Marruecos busca establecer la delimitación definitiva de la frontera marítima con España, incluyendo las aguas cercanas a Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria, lo cual impacta en recursos minerales y energéticos significativos.
La reivindicación marroquí se basa en el principio de equidad frente al criterio de línea media y en la Convención del Mar, argumentando legitimidad por medio de acuerdos bilaterales y recientes resoluciones internacionales.
Expertos advierten que la anexión de aguas saharauis por parte de Marruecos carece de respaldo legal y probablemente será rechazada por organismos internacionales como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
Marruecos también intenta gestionar el espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental, actualmente bajo supervisión española, y ha comenzado obras para fortalecer su infraestructura aérea en la zona.
En la XIII Reunión de Alto Nivel que España y Marruecos celebrarán en Madrid el miércoles y jueves, se abordarán, además de temas recurrentes como migración, seguridad y narcotráfico, un asunto especialmente delicado.
Rabat ha logrado incluir en la agenda «las negociaciones para delimitar la frontera marítima entre Marruecos y España», que, según afirman en Marruecos, «se encuentran en su fase final».
Para Rabat resulta vital continuar avanzando según la hoja de ruta acordada por el presidente Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI el 7 de abril de 2022.
Ese acuerdo contempla la delimitación de fronteras marítimas, la extensión de la plataforma continental y la gestión del espacio aéreo.
Lo que está en juego es la definición de las fronteras marítimas en la costa atlántica. El asunto es que Marruecos reclama aguas pertenecientes a Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria.
La zona en disputa afecta directamente al monte Tropic, considerado una de las reservas de telurio y cobalto más relevantes a nivel global. Sus costras de ferromanganeso, recurso mineral situado en el fondo oceánico, contienen altas concentraciones de metales valiosos, principalmente cobalto y manganeso.
El área también posee hidrocarburos en el subsuelo marino.
Marruecos argumenta que el criterio para la asignación de las aguas debe basarse en el «principio de equidad».
Sostienen que este principio «debe prevalecer frente al automatismo de la línea media cuando la delimitación involucra una costa continental extensa frente a un archipiélago no estatal como Canarias».
Como soporte mencionan la Convención del Mar, una serie de normativas sobre aguas marítimas ratificadas por el país en 2020, la hoja de ruta bilateral firmada con Sánchez y la reciente Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad referente al Sáhara Occidental.
No obstante, existen varios inconvenientes, explica el profesor Anselmo Fariña, activista defensor de la causa saharaui y especialista en el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental.
El principal problema es que Marruecos también se anexiona las aguas saharauis en este plan, «lo cual carece de base legal y constituye un acto de fuerza», afirma Fariña.
José Mangas, catedrático de Recursos Minerales Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador del grupo de Geología Aplicada, está convencido de que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) «no va a aceptar» las propuestas de Marruecos «por contravenir la legislación».
Geopolítica africana
La costa atlántica tiene una importancia estratégica para Marruecos, que intenta reconfigurar el espacio geopolítico africano partiendo de la anexión de las aguas del Sáhara Occidental.
«La recuperación de nuestras provincias del sur ha permitido consolidar la dimensión atlántica del Reino (…) Si la fachada mediterránea es vista como un enlace entre Marruecos y Europa, la atlántica es la puerta de entrada de Marruecos hacia África y la ventana hacia el espacio americano», manifestó Mohamed VI en su discurso del aniversario de la Marcha Verde en 2023.
Para Marruecos, el Sáhara Occidental, denominado «provincias del sur», ya está recuperado tras el decreto presidencial de Donald Trump en diciembre de 2020, respaldado por Israel, Alemania, España, Bélgica y Francia, además de aproximadamente treinta países africanos y árabes que establecieron consulados en las ciudades saharauis de Dajla y El Aaiún.
Ahora, Marruecos se siente reforzado por la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU del 31 de octubre, que en realidad solo considera el plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental como una opción inicial para que las partes en conflicto negocien.
El monarca ha prometido a su población «una economía integrada fundamentada en la prospección de recursos naturales en el mar, continuando con la inversión en sectores como la pesca marítima y la desalinización del agua de mar, con el objetivo de impulsar las actividades agrícolas, fomentar la economía azul y respaldar las energías renovables».
Respecto al espacio aéreo del Sáhara Occidental gestionado por España a través de Enaire desde Las Palmas de Gran Canaria, ya se han llevado a cabo «reuniones bilaterales formales e informales», como reveló el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, en el Parlamento de Rabat.
Marruecos pretende asumir progresivamente la gestión total y exclusiva del espacio aéreo sobre todo su territorio, incluyendo lo que considera sus «provincias del sur». Por esta razón, está construyendo una torre de control en el aeropuerto de Smara, ciudad del Sáhara Occidental.