Se atribuye a Ana María Fuentes y a dos empleadas adicionales un rol fundamental en la financiación y el soporte logístico de la supuesta red.
El núcleo del oficio de la UCO dirigido al juez Santiago Pedraz se enfoca en las acciones de Serrano, aunque también solicita permiso para examinar el contenido de los teléfonos intervenidos a otras cuatro personas involucradas en la trama, con el objetivo de desactivar los procesos perjudiciales para el Gobierno y el PSOE. Esto se plantea tras explicar que durante la investigación sobre estas maniobras se identificó un elemento especialmente relevante y, a la vez, demostrativo de la coherencia de acción de esta organización criminal. Se trataba de «el modo en que se cubrieron los costes y se atendieron las necesidades logísticas de la actividad objeto de investigación».
En este punto intervienen tres personas «incrustadas en la estructura del partido», quienes actualmente están imputadas en la causa. La principal es Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE. A esta investigada se le atribuye la acción de «falsificar notas de encargo profesional» para financiar los honorarios de abogados implicados en la operación destinada a desactivar las causas penales. Fuentes habría operado «mediando a través de Leire y siguiendo las indicaciones de Cerdán», según afirma la UCO.
Su posición destacada dentro del PSOE motivó que el juez solicitara documentación del partido. La defensa presentó un escrito aclarando que en el proceso penal actúa exclusivamente en nombre propio y que, si se requiere documentación del PSOE, debe dirigirse a quien el partido determine como representante.
La UCO menciona asimismo a dos empleadas del área de secretaría y administración del PSOE. A Covadonga San Pedro Pascual se le asignan «funciones de apoyo logístico y administrativo vinculadas a la actividad realizada». Esto comprendía la organización de viajes para miembros de la organización, cuyo coste asumía el partido, y facilitar el desarrollo de las reuniones que se llevaban a cabo. A Celia Rodríguez Alonso se le atribuyen «funciones y responsabilidades similares» a las de su compañera.
«En relación con estas tres personas», resume el oficio remitido al juez, «su participación se considera crucial en lo que concierne a la asunción de los gastos derivados de las acciones realizadas por el PSOE». Explica que el objetivo principal de analizar sus teléfonos es «poder establecer y cuantificar los costos realmente asumidos, las operaciones empleadas para ello, los participantes en las mismas, el grado de conocimiento que tenían sobre las acciones desarrolladas y la identificación de quienes tomaron parte».
Tras presentar el caso de otro investigado, el exmiembro de la UCO Juan Sánchez Yepes, el oficio indica que contra los cinco «existen en la causa evidencias concretas que muestran que mantuvieron contactos o comunicaciones con otras personas bajo investigación». Por esta razón, considera «fundamental disponer de la información» contenida en los teléfonos intervenidos. El juez ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción antes de decidir sobre la autorización para su análisis.
Más allá del rol individual de las tres empleadas del PSOE, el informe recuerda que Santos Cerdán, «en calidad de secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal los propios recursos del partido«. Esto incluía financiar algunos gastos y proveer personal y espacios para facilitar la ejecución de las actividades investigadas.