Un tren cisterna que transportaba carga tóxica y inflamable descarriló en Irún durante la madrugada del viernes al sábado, ocasionando la rotura de la vía y la interrupción del tráfico ferroviario.
Tanto Adif como el Gobierno vasco permanecieron en silencio sobre el incidente, ocurrido en una zona urbana próxima a viviendas y una terminal de mercancías.
El Partido Popular ha solicitado aclaraciones oficiales y una cronología completa del accidente, cuestionando la ausencia de transparencia y señalando posibles responsabilidades políticas.
El tren transportaba hidrocarburos líquidos con alto grado de contaminación, y el siniestro coincidió con negociaciones sobre inversiones en la seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria.
Este miércoles, a Pedro Sánchez se suma un nuevo accidente ferroviario del cual deberá explicar al Congreso. Se trata de un descarrilamiento en una zona urbana de Irún de un tren cargado con decenas de miles de litros de material tóxico, sobre el que ni Transportes ni el Gobierno vasco han facilitado información pública desde el sábado pasado.
Así lo denuncia el Partido Popular, que planea exigir información al presidente del Gobierno tras presentar mandatos de preguntas tanto en la Cámara Baja como en el Parlamento vasco.
Sánchez pospuso hasta este 11 de febrero su comparecencia por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), donde fallecieron 47 personas. Además, incluyó diversos asuntos de distinta índole en su intervención.
Sin embargo, según ha podido confirmar este medio, ya no podrá desviar la atención con «la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado».
Porque el Partido Popular exigirá que se aclare otro descarrilamiento con rotura de vía, esta vez en el área urbana de Irún, ocurrido el fin de semana pasado, de un tren que transportaba «material peligroso».
Un convoy de mercancías de la compañía suiza Bertschi con carga inflamable sufrió un descarrilamiento en la madrugada del viernes al sábado en la localidad guipuzcoana. Se trataba de un tren cisterna con al menos dos depósitos de 33.000 litros cada uno, que portaban hidrocarburos líquidos según el código 3295.
Los depósitos estaban señalizados como «contaminantes para el medio ambiente» y «altamente inflamables». Sin embargo, ni Adif, que gestiona la vía en las inmediaciones de la estación de Belaskoenea, ni el Gobierno vasco dieron a conocer el siniestro.
Huelga por la seguridad
El accidente se produjo en medio de las negociaciones entre el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, y los sindicatos de maquinistas, encaminadas a poner fin a una huelga de tres días.
El paro se inició este lunes y se suspendió tras un acuerdo que incluye una inversión superior a 1.800 millones para mantenimiento y renovación de la red, así como la contratación de 3.600 nuevos profesionales.
Aunque el tren de Irún, como evidencian las imágenes que acompañan este texto, descarriló, no volcó. No obstante, produjo una rotura en la vía que permanece bajo investigación junto al carril. El daño es muy similar al identificado en Adamuz, accidente ocurrido el 18 de enero con 46 víctimas mortales.
El percance de Irún ocasionó el cierre de la vía y afectaciones al tráfico en la estación, que es compartida por Adif y la compañía pública vasca Euskotren, desde la madrugada del sábado.
Este lunes al mediodía, ninguna administración ni empresa pública involucrada había emitido información oficial. No obstante, al menos ocho trabajadores permanecían en la zona con chalecos sobre las vías, según testigos presenciales.
«Estaban agrupados en círculo alrededor de la vía», relata un vecino de la localidad guipuzcoana. «Se les podía ver desde el puente de Belaskoenea», en unas áreas cercanas a varios bloques residenciales próximos a las instalaciones ferroviarias.
Cerca de dicha estación se encuentra una terminal de descarga de mercancías, situada en una zona industrial y residencial de Irún, dentro del casco urbano, próximo al paseo Julián Gayarre Ibilbidea.
Secretario de Estado y exalcalde
Ni Adif, responsable de la infraestructura, ni el Gobierno vasco difundieron un comunicado que informara a los ciudadanos afectados. De hecho, el accidente solo salió a la luz tras la denuncia de Borja Corominas, concejal del PP en San Sebastián, casi 24 horas después.
Cabe destacar que el actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, fue alcalde de Irún durante más de 20 años, desde 2002 hasta que fue designado por Puente, nuevo ministro del PSOE, en noviembre de 2023.
Además, el actual viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Páez, ejerció como primer teniente de alcalde desde 1991 hasta que fue incorporado al gobierno de Imanol Pradales, coalición entre PNV y el Partido Socialista de Euskadi.
