El PP permitirá la incorporación de Vox en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para compartir la responsabilidad y el desgaste de gobernar.
Feijóo justifica este acuerdo argumentando que la ciudadanía demanda responsabilidad y consensos, aunque subraya que PP y Vox son formaciones distintas.
Vox reclama áreas con estructura organizativa y presupuesto, advirtiendo que romperán los pactos si no se respetan sus condiciones respecto a la inmigración.
El crecimiento electoral de Vox tras su salida de anteriores gobiernos autonómicos refuerza su presión para influir en futuras coaliciones en otras comunidades autónomas.
El PP abre las puertas de los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón a Vox.
Durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, manifestó que «la gente ya no soporta a Sánchez y está pidiendo que gobierne el PP y que la mayoría llegue a entendimientos con responsabilidad».
Este supone un cambio en la estrategia del principal partido de la oposición. Hasta ahora defendía gobiernos en solitario con apoyos externos, pero los resultados en Extremadura y Aragón, donde Abascal duplicó sus votos y se volvió decisivo, alteraron el escenario significativamente.
La clave hoy es alcanzar pactos, sin perder la identidad propia.
Feijóo enfatizaba este lunes que PP y Vox «somos diferentes», aunque reconocía «puntos en común». No ofreció detalles, pero reclamó que los pactos se concreten con «responsabilidad».
En el entorno de uno de los gobiernos implicados, el de la extremeña María Guardiola, ya se comenta abiertamente la posibilidad de ceder consejerías para que los socios asuman «el desgaste» del poder.
Así ocurrió en 2023, cuando Vox entró en los Ejecutivos de Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Castilla y León, asumiendo varias carteras junto con las vicepresidencias autonómicas.
En el año siguiente, diluidos por la gestión, el partido de Abascal descendió hasta el 11,3 % en las encuestas.
Para frenar esta caída, la dirección nacional de Vox rompió los pactos y volvió a la oposición, utilizando como argumento el reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias que los gobiernos autonómicos habían aceptado para aliviar la saturación en el archipiélago.
La medida fue drástica pero, a largo plazo, beneficiosa para una formación que se alimenta del descontento y del voto de protesta. En las últimas encuestas, como las de SocioMétrica, Vox alcanza ya el 17,9 %.
Esto supone cerca de siete puntos más y 35 diputados adicionales desde que abandonaron los cinco gobiernos autonómicos, superando ahora los 62 escaños en el Congreso, frente a los 33 actuales.
Un crecimiento que se refleja en cada cita electoral, en la que baten récords y duplican sus resultados previos.
Después de Aragón y Extremadura, próximamente tendrán lugar los comicios en Castilla y León y Andalucía, donde las encuestas también son favorables.
Algunos asistentes a la Junta Directiva del PP destacaban la «fortuna» de Vox: tres meses tras su salida, llegó la dana de Valencia, que favoreció a los de Abascal mientras PP y PSOE se reprochaban mutuamente la gestión.
El partido de Abascal quedó indemne, a pesar de que hasta julio controlaba la Consejería de Emergencias y debía coordinar la respuesta a la catástrofe.
Su sucesora, la popular Salomé Pradas, fue relevada pocas semanas después de la inundación por el presunto retraso en el envío de la alerta a los móviles.
«Estructura y presupuesto»
En Vox no descartan volver a formar parte de gobiernos y exigen que se les asignen áreas con «estructura y presupuesto». Por ahora, además, reclaman un cambio profundo en asuntos como el pacto verde, el «adoctrinamiento» escolar y la política migratoria.
Todo esto, a pesar de que las Comunidades Autónomas no tienen transferidas las competencias migratorias y su margen de maniobra respecto a la normativa climática europea es muy limitado.
Fuentes del partido recalcan este lunes que son «un partido de principios» y «no de cargos», advirtiendo que volverán a romper los acuerdos si no se cumple «el pacto de menas y la resistencia contra la inmigración ilegal».
Sin embargo, en las negociaciones de 2023 no existía ninguna cláusula que rechazara los repartos estatales de menores.
Ese argumento es utilizado por el PSOE. Este lunes, tras la Ejecutiva, la portavoz Montse Mínguez apoyó a Pilar Alegría y anticipó un posible «colapso», convencida de que resultará complicado cerrar un pacto de gobierno.
Aragón ha reflejado lo ocurrido en Extremadura en diciembre: Vox dobla su apoyo, el PSOE se desploma y el PP se mantiene con un leve avance o retroceso, quedando más vinculado a Abascal pese al adelanto electoral.
«No se debe preguntar si los resultados son buenos o malos, sino cómo habríamos estado dentro de un año», comentaba en privado un dirigente presente en la reunión.
A pesar del retroceso, los populares alcanzan el 34% en Aragón y el 43% en Extremadura. Esto resulta una excepción en el centro-derecha europeo, donde sus equivalentes se mueven por debajo del 10% en países como Italia o Francia, muy alejados del más del 30% que hoy obtendrían Le Pen o Giorgia Meloni.
El histórico Partido Conservador británico ronda el 19%, mientras Reform UK, liderado por Nigel Farage, supera ampliamente el 30%.
Alemania resiste un poco más, pero la CDU de Merz empata con el 26% frente a Alternativa para Alemania (AfD).
Un caso más cercano es el de Portugal. Los conservadores de Luís Montenegro mantienen el Gobierno, aunque este domingo observaron desde la distancia la segunda vuelta presidencial entre el candidato de extrema derecha y el socialista, que ganó claramente con el apoyo de la derecha moderada.
En Génova pueden consolarse con el dicho: estamos mal, pero menos mal que, al menos, seguimos presentes.