El Gobierno pretende fragmentar el decreto ómnibus rechazado por el Congreso para conseguir aprobar tanto la revalorización de las pensiones como las medidas sociales.

Se está negociando un Real Decreto enfocado en las pensiones, que podría recibir el apoyo de formaciones como Junts y PP.

Un segundo decreto incluiría la moratoria de desahucios junto con otras medidas sociales, incorporando ajustes para proteger a los pequeños propietarios y captar el respaldo de Junts, PNV y CC.

El Ejecutivo intenta equilibrar las exigencias de sus aliados para evitar tensiones internas y asegurar la aprobación de ambas iniciativas.

El Gobierno mantiene negociaciones con sus socios para dividir el decreto ómnibus que la semana pasada fue rechazado por el Congreso de los Diputados. La meta inmediata consiste en aprobar un nuevo texto a la mayor brevedad y garantizar que la revalorización de pensiones se implemente antes de finalizar el mes.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, un Real Decreto que se centraría en las jubilaciones podría ser convalidado con el respaldo de casi todo el espectro parlamentario, dado que partidos como Junts y PP muestran disposición para apoyarlo.

Asimismo, habría un segundo Real Decreto que contemplaría la moratoria de desahucios, incorporando otras medidas calificadas como “escudo social”, las cuales empezaron a aplicarse tras la invasión de Ucrania y la crisis inflacionaria generada.

Este último decreto es el más controvertido, dado que los grupos liderados por Carles Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo anunciaron su voto en contra del decreto ómnibus, argumentando que dicha medida protege a los okupas y perjudica a pequeños propietarios que poseen una o dos viviendas.

Actualmente, se negocia la inclusión de protecciones para los dueños de una o dos viviendas frente a impagos prolongados, lo que permitiría obtener el respaldo de Junts, PNV y CC. Las conversaciones son multidireccionales para lograr la convalidación de ambos decretos.

Un complicado acuerdo que esperan concretar en las próximas horas o días.

La primera alternativa sobre la mesa es presentar un decreto revisado en el Consejo de Ministros de este martes. En caso de que estas negociaciones no fructifiquen, el Gobierno dispone de una segunda opción: posponer la decisión hasta el Consejo del día 10 para que la subida pueda efectuarse a finales de febrero.

Más allá de los plazos, el debate principal se centra en la estructura del decreto. El Ejecutivo duda entre rehacer un solo texto que englobe todo el escudo social o fragmentarlo para separar la actualización de las pensiones de las medidas más polémicas en materia de vivienda.

La dificultad radica en satisfacer a los socios más reticentes sin generar una ruptura con la izquierda. Aunque estos grupos no descartan fraccionar el decreto, desconfían de aislar las medidas antidesahucios sin la garantía de que ese segundo texto será aprobado.

Para el Ejecutivo, la exclusión de determinados pequeños propietarios se perfila como una cláusula de seguridad capaz de atraer apoyos desde diferentes posiciones.

El año pasado, un bloqueo parecido obligó a Moncloa a dividir un decreto social y económico en dos textos separados, tras una negociación prolongada que se extendió hasta el propio Consejo de Ministros.

Finalmente, Junts cedió, las pensiones fueron revalorizadas y el PP votó a favor. Ahora, se espera repetir esta operación.