«Por esta razón», advierte Muriel Larrea, presidenta del PP en Guipúzcoa, «no pueden alegar desconocimiento. Son vecinos conocidos, y estamos conscientes del alto riesgo que representa un accidente de esta naturaleza«.
Los populares intentaron obtener detalles durante el fin de semana, contactando con el Ministerio, Adif y la Viceconsejería vasca, pero «no recibimos respuestas», añade Larrea, quien asegura que se enteraron a través de los medios.
Preguntas en Vitoria
«Nos ocultaron la información», denuncia Santiago López, parlamentario vasco del PP, que presentó este martes un paquete de preguntas en el Parlamento vasco dirigido al Gobierno autonómico.
«Muchas personas temen al tren a causa de la falta de mantenimiento evidenciada tras Adamuz«, dice Larrea, «y en esa zona hay varios edificios residenciales a menos de 300 metros. No se nos puede acusar de alarmismo por pedir explicaciones oficiales».
Tras el accidente de Irún, el PP dirige su crítica al «apagón informativo» y a la cadena de «responsabilidades políticas» que, a su juicio, involucra a Adif, Gobierno vasco y Moncloa.
La petición del PP en el Parlamento vasco busca desvelar dicha opacidad por etapas.
En primer lugar, reclama una cronología precisa y detallada: cuándo se inspeccionó la vía por última vez, la hora exacta del descarrilamiento, duración del corte del tráfico y cuándo se reanudó el servicio completamente, si ya ocurrió.
Solicita igualmente que el Ejecutivo de Vitoria especifique quién es responsable del tramo exacto, dado que pertenece a Adif pero limita con terrenos de Euskotren, para identificar al organismo encargado del mantenimiento.
Posteriormente, se interesa por el estado real de la infraestructura y eventuales alertas previas. López demanda conocer qué competencias concretas posee el Gobierno vasco en seguridad y vigilancia en Belaskoenea, y si se detectaron daños, deterioros o irregularidades antes del accidente.
El PP reclama además el detalle y copias de todas las comunicaciones intercambiadas entre Gobierno vasco, Adif, Ministerio de Transportes y otros organismos, tanto previas como posteriores al siniestro.
También se exige saber si el caso ha sido remitido a la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), como en el caso reciente de Tarragona, a algún órgano independiente, o si está siendo tratado como un simple incidente operativo.
Solicitan datos específicos sobre el tipo de mercancía peligrosa que transportaba el convoy, el nivel de riesgo para personas y entorno, así como los protocolos de emergencia activados aquella noche, si es que se activaron.
Preguntas en Madrid
Esta demanda está directamente vinculada al llamado «apagón informativo». El PP exige saber si el Gobierno vasco y Adif fueron notificados en tiempo real sobre el descarrilamiento y la carga transportada.
Y, especialmente, por qué, a pesar de eso, no se consideró indispensable alertar a los vecinos que residen a menos de 300 metros de una vía por donde circulan trenes con mercancías inflamables.
En el Congreso, Bea Fanjul y otros diputados del Grupo Popular presentaron un nuevo escrito de preguntas dirigido al Gobierno central, incluyendo muchas de las dudas planteadas en Vitoria.
Los diputados exigen a Moncloa una cronología completa de lo sucedido en Belaskoenea, desde la última actuación conocida en la vía hasta el restablecimiento definitivo del servicio. Reclaman que el Ejecutivo especifique «sin ambigüedades» quién es el titular de la vía, el punto kilométrico exacto y la entidad responsable del mantenimiento.
Fanjul solicita además un desglose de sus competencias en seguridad y mantenimiento del tramo, así como el «inventario de inspecciones y revisiones» de los últimos cinco años, e información sobre cómo se detectó la rotura: a través de sistemas de control, informes técnicos o «avisos de terceros».
El PP pregunta también si el Ejecutivo de Sánchez había recibido reportes del Gobierno vasco sobre incidentes en ese tramo antes del siniestro.
Los populares resaltan la dimensión política del siniestro, señalando que Santano, actual secretario de Estado de Transportes, y Páez, viceconsejero vasco, ocuparon los cargos de alcalde y teniente de alcalde de Irún durante dos décadas.
Esa cercanía política y personal con la ciudad, a juicio del PP, hace «más difícil de justificar» el silencio oficial, y les impulsa a cerrar el círculo de la denuncia: no se trata únicamente de un fallo en la vía, sino de «una decisión política de no informar a los vecinos de Irún».