros a menores de 18, restricción en venta de comida basura en máquinas expendedoras y control del azúcar en el café. Además, leyes próximas a aprobarse, como la prohibición de fumar en terrazas.